SUSANA DÍAZ ANUNCIA LA RETIRADA DE COMPETENCIAS DE VIVIENDA A IZQUIERDA UNIDA CON EL FALSO ARGUMENTO DE LA DEFENSA DE LA LEGALIDAD

 

Las familias de la Corrala Utopía muestran las llaves entregadas por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía 

La presidenta del gobierno de la Junta de Andalucía anunció ayer que hoy dictaría Decreto retirando a IU la competencia en la adjudicación de viviendas públicas, a raíz de que por la Consejería de Fomento y Vivienda decidiera realojar a 16 familias de la Corrala La Utopía, muchas de ellas con menores, que desde el domingo dormían en la calle al ser desalojadas por la policía, a pesar de haberse cerrado un acuerdo con IberCaja, propietaria del inmueble.

El argumento esgrimido por Susana Díaz, y por todo el PSOE, secundado por casi todos los medios (no sorprende la unanimidad al respecto desde La Razón o ABC a la SER o El País), es que el realojo por parte de la Consejería de Vivienda de las 16 familias con menores que dormían en la calle "es contrario a la legalidad" por "saltarse las listas de espera del Registro de Demandantes de Vivienda".

Este argumento no puede ser más falso, porque me niego a creer que una presidenta de la Junta de Andalucía, y sus asesores, desconozcan la legalidad al respecto. La decisión de la Consejería gobernada por IU no sólo se apoya en el artículo 47 de la Constitución Española (sistemáticamente incumplido), o en los convenios internacionales sobre protección de la infancia suscritos por el reino de España (papel mojado para este y anteriores gobiernos tanto del PSOE como del PP). La decisión la Consejería de Vivienda gobernada por IU tiene respaldo en el vigente Reglamento Regulador de los Registros PúblicosMunicipales de Demandantes de Vivienda Protegida, aprobado mediante Decreto 1/2012, de 10 de enero.

Efectivamente, el artículo 9.1 de dicho Reglamento establece, como regla general, que “Salvo las excepciones reguladas en el artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma, la adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través de los Registros Públicos Municipales,…”   

Por su parte, el artículo 13.1 b) del mencionado Reglamento establece, entre las tres excepciones a la anterior regla general, la siguiente:  “La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión social cuando se justifique su carácter de urgencia por los servicios sociales del ayuntamiento”.

De hecho, en los Consejos Rectores que cada mes celebra el Instituto Municipal de la Vivienda de

Acta del IMV en el que se muestra que el Ayuntamiento de
Málaga también adjudica habitualmente viviendas por la
vía urgente y excepcional al registro de demandantes en
caso de riesgo de exclusión social

l Ayuntamiento de Málaga, se adjudican por esta vía excepcional de 10 a 20 viviendas a familias o personas en grave riesgo de exclusión social. Y, por cierto, a pesar de lo manifestado por la presidenta del PSOE-A, Susana Díaz, o por la portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, María Gámez, l@s representantes del PSOE siempre han votado a favor.  Por tanto, cuando ambas alegan que hay que respetar la legalidad, ¿se trata de desconocimiento de la misma o simple y llanamente de mentir?

En el caso de las familias desalojadas de la Corrala La Utopía, se contaban desde hace tiempo con informes de los servicios sociales municipales acreditativos de la situación de riesgo de exclusión social de estas familias. Por tanto, la Consejería de Vivienda gestionada por IU ha actuado en todo momento con escrupuloso respeto a lo establecido en el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, además de garantizando el derecho a una vivienda digna consagrado en el artículo 47 de la Constitución Española, el artículo 25 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 27.3 de laConvención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Ley Andaluza de Función Social de la Vivienda.

Pero, no sólo ha existido un escrupuloso respeto a la legislación vigente, incluidos los Convenios Internacionales suscritos por España, sino que el realojo de las 16 familias desalojadas de la Corrala La Utopía, que estaban durmiendo en la calle, se produce en cumplimiento del propio Auto del Juzgado de Instrucción nº 3 de Sevilla que acordaba el desalojo de las familias de la corrala La Utopía y ordenaba la notificación a las Consejerías de Fomento y Vivienda y la de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, y a la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, “a fin de que provean lo necesario en caso de que se encuentren en el edificio menores y otras personas en riesgo de exclusión social”.

La postura del PSOE-A, y de su Presidenta Susana Díaz, tampoco puede sorprendernos mucho, se trata del mismo partido que hace pocos años, siendo ministra de vivienda Carme Chacón, aprobó la Ley de “Desahucio exprés” , porque el problema de la vivienda en España era “que se tardaba mucho tiempo en tramitar los desahucios”.  El mismo partido que aprobó inyecciones multimillonarias de dinero público a la Banca desahuciadora de personas. El mismo partido que sigue rindiendo pleitesía a Botín y el resto de la Banca: “quien paga manda”. A ver cómo explica ahora Susana Díaz a su base electoral que rompe el acuerdo de gobierno con IZQUIERDA UNIDA por realojar a 16 familias, con menores, que dormían en la calle. 

Nosotr@s en IZQUIERDA UNIDA lo tenemos muy claro, no estamos para desahuciar personas, estamos para desahuciar a desahuciadores y colaboradores necesarios.

La libertad de expresión y el PP

La libertad de expresión para el PP

El Ayuntamiento de Torremolinos tenía la tradición de hace ya años de invitar a las agrupaciones ganadoras la Final del Falla del Carnaval de Cádiz.

Sin embargo este año, el alcalde de Torremolinos Pedro Fernández Montes (ese gran demócrata que se negaba a ponerle una calle en la localidad a Picasso por comunista), no ha invitado a la chirigota ganadora "esto sí que es una chirigota".

Casualmente, la chirigota caracteriza a Rajoy y los miembros del consejo de ministros, y realiza una ácida crítica del PP en el gobierno: "ponme la mano aquí, y aquí ponme el sobrecito", dice uno de los pasajes de su actuación más coreados por el público.

El carnaval siempre ha sido la fiesta de la libertad de expresión, de la sátira y la crítica. Sin embargo el partido popular no termina de tenerlo asimilado, soporta mal la crítica, y se dispone a recortar los derechos y libertades públicas mediante el anteproyecto de nueva ley de seguridad ciudadana, la conocida como "ley mordaza".

Muy inteligente no ha sido el alcalde de Torremolinos, puesto que con este acto de censura solo consigue dar más publicidad a esta chirigota y sus letrillas, y de paso lo que ya sabíamos del concepto de la libertad de expresión que tiene el PP en el poder. Pero si de algo no se le puede acusar es de incoherencia, ha sido coherente con su historia y práctica política y la de su partido.

Para escuchar la actuación completa en la Final del Falla pincha en: http://www.carnavaldecadiztv.com/2014/03/chirigota-esto-si-que-es-una-chirigota.html#post-title

Para nuestro alcalde Francisco De la Torre, todo el año es carnaval

Con la gran final del concurso de agrupaciones del carnaval de Málaga, que tuvo lugar del pasado viernes en el Cervantes, dio comienzo el Carnaval de Málaga 2014. El alcalde, Francisco De la Torre, acudió al Cervantes con un disfraz que evocaba al general José María Torrijos. Él, que fue Presidente de la Diputación Provincial de Málaga en el régimen franquista, por la gracia del caudillo, se disfraza del héroe fusilado en cuyo monolito en Málaga reza la leyenda “en vista de este ejemplo, ciudadanos, antes morir que consentir tiranos”. Él, que desde su asiento en el Senado vota una a una todas las leyes del gobierno del PP, que en dos años han supuesto un recorte de derechos sociales y libertades públicas sin precedentes, se pone la máscara del héroe liberal fusilado en Málaga en 1831 por luchar contra el absolutismo.  

Pero lo suyo es la impostura y el disfraz durante todo el año, no sólo por Carnaval.

Sostiene que su gobierno lleva adelante una política social ejemplar, cuando no ha querido aprobar un plan extraordinario de medidas urgentes contra la pobreza, ni un plan de empleo con micro actuaciones en los barrios, presupuestados ambos en algo más de 10 millones de euros, cuando ha perdonado ya a promotores y bancos más de 70 millones de euros en la revisión de los convenios de Repsol, la Térmica, y Martiricos.

Ensalza la política cultural de su gobierno municipal, cuando tiene abandonadas las bibliotecas municipales de la ciudad, negándose incluso a mantenerlas abiertas en horario completo en período de exámenes, y ha gastado más de 20 millones de euros en el fiasco del museo de las gemas, o 21 millones en el desusado y olvidado edificio de los antiguos cines Astoria y Victoria.

Se ha opuesto, y hasta boicoteado, el proyecto de la Consejería de Fomento y Vivienda para culminar la línea del metro hasta el palo en superficie, entre otros argumentos porque supondría un caos para la movilidad y un obstáculo a la peatonalización de la Alameda. Y, sin embargo, el Avance del Plan Municipal de Movilidad Sostenible, que prevé la peatonalización de la Alameda y una malla de itinerarios peatonales y en bici y en transporte público por toda la ciudad, lleva más de tres años en un cajón, sin que parezca tener intención de aprobarlo.

Presume de “smart city”, ciudad inteligente y sostenible, cuando somos una de las ciudades con menos zonas verdes por habitante de España.

Recordados son algunos de sus chistes y gracietas en cualquier época del año.

  

Recordarán como, hace algo más de un año, justificaba la ampliación de la zona azul en distintas zonas de la ciudad en que los ciudadanos serían más felices pagando por el aparcamiento.   

Más recientemente, ocupó espacios en todos los medios nacionales con sus declaraciones justificando la subida de la tarifa del agua para la mayoría de los hogares en Málaga en la necesidad de ahorrar agua, y poniendo como ejemplo su ducha cronometrada con 11 litros de agua, lo que estaba “dispuesto a demostrarlo ante notario”.

En resumen, el alcalde no necesita llegar a la época del carnaval. Para De la Torre, como reza el título de uno de los famosos artículos de Mariano José de Larra, publicado en El Pobrecito Hablador en 1833, “el mundo todo es máscaras: todo el año es carnaval”.

Sacyr Connection: Canal de Panamá-Caso Bárcenas-AP Las Pedrizas

Edificio Antena 3 en Madrid, construido por Sacyr

I.              Sacyr y la autopista de Las Pedrizas.

Hace más de dos años se inauguró la autopista de Las Pedrizas. Desde que se proyectó, IZQUIERDA UNIDA se opuso a la misma, por considerarla no necesaria al existir otras alternativas, Apoyamos la campaña en su contra de la Plataforma Ciudadana “Autopista No” que integraron colectivos vecinales y ecologistas, y desde el grupo municipal de IU presentamos iniciativas institucionales a todos los niveles, como las mociones en 2005 y 2008 que fueron rechazadas por los grupos municipales del PP y del PSOE. ¿Recuerdan los calificativos que entonces nos dedicaban desde los principales medios? “Esos trogloditas que se oponen al progreso y al desarrollo”, eran de los más suaves.

Pues bien, tras más de 400 millones de coste, la autopista, construida y explotada por Sacyr Vallehermoso, con apenas la mitad del tráfico e ingresos previstos, no es rentable. Otra infraestructura ruinosa más construida al interés de las grandes constructoras.

Recientemente, Sacyr Vallehermoso, a través de la Asociación de Concesionarios de Autopistas ha pedido al gobierno del PP que se haga cargo del déficit que sufre por no cubrir las expectativas de ingresos. Y el gobierno, cómo no, ha manifestado públicamente que está estudiando “salvar” de la quiebra a la autopista de peaje de Las Pedrizas. De nuevo recursos públicos para salvar a quien más tiene, porque más se ha enriquecido en la burbuja/estafa, en lugar de destinarlos a las crecientes necesidades de la mayoría de la población.

II.            Sacyr y el canal de Panamá.

Recientemente también, hemos tenido noticia de que el gobierno va a autorizar a la compañía de mayoría pública Cesce a avalar por cuenta del Estado los préstamos bancarios que solicitará Sacyr para completar las obras del canal de Panamá, tras el principio de acuerdo alcanzado con la autoridad del canal. El ministro de Economía, Luís de Guindos declaró que “intentaría minimizar el impacto para los contribuyentes”.

Recordemos que un consorcio participado mayoritariamente por la constructora Sacyr obtuvo la adjudicación del contrato de las obras de ampliación del canal con una oferta llamativamente baja. Posteriormente, el consorcio participado mayoritariamente por la constructora, quizás acostumbrado a una práctica usual en la contratación en España, paralizó las obras y exigió a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) un sobreprecio para sufragar los sobrecostes “surgidos” en las obras.

En el principio de acuerdo alcanzado en Panamá ambas partes, la  ACP y el consorcio, aportarán cada uno 73 millones de euros para sufragar de momento los sobrecostes, y la autoridad panameña alargará el plazo para la devolución de los 572 millones de euros que ha anticipado. Pero es necesaria la financiación a Sacyr por parte de la banca, que es la que el gobierno está va a avalar. ¿Con qué garantía de pago por Sacyr al estado? Con lo que obtenga Sacyr de Panamá, hipotéticamente, en las resoluciones de las instancias de arbitraje.

De nuevo, el dinero de todos para “salvar” a una gran empresa, de las que más beneficios ha obtenido en las dos últimas décadas, y siempre gracias a grandes contratos públicos adjudicados por los distintos gobiernos del PSOE y del PP.

III.           Sacyr y el caso Bárcenas.

El crecimiento de Sacyr en las dos últimas décadas se remonta a la primera concesión recibida en 1996 en Chile, la autopista de Elqui. A partir de este momento inicia su expansión sumando concesiones en Chile y España y haciendo compras como la dela Autopista entre Zaragoza y Bilbao.

Pero el verdadero despegue de la empresa vino a partir de la privatización de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) iniciada en 2002, en la que un consorcio liderado por Sacyr (con la participación de Banco de Santander, Caixa Galicia y Caixanova y otras) se hizo con la compañía estatal por 1.621,6 millones de euros.

Tras participar durante esos años en la construcción de muchas de las infraestructuras en todo el país, directamente y a través de su participación en el grupo francés Eiffage, el grupo Sacyr adquirió a Citi un grupo de autopistas en España y actividades concesionales.

Con ocasión del caso Bárcenas, iniciado gracias a la querella de IZQUIERDA UNIDA, que dirige el letrado y dirigente federal de IU Enrique Santiago, supimos que Sacyr Vallehermoso aparece en los papeles Bárcenas como uno de los principales donantes del PP. No en vano, el juez instructor citó como imputados al expresidente de Sacyr, Luís del Rivero, y al directivo de la compañía José Manuel Loureda Mantiñán. A raíz de una petición de información de la La Agencia Tributaria se ha podido conocer la existencia de cuentas de ambos en Suiza a nombre de sociedades radicadas en Belice.

A decir del propio Enrique Santiago en su reciente conferencia en Málaga, nos encontramos ante un sistema político corrupto hasta sus raíces, en el que las grandes compañías de este país han realizado donaciones a los partidos en el gobierno ya no solo para resultar adjudicatarios de los grandes contratos públicos, “sino para diseñar la política de infraestructuras que se ha ejecutado en España en las últimas décadas en función de sus intereses”.

Una política de infraestructuras que ha llenado el país de obras faraónicas ruinosas, que han enriquecido a unos pocos que además han evadido capitales e impuestos con sus cuentas en Suiza y paraísos fiscales, y que ha empobrecido a la inmensa mayoría con la deuda pública generada por su construcción y las ayudas con dinero público cuando las concesiones han sido ruinosas.

Podemos verlo en los recientes acontecimientos del canal de Panamá, pero aquí en Málaga también tenemos un ejemplo muy claro y muy cercano: la autopista de Las Pedrizas. 

José Manuel Loureda Mantiñán y Luís del Rivero

De la Torre y Gallardón: dos hombres y un destino

Siempre he pensado que tanto Alberto Ruiz-Gallardón, el actual ministro de Justicia, como Francisco De la Torre, el alcalde de Málaga, comparten la misteriosa habilidad de pasar  para mucha gente por “moderados” o incluso “progresistas”, con respecto al resto de su partido, siendo ambos como son de lo más ultraconservador y clasista del Partido Popular.

La última coincidencia entre ambos personajes ha tenido lugar con la entrada en vigor de la Tasa por la prestación de determinados servicios especiales por la Policía Local, aprobada hace algo más de un año (Ordenanza Fiscal Municipal nº 29). Con esta tasa, o mejor dicho “tasazo”, el gobierno municipal que preside De la Torre pretende cobrar por determinados servicios que la Policía Local hasta ahora prestaba gratuitamente, como los ocasionados por eventos deportivos, y festejos de diversa índole, actos culturales, conciertos musicales, concentraciones y manifestaciones, en las que sea requerida la Policía Local, así como el acceso a los atestados que realizan, por ejemplo, con motivo de un accidente de tráfico.

Este “tasazo” de De la Torre, que supone el cobro por la obtención del atestado de la Policía Local, imprescindible para cualquier persona implicada en un accidente para hacer valer sus derechos judicialmente, recuerda claramente al conocido “tasazo judicial” de Ruiz-Gallardón, aprobado también hace algo más de un año, mediante la Ley 10/2012, que establecía unas tasas completamente exageradas por el ejercicio de acciones judiciales en procedimientos civiles, contenciosos-administrativos y laborales.

Ambas medidas, el “tasazo” de De la Torre y el “tasazo judicial” de Ruiz-Gallardón, suponen una exigencia económica previa a toda persona que quiera defender sus derechos e intereses legítimos y, por tanto, una exclusión para acudir a los tribunales de justicia para las personas con pocos recursos. Ambas medidas aumentan la brecha en el acceso a la justicia entre quienes tiene poder adquisitivo y quiénes no. Y la limitación del acceso a la justicia supone no sólo una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino también una restricción para exigir y hacer efectivos todos los demás derechos.

Algo que es especialmente grave en el actual contexto de descenso del nivel y la calidad de vida de la gran mayoría de la población, que está sufriendo situaciones de desempleo o empleo precario. Con un incremento del gasto de los hogares en impuestos regresivos como el IVA, de servicios básicos como el agua potable y la energía eléctrica, del gasto en medicamentos, por citar algunos, y una disminución progresiva de los ingresos.

Y en este contexto, gracias al “tasazo judicial” de Gallardón, tienen que pagar para defenderse en el juzgado la familia demandada judicialmente por el banco, o las personas estafadas por el banco con las preferentes para reclamar judicialmente. Y en este mismo contexto, en Málaga, y gracias al “tasazo” de De la Torre, una persona con pocos recursos que haya sufrido un accidente de circulación,  tendrá que pagar veinte euros por el atestado de la Policía Local, que es un elemento imprescindible para reclamar o defenderse judicialmente. Si ese coste lo cubren las aseguradoras, no se engañen, habrá que adelantar su pago aunque después nos lo cubran, y terminará repercutiendo en el precio de las pólizas.

Pero no es la única coincidencia entre ambos personajes. Gallardón se ha destacado como ministro de Justicia por preparar el ataque a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres españolas con un proyecto de Ley del Aborto que las retrotrae a la situación jurídica anterior a 1985. También prepara reformas del Código Penal y resto de legislación que suponen la criminalización de la protesta, una vuelta de tuerca más en la represión de los derechos democráticos de la ciudadanía como son los derechos de reunión y manifestación, y el de huelga.

Del mismo modo, el “tasazo” de De la Torre grava con una elevada tasa la realización de eventos que suponen el ejercicio de derechos constitucionales, como manifestaciones o concentraciones reivindicativas, actos culturales, lúdicos y deportivos, y otros eventos sociales que enriquecen la vida ciudadana.

La legislación restrictiva sobre derechos fundamentales que nos amenaza, y la represión en las calles que ya sufrimos, no es casual. Está íntimamente relacionada con la desarticulación del “Estado social” que estamos sufriendo la mayoría, con políticas neoliberales que, según Intermon Oxfam en su informe “Crisis, desigualdad y pobreza”, de continuar “por la senda de la austeridad y los recortes, España llegará a los 18 millones de personas en situación de pobreza en 2.022, un 40% de pobreza en menos de diez años, es decir, dos de cada cinco españoles serían pobres, y el 20% de personas más ricas en España ingresarían 15 veces más que el 20% más pobre”.

El poder económico, y su instrumento el poder ejecutivo, necesitan restringir  derechos y libertades básicos para poder seguir recortando derechos sociales y laborales, y desarticular el débil Estado social existente en España. Y la imposición de tasas para poder acceder a la justicia sirve, además de para recaudar, para disuadir a la población más desfavorecida de defender judicialmente sus derechos e intereses.

Alberto Ruiz-Gallardón y Francisco De la Torre  comparten también un mismo destino: la restricción de los derechos fundamentales acabando con su gratuidad.

La pobreza energética en Málaga y la sensibilidad social del PP

España es el país donde los consumidores pagan la electricidad más cara de Europa, después de Malta y Chipre. Según los datos de Eurostat, en la última década, el coste de la electricidad se ha incrementó en un 104%, más que en ningún otro país de Europa, precisamente desde la "liberalización" del sector en 1997 por el gobierno de José María Aznar. ¿Recuerdan cuando nos decían que con la “liberalización” se iba a conseguir una tarifa más barata? No sólo no ha sido así, sino todo lo contrario: la actual regulación es un negocio redondo para las eléctricas españolas, con beneficios que doblan los de sus homólogas europeas en los últimos años. Lo que se verá incrementado con la nueva tarifa eléctrica aprobada por el gobierno del PP con la que prevén conseguir 5.000 millones de euros sólo en el primer trimestre de 2014.

La privatización de la electricidad en España sólo ha beneficiado al lobby de las compañías eléctricas, amparado por los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP. No es casualidad que destacados miembros de estos gobiernos formen parte hoy de los consejos de administración de las grandes empresas que se beneficiaron de sus políticas: José María Aznar, Ángel Acebes, Elena Salgado, Jordi Sevilla o Felipe González (hasta hace bien poco), entre otros muchos.

Al mismo tiempo, es la ciudadanía la que ha soportado el altísimo coste social de sus enormes beneficios: uno de los países de la UE con mayor tasa de desempleo, y con mayor coste por un servicio básico como la electricidad.

La reducción de las rentas familiares por el incremento del paro, la bajada de salarios y la precariedad; así como el aumento continuo de los precios de los servicios básicos como la electricidad, el gas o el agua, han provocado un enorme incremento de las personas y hogares en situación de pobreza energética desde el comienzo de la crisis/estafa.

Puede decirse que un hogar está en situación de pobreza energética cuando es incapaz de pagar alguno de los servicios y suministros básicos para la satisfacción de las necesidades domésticas, o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en España más de tres millones de personas, uno de cada diez hogares, sufre de pobreza energética. Más de 60.000 hogares en la provincia de Málaga, siendo el de los mayores el colectivo más afectado (la sufre una de cada tres personas de más de 65 años). Sólo en 2013, la Cruz Roja atendió por problemas de pobreza energética a 21.500 personas en Málaga. Los recursos destinados por los servicios sociales comunitarios, y otras entidades como Cruz Roja y Cáritas son absolutamente insuficientes para atender esta situación.

La pobreza energética tiene un impacto profundo en la calidad de vida de las personas: la carencia de agua o calefacción afecta a la higiene, a la salud tanto física como mental, y genera aislamiento y exclusión. El Informe de Sostenibilidad en España del 2012 estima que en nuestro país la pobreza energética provoca entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras en invierno. Por lo tanto, se trata de un problema de vulneración de derechos humanos de unas dimensiones alarmantes.

En este contexto, el gobierno del Partido Popular no sólo no ha tomado ninguna medida para paliar esta dramática situación social, sino que ha permitido casi un millón y medio de cortes de luz por impago en España en el último año, y ha vuelto a autorizar una nueva subida de la luz que generará más pobreza energética.

Y en este contexto dramático en Málaga, el gobierno municipal del PP ha aprobado una modificación de la tarifa del agua que supone una notable subida del precio del agua para los hogares de una, dos y tres personas, dos de cada tres en Málaga, según el INE. Y lo que es más grave, ha cortado el suministro de agua a casi 7.000 hogares sólo en 2012, muchos de ellos a familias que no pueden hacer frente al recibo.

Esa es la “sensibilidad social” del PP: cortar la luz y el agua a quien no pueda pagarla, mientras permite a las grandes compañías multiplicar sus beneficios.

Desde IZQUIERDA UNIDA consideramos que la energía es un bien esencial para la vida y que debe ser gestionado desde lo público y no supeditado al interés privado, por lo que hemos presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta de medidas que garanticen los suministros energéticos básicos a las personas y familias en riesgo de exclusión social, así como una reforma del sistema de fijación de precios, que han sido rechazadas por la mayoría absoluta del PP.

En el marco andaluz, la vicepresidencia que ostenta Diego Valderas está elaborando, con la participación de profesionales del sector, una propuesta legislativa encaminada a garantizar los suministros mínimos vitales a personas perceptoras del salario social: 3.000 litros de agua al mes, y 1.400 kw al año.

Y en el Ayuntamiento de Málaga, hemos solicitado la creación de un Fondo de Emergencia de carácter extraordinario y urgente, complementario a las ayudas de emergencia, que permita paliar los efectos de la pobreza energética en buena parte de la población; así como una moratoria en los cortes de agua por impago a personas en situación de insolvencia involuntaria, así como que se suspenda la nueva tarifa mientras se consensúa con los agentes sociales un sistema tarifario más justo y equitativo que garantice un mínimo vital gratuito a personas y familias a personas y familias con rentas más bajas.

Carta abierta a Director del Aeropuerto de Málaga “No quiero su tarjeta VIP, quiero que respeten a sus trabajadores del aeropuerto de Málaga”

Estimado D. Salvador Merino,

Director del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol:

A principios de este mes me envió usted por vía postal la “tarjeta VIP ORO” del Aeropuerto de Málaga. La verdad es que no sé muy bien por qué lo hizo. En la carta que la acompañaba me explicaba “el  privilegio” que suponía poder disfrutar “de manera gratuita” de las salas vip del aeropuerto, y que su objetivo era hacer “más cómoda y agradable” mi estancia en el mismo, pero no me explicaba por qué me otorgaba usted ese “privilegio” que yo en ningún momento le había pedido.

Como en vez de a mi domicilio me la enviaba a mi oficina del Ayuntamiento, y bajo mi nombre especificaba que soy portavoz de IZQUIERDA UNIDA en el Ayuntamiento de Málaga, supongo que la concesión de este “privilegio” es una cosa que hacen “motu proprio” a algunos cargos políticos, ¿sólo políticos?, de la provincia. ¿A quiénes? ¿A todos los Alcaldes? ¿A los portavoces de todos los grupos? Le aseguro que siento curiosidad, y como el Aeropuerto no es suyo, sino de la empresa todavía pública AENA, ya le he pedido a nuestro Diputado Alberto Garzón que pregunte al Ministerio de Fomento a quiénes está concediendo esa empresa pública ese o cualquier otro privilegio, quién lo decide y qué criterios usa.

En realidad tengo que confesarle que, antes de que me concediese esa tarjeta, yo ya había visitado una vez esa bonita sala VIP. Fue el año pasado, me “colaron” unas trabajadoras del aeropuerto que iban a ser despedidas por sus recortes, y su objetivo no era “hacer más cómoda y agradable mi estancia allí” sino mostrarme la suntuosa decoración que le habían puesto ustedes cuando la reformaron. Las trabajadoras querían que comprendiese su indignación con que el aeropuerto dijese no tener presupuesto para abrir todos los días un puesto de información (motivo por el que las mandaban ustedes a la calle), pero sí tenía presupuesto para revestir de mármol y maderas nobles, no una sala VIP, ¡sino tres! Le aseguro que  comprendí y compartí su indignación.

AENA ha establecido una red de salas VIP por el aeropuerto totalmente sobredimensionada para el número de autoridades que visita la ciudad: una nueva sala de 1.600 m2 en la T3,  dividida en dos plantas, de forma que se puede atender simultáneamente a varias autoridades al mismo tiempo, con una sala de prensa propia, cuando en la T2 ya hay habilitada una; una “Terminal de Autoridades” situada entre la fábrica de San Miguel y la T1, ahora mismo en desuso,  coloquialmente denominada Pabellón de Estado,  que es un edificio en sí mismo y está dedicada fundamentalmente a Jefes de Estado: tiene tres salas de autoridades en su interior, una sala de prensa-conferencias propias, un despacho, un patio interior y está dotada con una suntuosa decoración. La tercera sala, también nueva, es de Aviación General (para vuelos privados).

Quizás es por eso que me ha enviado usted la tarjeta VIP. Debe ser un tanto incómodo haber gastado un montón de millones de dinero público en llenar el Aeropuerto de salas VIP´s y ver que apenas hay cuatro gatos disfrutando sus confortables asientos de diseño italiano.

Supongo que le sentará mal que en los continuos conflictos laborales que azotan el aeropuerto desde que usted lo dirige, se le recuerden estos gastos absurdos que contrastan con los continuos atropellos laborales, que han sufrido prácticamente todos los sectores que trabajan en el Aeropuerto de Málaga: Los puntos de información de las Chaquetas verdes, atención en tierra, los de carritos de equipaje, los que llevan las pasarelas, los de mantenimiento etc, etc, etc.

En el tiempo que lleva usted dirigiendo el Aeropuerto era difícil encontrar un día en el que dentro del mismo no se estuviese produciendo una huelga, una manifestación, una concentración, etc. Y eso que usted no lo ponía nada fácil, ya que no dudaba en usar la consideración especial en materia de seguridad que tiene un aeropuerto para asediar con policías a los trabajadores y trabajadoras que protestan en las instalaciones. Una minucia para usted, que antes de dirigir este aeropuerto, en su época de director de Recursos Humanos de AENA, no dudó, por primera vez en la historia de la democracia, en militarizar un conflicto laboral.

Para que vea usted que soy justo, quiero destacar que no todos los trabajadores y trabajadoras del Aeropuerto de Málaga son maltratados: AENA mantiene en Málaga una estructura de 55 directivos con salarios que superan los 100.000€, además de multitud de complementos, que incluyen –en su caso - incluso una vivienda para su uso particular.

Por último, me gustaría pedirle un favor, ya que creo que si usted me iba a conceder el privilegio de una tarjeta VIP quizás también pueda concederme esto: Si en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol vuelvan a producirse despidos, la troika no lo quiera, ya sea porque los despide usted directamente, o porque los despiden algunas de las empresas en las que tienen externalizados servicios fundamentales del aeropuerto, al menos tenga la decencia de reunirse con los trabajadores que se van a quedar en la calle, y explicarle a la cara los motivos.

Atentamente,

Eduardo Zorrilla Díaz

Portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga  

Publicado en la Revista El Observador (Opinión. Cartas al director) 28/01/2014 

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