jueves, 10 de abril de 2014

SUSANA DÍAZ ANUNCIA LA RETIRADA DE COMPETENCIAS DE VIVIENDA A IZQUIERDA UNIDA CON EL FALSO ARGUMENTO DE LA DEFENSA DE LA LEGALIDAD


 
Las familias de la Corrala Utopía muestran las llaves entregadas por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía 
La presidenta del gobierno de la Junta de Andalucía anunció ayer que hoy dictaría Decreto retirando a IU la competencia en la adjudicación de viviendas públicas, a raíz de que por la Consejería de Fomento y Vivienda decidiera realojar a 16 familias de la Corrala La Utopía, muchas de ellas con menores, que desde el domingo dormían en la calle al ser desalojadas por la policía, a pesar de haberse cerrado un acuerdo con IberCaja, propietaria del inmueble.

El argumento esgrimido por Susana Díaz, y por todo el PSOE, secundado por casi todos los medios (no sorprende la unanimidad al respecto desde La Razón o ABC a la SER o El País), es que el realojo por parte de la Consejería de Vivienda de las 16 familias con menores que dormían en la calle "es contrario a la legalidad" por "saltarse las listas de espera del Registro de Demandantes de Vivienda".

Este argumento no puede ser más falso, porque me niego a creer que una presidenta de la Junta de Andalucía, y sus asesores, desconozcan la legalidad al respecto. La decisión de la Consejería gobernada por IU no sólo se apoya en el artículo 47 de la Constitución Española (sistemáticamente incumplido), o en los convenios internacionales sobre protección de la infancia suscritos por el reino de España (papel mojado para este y anteriores gobiernos tanto del PSOE como del PP). La decisión la Consejería de Vivienda gobernada por IU tiene respaldo en el vigente Reglamento Regulador de los Registros PúblicosMunicipales de Demandantes de Vivienda Protegida, aprobado mediante Decreto 1/2012, de 10 de enero.

Efectivamente, el artículo 9.1 de dicho Reglamento establece, como regla general, que “Salvo las excepciones reguladas en el artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma, la adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través de los Registros Públicos Municipales,…”   

Por su parte, el artículo 13.1 b) del mencionado Reglamento establece, entre las tres excepciones a la anterior regla general, la siguiente:  “La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión social cuando se justifique su carácter de urgencia por los servicios sociales del ayuntamiento”.

De hecho, en los Consejos Rectores que cada mes celebra el Instituto Municipal de la Vivienda de
Acta del IMV en el que se muestra que el Ayuntamiento de
Málaga también adjudica habitualmente viviendas por la
vía urgente y excepcional al registro de demandantes en
caso de riesgo de exclusión social
l Ayuntamiento de Málaga, se adjudican por esta vía excepcional de 10 a 20 viviendas a familias o personas en grave riesgo de exclusión social
. Y, por cierto, a pesar de lo manifestado por la presidenta del PSOE-A, Susana Díaz, o por la portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, María Gámez, l@s representantes del PSOE siempre han votado a favor.  Por tanto, cuando ambas alegan que hay que respetar la legalidad, ¿se trata de desconocimiento de la misma o simple y llanamente de mentir?

En el caso de las familias desalojadas de la Corrala La Utopía, se contaban desde hace tiempo con informes de los servicios sociales municipales acreditativos de la situación de riesgo de exclusión social de estas familias. Por tanto, la Consejería de Vivienda gestionada por IU ha actuado en todo momento con escrupuloso respeto a lo establecido en el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, además de garantizando el derecho a una vivienda digna consagrado en el artículo 47 de la Constitución Española, el artículo 25 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 27.3 de laConvención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Ley Andaluza de Función Social de la Vivienda.

Pero, no sólo ha existido un escrupuloso respeto a la legislación vigente, incluidos los Convenios Internacionales suscritos por España, sino que el realojo de las 16 familias desalojadas de la Corrala La Utopía, que estaban durmiendo en la calle, se produce en cumplimiento del propio Auto del Juzgado de Instrucción nº 3 de Sevilla que acordaba el desalojo de las familias de la corrala La Utopía y ordenaba la notificación a las Consejerías de Fomento y Vivienda y la de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, y a la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, “a fin de que provean lo necesario en caso de que se encuentren en el edificio menores y otras personas en riesgo de exclusión social”.

La postura del PSOE-A, y de su Presidenta Susana Díaz, tampoco puede sorprendernos mucho, se trata del mismo partido que hace pocos años, siendo ministra de vivienda Carme Chacón, aprobó la Ley de “Desahucio exprés” , porque el problema de la vivienda en España era “que se tardaba mucho tiempo en tramitar los desahucios”.  El mismo partido que aprobó inyecciones multimillonarias de dinero público a la Banca desahuciadora de personas. El mismo partido que sigue rindiendo pleitesía a Botín y el resto de la Banca: “quien paga manda”. A ver cómo explica ahora Susana Díaz a su base electoral que rompe el acuerdo de gobierno con IZQUIERDA UNIDA por realojar a 16 familias, con menores, que dormían en la calle. 

Nosotr@s en IZQUIERDA UNIDA lo tenemos muy claro, no estamos para desahuciar personas, estamos para desahuciar a desahuciadores y colaboradores necesarios.