Patinetes fuera de control

Recientemente están proliferando en las grandes ciudades, no sólo en Málaga, nuevos vehículos de movilidad personal. El patinete eléctrico es uno de ellos, y los hay de propiedad personal y de alquiler. Actualmente, en Málaga son cuatro las compañías (VOI, Lime, Tier y UFO) que gestionan el alquiler de cerca de 500 patinetes.

Estos patinetes eléctricos, sobre todo los de alquiler, están provocando el malestar vecinal por la circulación de los mismos, casi siempre por las aceras con gran velocidad y peligro para los viandantes, y el estacionamiento descontrolado en aceras, entorpeciendo la movilidad peatonal sobre todo de personas invidentes o con movilidad reducida.

En principio, puede ser positivo que proliferen medios de movilidad personal no contaminantes que disminuyan el uso del coche privado, si bien aún carecemos de estudios de movilidad que confirmen si están usándose como alternativa al coche privado o, más bien, al desplazamiento peatonal, y si se están usando como medio de transporte cotidiano o por turistas como entretenimiento.

Aunque sigamos esperando una regulación marco de la Dirección General de Tráfico sobre los requisitos y condiciones de circulación de estos vehículos, lo que sí ha señalado la DGT es que los ayuntamientos pueden prohibir su circulación por las aceras y regular las condiciones de autorización de las compañías de alquiler. Además, el estacionamiento en la vía pública es competencia exclusivamente municipal.

Resulta ilógico que la policía municipal pueda retirar mesas por exceso de ocupación no autorizada de la vía pública, o pueda multar y retirar otros vehículos mal estacionados, pero no retire los patinetes eléctricos de alquiler que invaden el espacio público sin autorización.

Mientras otros municipios están regulando este asunto, en Málaga el gobierno municipal sigue pasivo en el cumplimiento de sus competencias, y la circulación descontrolada y la invasión abusiva del espacio público empiezan a ocasionar  problemas de convivencia.

(*) Publicado en mi columna "El ala izquierda de la casona" del diario Viva Málaga, el lunes 28 de enero de 2019

El drama del paro en Málaga y la insensibilidad de De la Torre

Foto de laopiniondemalaga.es

El paro sigue siendo el principal problema de cuantos existen en nuestra ciudad. Los últimos datos conocidos este mes ponen de manifiesto que Málaga, con casi 60.000 personas paradas (un 22,84%), está a la cabeza en desempleo del listado de ciudades con más de 40.000 habitantes. Y de esas casi 60.000 personas desempleadas, más de la mitad (34.000) no cuentan con ningún tipo de prestación o subsidio, cuatro de cada diez mujeres, y siete de cada diez jóvenes.

Pero además tenemos un problema añadido gravísimo de precariedad y de explotación. Son cada vez más las personas que, a pesar de estar trabajando, no llegan a final de mes, o no pueden ni alquilar una casa, por sus salarios de miseria, y otras muchas que sólo trabajan durante la temporada turística y el resto del año están desempleados. El trabajo digno se está sustituyendo, mediante despidos cada vez más baratos, por empleos precarios, con sueldos bajísimos y sin derechos.

Ante esta situación, el gobierno municipal del PP, con su alcalde De la Torre en cabeza, permanecen insensibles e impasibles pues, con la excusa de que no es competencia municipal, se niega a poner en marcha planes municipales de empleo, como sí hacen otros ayuntamientos. Es falso, pues sí que destina recursos y subvenciones a las organizaciones empresariales para el emprendimiento y apoyo a los empresarios, sin ser competencia municipal. Más bien es falta de voluntad y sensibilidad.

Hasta ahora lo único que ha hecho al respecto el Ayuntamiento de Málaga ha sido acogerse a las convocatorias de planes de empleo puestas en marcha por la Junta de Andalucía en los últimos cuatro años para personas desempleadas. Hasta la fecha, más de 4.000 personas desempleadas han podido acogerse en nuestra ciudad a alguno de los planes de empleo (Emple@ Joven, Emple@ 30+, y el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación) financiados por la Junta de Andalucía y gestionados por los ayuntamientos. Es cierto que estos planes tienen un alcance muy limitado, pero han supuesto un alivio en la situación económica de estas personas y, en muchos casos, acceder a una formación que completa el currículum de cara a nuevos empleos, o a la cotización que les faltaba para poder acceder a una prestación.

Sin embargo, el alcalde De la Torre acaba de anunciar que el Ayuntamiento de Málaga va a renunciar a acogerse este año a los tres planes de empleo de la Junta de Andalucía mediante los que se preveía la contratación de 661 personas paradas. Y lo ha justificado con el argumento de que “es mejor enseñar a pescar que dar peces”, lo que nos parece un argumento estúpido e insolidario. Es cierto que es imprescindible la formación para el empleo, pero las personas para formarse primero tienen que comer. Y además muchos de esos empleos servían también de formación en diversos campos: cuidados asistenciales, servicios de proximidad, limpieza, vigilancia y seguridad, protección del medio ambiente, gestión de residuos y de aguas, promoción del turismo y del deporte, promoción y desarrollo cultural, etc.

Desde Izquierda Unida-Málaga para la Gente, consideramos lamentable perder esta oportunidad de emplear, si quiera sea temporalmente, a 661 personas paradas en Málaga.

La recuperación económica de la que se está hablando no está llegando a las familias ni a la gente humilde por lo que se hace necesario medidas que favorezcan a la gente que lo está pasando mal, que tengan incidencia en sectores desfavorecidos. La voluntad de este Ayuntamiento debería ser en todo momento la de no renunciar ni a uno solo de los puestos de trabajo que puedan crearse.

Por otro lado, proponemos la puesta en marcha de un plan municipal de empleo que garantice trabajo a las personas desempleadas. El objetivo de esta medida es ofrecer trabajo a personas en desempleo que beneficiaría específicamente a personas paradas de larga duración y sectores vulnerables y con dificultades de acceso: como jóvenes, mujeres, mayores 55 años y personas con discapacidad.

Por último, es imprescindible aumentar progresivamente la oferta de empleo público en el Ayuntamiento de Málaga hasta cubrir todos los puestos que han quedado vacantes, bajas y jubilaciones, y los que de forma irregular se están ocupando mediante contratos externos de servicios, o con falsos autónomos, que deben cubrirse con personal laboral o funcionarios.

El Ayuntamiento de Málaga no puede dar la espalda al drama que viven miles de personas en nuestra ciudad.

(*) Publicado en malagatualidad.es, el jueves 24 de enero de 2019.

Foto de laopiniondemalaga.es

JUNTAS POR MÁLAGA

Con el objetivo de presentar una alternativa progresista en las próximas elecciones municipales, cerca de dos centenares de personas participamos este sábado pasado en la Asamblea ciudadana abierta por la confluencia.

Izquierda Unida, Izquierda Andalucista, Podemos, Alternativa Republicana, Equo, Primavera Andaluza e Iniciativa Andaluza, independientes, y representantes de sindicatos, y 24 asociaciones y colectivos vecinales y ciudadanos, participaron en los debates.

Tras 24 años de gobierno del Partido Popular en la ciudad de Málaga, nos une el convencimiento de que sólo con una amplia unidad de las fuerzas progresistas en Málaga podremos conseguir un cambio en nuestra ciudad en favor de la gente.

Con el PP en el gobierno se ha colocado en cabeza del ranking de paro, pobreza y desigualdad.

En vez de un Ayuntamiento promotor del empleo precario, con trabajadores de contratas municipales que cobran cuatro euros a la hora, o falsos autónomos que apenas perciben la mitad de los empleados públicos, queremos una Málaga con oportunidades de empleo digno, más allá del monocultivo del turismo.

Frente a la ciudad escaparate enfocada sólo a quienes nos visitan, queremos más inversiones y equipamientos públicos en los barrios.

Ante la entrega de nuestros espacios y bienes públicos a intereses especulativos y fondos buitres, queremos una Málaga verde y respirable, con más arbolado, playas limpias y un gran pulmón en los terrenos de la antigua Repsol. 

Defendemos una Málaga más limpia, donde cada euro que se invierta en limpieza sea para tener la ciudad más limpia, una Málaga más segura, con más medios para la Policía Local y Bomberos.

En resumen, una Málaga para vivir la gente.

Y todo esto pasa necesariamente por un cambio de gobierno en las próximas elecciones, que no será posible sin una amplia confluencia de fuerzas políticas y personas progresistas, por encima de partidismos y personalismos poniendo como prioridad a la gente.

*Publicado en mi columna "El ala izquierda de la casona", del diario Viva Málaga, el lunes 21 de enero de 2019.

La Térmica: el mayor saqueo de la Historia de Málaga (3ª parte)

Gracias al convenio urbanístico firmado con el ayuntamiento en 2008, y a la “Adenda” al mismo aprobada en 2013, la filial de Endesa había conseguido un fabuloso incremento del valor de sus aprovechamientos urbanísticos en el sector de La Térmica cercano a los 100 millones de euros. Pero no quedaron ahí sus enormes beneficios.

El deslinde del dominio público marítimo terrestre es un expediente mediante el cual el Estado delimita los terrenos del dominio público de la costa. El deslinde del dominio público marítimo terrestre en todo el tramo del litoral entre la zona de servicio del puerto y Sacaba Beach, seguía pendiente a pesar de que debía haberse realizado hacía tiempo.

El 30 de abril de 2010, la Demarcación de Costas en Andalucía-Mediterráneo inició el expediente de deslinde de ese tramo de litoral. En dicho expediente, se emitió en julio de 2012 un informe técnico por la Dirección General de Costas que consideraba provisionalmente como dominio público marítimo-terrestre, una amplia franja de suelo del sector de la Térmica, delimitada por el lateral sur de avenida Pacífico, lo que suponía menos aprovechamientos urbanísticos y, por tanto, menos edificabilidad y beneficios (unos 21 millones de euros menos) para la propietaria.

El gobierno municipal del PP, a través del gerente de Urbanismo, anunció que estaban negociando con Costas para que rectificara el deslinde provisional, amenazando incluso con impugnarlo judicialmente. Ante la inviabilidad técnica y jurídica de modificar un expediente de deslinde que estaba ya en su fase última, con informes técnicos y jurídicos que lo avalaban, la Demarcación de Costas lo dejó caducar en julio de 2013, posibilitando que en enero de 2014 se aprobara el convenio, suscrito entre el Ayuntamiento y la filial de Endesa, de ocupación directa del Sistema General LO 3 “Playa de la Térmica” y de compromiso de permuta y de reserva de aprovechamiento en el sector SUNC R LO 11 “Térmica”.

Este hecho posibilitó a la sociedad testaferro de Endesa obtener unos beneficios adicionales de más de 21 millones de euros (aproximadamente 21.155.996,556 euros), además de los más de 100 millones de euros del pelotazo urbanístico en los terrenos de La Térmica.

Tras la presentación por nuestro grupo municipal, Málaga para la Gente, de un recurso contencioso contra el PERI de La Térmica ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, así como de la denuncia en Fiscalía por la caducidad del expediente de deslinde, la Demarcación de Costas reactivó el deslinde, pero modificando su propuesta de deslinde provisional.

Si hubiera seguido adelante con el deslinde en los términos en que lo delimitaba el informe técnico de julio de 2012, es decir, llevando la línea del dominio público hasta el borde de la avenida de Pacífico, la zona marítima pública abarcaría unos 20.000 metros cuadrados que deberían descontarse del ámbito del sector, lo que obligaría a reordenarlo y adaptarlo mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística.

Esto hubiera supuesto una disminución del valor que Nueva Marina Real Estate podría obtener de sus derechos edificatorios en la zona, lo que se evitó gracias a que el deslinde reiniciado por Costas, ya no discurría junto al vial de Pacífico, sino que se acercaba más hacia el mar mediante una línea ondulada que rodea, precisamente, el sector afectado por los derechos urbanísticos de la filial de Endesa.

De esta forma, Endesa, con la colaboración necesaria de Costas y el Ayuntamiento, conseguiría unos beneficios totales de más de 121 millones de euros, a costa de la recalificación de los suelos de la antigua fábrica, y de “comerse” un pedazo de la playa de todos y todas. “Saqueo Beach” podrían llamar a esa playa.

(*) Publicado en Revista El Observador, en mi columna "Contra viento y marea", el jueves 17 de enero de 2018

POR LA MEMORIA DEMOCRÁTICA

Imagen de diagonalperiodico.net

El reciente pacto de la derecha y la ultraderecha en Andalucía se ha basado, entre otros, en el acuerdo de derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

Tras más de cuarenta años de la muerte del dictador, seguíamos esperando que Partido Popular y Ciudadanos condenaran la represión franquista y defendieran la Memoria Democrática como elemento imprescindible del aprendizaje de los valores democráticos y los Derechos Humanos.

Sin embargo, durante años, desde las filas de la derecha se proponía “pasar página”, repitiendo que el Gobierno no podía “dedicarse a tonterías como desenterrar huesos de miles de desaparecidos en el pasado”.

Y es que el recuerdo de la represión franquista, ejercida por la dictadura surgida de un golpe de estado y una Guerra Civil, les incomodaba enormemente.

Acostumbrados a la impunidad y al olvido de los crímenes del poder, y con la excusa de que se hacía peligrar la convivencia y la reconciliación, se negaban a conocer el pasado para aprender de él, ignorando que no hay concordia sin memoria y dignificación de las víctimas.

La irrupción de la ultraderecha ha empujado a Partido Popular y Ciudadanos a posiciones aún más reaccionarias.

El pacto de la derecha y la ultraderecha en Andalucía se caracteriza fundamentalmente por su voluntad de revancha y de involución democrática, por su uso electoral del miedo y el odio, señalando como chivo expiatorio siempre al más débil. Una concepción de España a la que le sobramos siempre la mitad de la sociedad: mujeres, migrantes, homosexuales, izquierdistas, etc. 

Frente a esa concepción excluyente y autoritaria de España, defender hoy la Memoria Democrática es defender la Democracia y una España plural, diversa, mestiza y solidaria. Es enfrentar los abusos de los privilegiados en lugar de culpar al débil.

Porque sólo existe Libertad donde hay Igualdad y Fraternidad.

Podrán derogar una ley, pero jamás nos volverán a imponer el olvido.

(*) Publicado en mi columna "El ala izquierda de la casona" del diario Viva Málaga, el lunes 14 de enero de 2019

La Térmica: el mayor saqueo de la Historia de Málaga (2ª parte)

Imagen sacada de lamejorplaya.es

Con fecha 16 de julio de 2010 el Pleno aprobó provisionalmente la “Revisión Adaptación del PGOU de Málaga”, publicándose en el BOJA el 30 de agosto de 2011.

El Ayuntamiento había cumplido el compromiso, pactado en el convenio urbanístico de 5 de agosto de 2008, citado en la primera parte de este artículo, de planificar en el nuevo PGOU el sector de la Térmica en los términos acordados, y desde la publicación del PGOU en el BOJA comenzaron a correr los plazos para que la inmobiliaria de Endesa cumpliera con sus compromisos adquiridos en el convenio.

Pero lejos de cumplir lo pactado, la testaferro de Endesa incumplió groseramente desde el principio. Ni depositó los avales acordados, de 5.800.000 € y 17.000.000 € respectivamente, ni formuló el PERI para desarrollar el sector en los plazos acordados. Por contra, solicitó la resolución del convenio, lo que el Pleno del Ayuntamiento desestimó. Y ello a pesar a que gracias al citado convenio urbanístico, y con la colaboración del Ayuntamiento, había revalorizado enormemente el valor de sus terrenos y aprovechamientos urbanísticos.

Ante los reiterados incumplimientos de la propiedad, el Ayuntamiento le requirió formalmente el pago de los 40.600.000 € asumidos en las estipulaciones 5ª y 6ª del convenio, y ante la falta de pago, inició el procedimiento de apremio por un importe total de 48.720.000 € (40.600.000 € al principal y 8.120.000 € de recargo), y embargó seis fincas propiedad de la deudora.

Hasta entonces, el equipo de gobierno había exigido el cumplimiento del convenio, algo obligatorio pues, como ponía de manifiesto un Informe de la Asesoría Jurídica municipal, las determinaciones del convenio se habían incluido en el PGOU y cualquier modificación de sus estipulaciones exigía su modificación, por lo que no cabía más que el cumplimiento de todas sus estipulaciones.

Por su lado, la intención de la filial de Endesa quedaba clara: una vez conseguida una extraordinaria revalorización de sus terrenos, no iban a pagar al municipio ninguna de las cantidades previstas en el convenio.

Sin embargo, en verano de 2013, coincidiendo con el cambio en el área de Urbanismo desde el concejal delegado al propio gerente y redactor del PGOU, el alcalde cambió de criterio aviniéndose a negociar un cambio sustancial del convenio, beneficiando aún más a la propiedad.

Así, el 20 de diciembre de 2013, la Junta de Gobierno Local aprobó una “Adenda” al convenio que rebajaba sustancialmente las obligaciones económicas de la sociedad testaferro de Endesa, sin modificar el PGOU, como exigía el Informe de la Asesoría Jurídica municipal.

Como justificación, el equipo de gobierno argumentó desequilibrio económico, despreciando que el convenio se firmó “a riesgo y ventura de las partes”, y que el precio de mercado es fluctuante, sin que ello pueda suponer el cambio permanente en los acuerdos libremente adoptados.

De acuerdo con la mencionada Adenda, básicamente, el Ayuntamiento renunciaba a exigir a la filial de Endesa los intereses y recargos por el impago de sus obligaciones (casi 20 millones de euros); rebajaba los 58 millones de euros que debía pagar conforme al convenio a 40,6 millones, conmutando el resto por aprovechamientos urbanísticos con una valoración irreal; renunciaba a su parte de los aprovechamientos urbanísticos, pasando a formar parte de los aprovechamientos de la testaferro de Endesa; y suprimía las obras que se iban a realizar con esos casi 18 millones de euros de diferencia, con el consiguiente perjuicio para el Patrimonio Municipal del Suelo y los intereses de la ciudad. 

En definitiva, el equipo de gobierno municipal vulneró la legalidad con el único fin de beneficiar los intereses de la filial de Endesa, en claro perjuicio de los intereses generales de la ciudad…(Continuará)

(*) Publicado en Revista El Observador, el jueves 3 de enero de 2019.          

Imagen del Diario Sur

       

Ni casas sin gente, ni gente sin casas

Imagen de confilegal.com

En España hay 3,5 millones de viviendas vacías, según el último censo de poblaciones y viviendas realizado en 2011 por el Instituto Nacional de Estadística.

El artículo 47 de la Constitución Española establece que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho…”. 

Desde Izquierda Unida siempre hemos defendido que las administraciones deben garantizar la función social de la vivienda y por eso en muchos ayuntamientos, también en Málaga, hemos propuesto el recargo del IBI a las viviendas desocupadas con carácter permanente. Lamentablemente, hasta ahora, nos encontrábamos el obstáculo legal de la ausencia de una definición clara sobre lo que es una “vivienda desocupada”.

Sin embargo, el pasado 14 de diciembre, como resultado de la propuesta de Unidos Podemos en su acuerdo con el Gobierno, se aprobó el “Real Decreto-ley 21/2018, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler”, que reforma la Ley de Haciendas Locales para regular el recargo previsto a los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente, remitiéndose a las leyes sectoriales de vivienda, autonómicas o estatal, para que los ayuntamientos puedan aplicar tal recargo mediante sus ordenanzas fiscales.

Ya no hay excusas, los ayuntamientos pueden ya elaborar un censo de viviendas desocupadas permanentemente, e instar a la Comunidad Autónoma a desarrollar el concepto de vivienda vacía, permanentemente, si no lo hubieran hecho ya. Y ello para establecer en sus ordenanzas fiscales un recargo del 50% en el IBI a las viviendas desocupadas permanentemente, y un 95% de bonificación a las viviendas destinadas a alquiler con renta limitada.

Se abre así la posibilidad de contribuir desde los ayuntamientos, como el de Málaga, a que no haya “ni casas sin gente, ni gente sin casas”.

(Publicado en mi columna "El ala izquierda de la casona", del diario Viva Málaga, el lunes 31 de diciembre de 2018.