martes, 31 de octubre de 2017

ALGO HUELE A PODRIDO EN ESPAÑA

Imagen tomada de lareplica.es

Hace pocos días conocimos el alegato de la Fiscalía en el “caso Gürtel”. La fiscal califica los hechos como “un atentado directo contra el Estado de Derecho” y solicita la condena del Partido Popular por estimar probada su financiación ilegal. Ante la contundencia y gravedad de sus conclusiones, en cualquier país democrático hubiese dimitido el gobierno en pleno. No en España, donde Rajoy intenta tapar su corrupción con la bandera nacional.

Para la Fiscalía, esta trama corrupta no fue un hecho aislado, sino “una actividad duradera para delinquir y apropiarse de fondos públicos de forma masiva mediante la adjudicación de contratos públicos, a través de un sistema de donaciones”, con las que se pagaron sobresueldos en negro a cargos del PP. Durante muchos años, el PP habría estado recibiendo donaciones de empresas que obtenían adjudicaciones de contratos públicos de ayuntamientos y comunidades gobernadas por el partido.

En la presunta contabilidad “B” de Bárcenas aparecen numerosas referencias “a Málaga”, “de Málaga” o “Concejal de Málaga”. Pedro Arriola, cónyuge de la ex alcaldesa Celia Villalobos, es la persona más veces citada (92). También aparecen numerosas referencias a empresas adjudicatarias de contratos municipales entre 2002 y 2007: entre otras, Teconsa, Begar, o Sando, de la que constan presuntas donaciones por 1.150.000 euros. En dicho período, Sando logró adjudicaciones de obras por 28 millones de euros, del contrato de Parques y Jardines, por el que facturó unos 22 millones a través de su filial Althenia, y del “contrato del siglo” (LIMASA), en UTE junto a FCC y Urbaser.

Existen fundadas sospechas de que el Partido Popular acudiera “dopado” a las municipales de 2003 y 2007, en las que desplegó medios ostensiblemente superiores al resto de partidos.

Tras el informe de la Fiscalía, en el último pleno municipal el grupo municipal de Málaga para la Gente, creyendo necesaria una investigación sobre las posibles implicaciones en nuestro ayuntamiento de la trama de financiación ilegal del PP, propusimos una comisión de investigación al respecto. Lamentablemente, el voto contrario del grupo de Ciudadanos lo impidió. Curioso que el partido que se presentó como "adalid de la regeneración democrática", ha terminado tapando la corrupción del PP e impidiendo su investigación.

(*) Publicado en mi columna "El ala izquierda de la Casona", del diario Viva Málaga, el lunes 30/10/2017



 Mapa de la corrupción del PP, tomado de asivaespana.com

lunes, 23 de octubre de 2017

NOS TOMAN POR IDIOTAS

Imagen de malagaldia.es

Resulta sorprendente que en Málaga, donde los conflictos entre Junta y Ayuntamiento tienen paralizados buena parte de los grandes proyectos urbanos, ambas administraciones se compinchen para perpetrar un proyecto especulativo, irreversible e insostenible como el del rascacielos en pleno puerto de la ciudad.

Aunque para ello haya que retorcer la ley, “agilizar trámites burocráticos”, ignorar la viabilidad a medio/largo plazo del proyecto o “taparse los ojos” ante el tremendo impacto visual sobre la imagen más emblemática de Málaga.

Conviene recordar que para que este mastodóntico edificio encaje en la legalidad en la ubicación elegida, hay que: desafectar el suelo del dominio público, aprobar expresamente una nueva Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, modificar el PGOU, el Plan Especial del Puerto y autorizarlo excepcionalmente el gobierno.

Plantear la necesidad de eliminar “burocracia”, como reclamaba el representante de Ciudadanos en la comisión de urbanismo pidiendo “alfombra roja para el proyecto”, es un engaño. No se trata de burocracia, sino de cumplimiento de los requisitos legales para garantizar unos bienes jurídicos dignos de protección (el interés público en el uso del dominio público, el paisaje, el medio ambiente, la movilidad, la seguridad en situaciones de emergencia, etc). Es más, en países como Bangla Desh, Sudán del Sur o Uzbekistán, donde estos bienes tienen mucha menos protección, existe menos “burocracia” para un proyecto como éste. Dudo que nadie los considere como ejemplos en este aspecto. Sin embargo, en Francia, Alemania o Países Bajos, las garantías y requisitos exigidos son aún mayores.  

Pero el colmo de la desfachatez ha venido del Delegado de Medio Ambiente de la Junta, quien afirmó que el impacto paisajístico depende del enclave donde quien observa se coloque y es solventable meramente mediante un cambio de ubicación de quien lo mira”. Es decir, para evitar el impacto visual basta con no mirarlo o irnos de Málaga.


Lo dicho, nos toman por idiotas.

(*) Publicado en mi columna "El ala izquierda de la Casona", del diario Viva Málaga, el lunes 23/10/2017

Por el Cercanías al PTA

Imagen de Málaga Hoy

El gobierno del Partido Popular ha hecho público esta semana que no contempla la conexión por tren de cercanías al Parque Tecnológico de Andalucía.

Y ello a pesar de ser una de los proyectos más necesarios para la economía malagueña y una reivindicación compartida por trabajadores y empresas del PTA, sindicatos, expertos en movilidad, partidos políticos y todas las instituciones, salvo el gobierno central.

El PTA es actualmente el mayor parque empresarial de Andalucía, con 15.000 trabajadores, con previsión de alcanzar los 50.000 en pocos años. Como señaló esta semana el propio gerente del PTA, la conexión por tren de cercanías es vital para la viabilidad del parque, que corre grave peligro de colapso. Además, junto a la prolongación del metro, permitiría una mejor movilidad de los residentes de un distrito como el de Campanillas que sufren graves problemas de atascos y déficit de transporte público.

Según una contestación a una pregunta parlamentaria de IU en marzo de 2011, la conexión de la Línea C-2 hacia Campanillas/PTA garantizaría una conexión entre el centro y el PTA en apenas 15 minutos, y el transporte en hora punta de 7.560 viajeros cada seis minutos.

Sólo hace falta un ramal de dos kilómetros, cuatro si se hace doble vía, para conectar la actual Línea C-2 con el PTA. La inversión calculada en el anteproyecto existente es de 15 millones de euros, un coste muy razonable para su enorme rentabilidad económica, social y medioambiental.

Por todo ello, la Comisión de Urbanismo de nuestra ciudad, a propuesta del grupo municipal Málaga para la Gente, ha acordado realizar un llamamiento al gobierno del PP para que deje de marginar a Málaga y ponga en marcha un proyecto que es vital para el PTA y para Málaga, y consigne las partidas presupuestarias para la redacción del proyecto definitivo para después incluirlo en el programa de inversiones ferroviarias del Ministerio de Fomento.

Campanillas, el PTA, y Málaga, lo necesitan y lo merecen.

(*) Publicado en la columna "El ala izquierda de la Casona" del diario Viva Málaga, el lunes 16/10/2017


Imagen de Diario Sur



miércoles, 11 de octubre de 2017

La precariedad laboral mata

Imagen de kaosenlared.net

La siniestralidad laboral, y el número muertes en el trabajo, se han disparado en toda España y también en la provincia de Málaga, como recientemente han denunciado los sindicatos UGT y CCOO.

En lo que llevamos de año, en la provincia de Málaga, la media ronda los 53 accidentes laborales diarios, y han fallecido 17 trabajadores en el tajo, la misma cifra que en todo 2016. Las nefastas políticas del PP de precarización del mercado laboral agravan esta lacra.

Un análisis detallado de estos accidentes pone de manifiesto: que la mayoría siguen produciéndose en el sector de la construcción, en el que las víctimas mortales se han incrementado este año un 48%; y una incidencia muchísimo mayor en pequeñas y medianas empresas subcontratadas y en trabajadores con condiciones laborales precarias. Además, como señalan los expertos en seguridad y salud laboral, la mayoría de los accidentes laborales que se producen son “fácilmente evitables” con más prevención y medidas de seguridad adecuadas en los centros de trabajo. Es necesaria una mayor implicación de las distintas administraciones públicas y de las propias empresas en el cumplimiento de las medidas de prevención.

Los datos ponen de manifiesto que la seguridad y salud en el trabajo es incompatible con condiciones laborales cada vez más precarias, que hacen que el trabajo sea inseguro y con menos medidas de seguridad. Y ello en un contexto donde, más allá de la propaganda sobre una salida de la crisis que no se manifiesta en la vida real, lo cierto es que esa supuesta salida se está fundamentando en la explotación y el abuso al que se enfrentan millones de trabajadores de este país de manera cotidiana.

Frente al empleo precario, hoy resulta imprescindible reivindicar trabajo decente. No sólo la calidad de vida de los trabajadores está en juego, sino también muchas vidas.

(*) Publicado en la columna "El ala izquierda de la Casona" del diario Viva Málaga, el lunes 9 de octubre de 2017