POR UNA NUEVA CONVOCATORIA PARA UNA NUEVA MAYORÍA SOCIAL

El resultado de las elecciones europeas en Málaga, en Andalucía y en toda España, suponen el comienzo del fin del bipartidismo en toda España y el comienzo de un nuevo tiempo y escenario políticos. PP y PSOE, pierden 5,5 millones de votos en España, acumulan en los últimos 5 años una caída del 31% de los votos, y juntos no llegan al 50% de los votos. En los próximos meses y próximos comicios (municipales, generales y autonómicos) podrá confirmarse si esta crisis del bipartidismo es coyuntural o es el inicio de un nuevo tiempo político.

En Málaga ciudad, PP y PSOE pasan de sumar el 87% de los votos en las europeas de 2009, a llegar apenas al 50%. IZQUIERDA UNIDA, con un 12,41 % sigue el auge iniciado en las europeas 2009, triplicando los votos de entonces, y mejorando los porcentajes de las últimas municipales, generales y autonómicas. Con este porcentaje estaríamos casi en 5 concejales en las próximas municipales, UPyD obtendría 4, Podemos 3, y el Partido Popular sólo 9 ó 10. Tras casi 20 años de gobierno popular se evidencia un cambio de ciclo y un desgaste personal añadido del alcalde Francisco de la Torre que obtiene peores resultados en Málaga que los que obtiene el PP en otras capitales. Las últimas campañas locales y el trabajo de oposición le están haciendo mella, y nos sitúan ante la posibilidad de presentar una alternativa de gobierno en las próximas municipales, si somos capaces de aglutinar al conjunto de colectivos y gente críticas con el sistema.

La irrupción de Podemos en el escenario político nacional, autonómico y local, debemos de valorarla muy positivamente y con esperanza. Porque esta irrupción se produce no a costa, sino además, de nuestro avance electoral. Porque compartimos en lo sustancial, los mismos análisis y propuestas. Porque formaremos parte del mismo grupo en el Parlamento Europeo, y apoyaremos a Alexis Tsipras, líder de la Syriza griega, como candidato a Presidente de la Comisión. Y, sobre todo, porque juntos, y con la suma de otras fuerzas políticas críticas con las políticas neoliberales, podemos sumar para construir la Alternativa Democrática Social y Anticapitalista a este sistema cada vez más antidemocrático e injusto: La irrupción de Podemos no es un problema sino una oportunidad.

Sin embargo, la irrupción en el escenario político de una nueva fuerza de izquierdas, y con un discurso muy similar al nuestro, ha sumido a parte de nuestra militancia y dirigencia en cierta consternación. A este respecto quisiera realizar varias reflexiones:

1ª.- La primera es que esta “consternación” no es compartida por la inmensa mayoría de nuestro electorado, que percibe el resultado electoral como un éxito rotundo de Izquierda Unida, y no ve problemático ni negativo el surgimiento de Podemos. Debemos analizar la realidad desprendiéndonos de visiones interiorizadas o mediatizadas por el sesgo partidista.

2ª.- La inmensa mayoría del electorado de IU simpatiza con Podemos, y gran parte del electorado de esta nueva fuerza también lo hace con IU. Y ambas fuerzas políticas defienden la necesidad de construir una nueva mayoría social que haga posible la Alternativa Democrática, Social y Anticapitalista a las políticas neoliberales.

3ª.- En el momento histórico en que vivimos actualmente, se vienen acentuando sin remisión dos inercias imparables:

-       Por un lado, la confluencia de los dos principales instrumentos políticos del sistema (PP y PSOE) hacia la “Gran Coalición”. Esta opción, vigente hoy en el gobierno de Alemania, que se aventura para las instituciones europeas, y que defiende Felipe González entre otros, es la que los grandes poderes económicos de la Banca y el IBEX35 quieren imponer también en España.

-       Por otro lado, como consecuencia de las políticas neoliberales de los gobiernos del PSOE y del PP en los últimos años, y que tanto sufrimiento está ocasionando a la gente, se hace imprescindible la construcción de una nueva Mayoría Social que haga posible la Alternativa Democrática, Social, Anticapitalista y Feminista a este sistema cada vez más injusto y menos democrático.

4ª.- La construcción de esa nueva Mayoría Social en España no es posible sin contar con Izquierda Unida, pero tampoco será posible sin la convergencia con el conjunto de fuerzas políticas y sociales, y gentes, críticas con este sistema y con las políticas neoliberales que perjudican a la mayoría de la población. En este sentido la pluralidad, que necesariamente implica diferencias, no puede verse como un problema sino como una riqueza, es más, como una necesidad. No es coherente "llenarnos la boca" elogiando la experiencia de Syriza, y practicar lo contrario por miedo, estrechez de miras o simple sectarismo.

5ª.- Nuestras diferencias con Podemos, nuestra crítica al personalismo y egolatría de su campaña, a la influencia de los grandes medios en su éxito, a la inanidad de su programa, y otras críticas posibles, aun pudiendo ser discutibles o incluso ciertas en parte, no deben sobreponerse a lo principal. Y lo principal es la exigencia histórica de unidad para conseguir la nueva mayoría social capaz de iniciar el proceso constituyente hacia la Alternativa al sistema. 

Convocatoria por Andalucía y después la fundación de Izquierda Unida, sirvieron para construir un nuevo sujeto político, un movimiento político y social, que durante casi treinta años ha servido para articular la respuesta de izquierda a las políticas neoliberales, para gestionar con otra forma de hacer política en numerosos ayuntamientos, y para formular una alternativa de gobierno, de sociedad y de Estado. Todo ello, pese a las reticencias internas que hubo que vencer entonces, y a las enormes diferencias, mayores que ahora, con el resto de las fuerzas políticas fundacionales. Si entonces hubiésemos tenido las reticencias a la convergencia que hoy expresan algun@s compañer@s, Izquierda Unida nunca hubiese existido.

Durante estos casi treinta años, las mujeres y hombres de Izquierda Unida somos quienes advertimos lo que se estaba engendrando en Maastricht. Somos quienes nos opusimos al Tratado de Lisboa, que consagraba las políticas neoliberales que estamos sufriendo. Somos quienes apoyamos todas las huelgas generales y movilizaciones contra los recortes de derechos sociales. Somos quienes formamos parte de las mareas contra el desmantelamiento de los servicios públicos.

El reto es seguir siendo quienes somos y, a la vez, sumar cada vez más organizaciones políticas y sociales, más colectivos y más gentes contra las políticas neoliberales, en esa nueva mayoría social.

Con este objetivo, es necesario poner en marcha una AUTOCONVOCATORIA a personas, colectivos sociales y fuerzas políticas que defienden una alternativa al sistema para constituir un nuevo sujeto político. Para ello es necesario, como hace treinta años, buenas dosis de humildad, generosidad y altura de miras histórica. El momento histórico, nuestro electorado, y el electorado del resto de fuerzas críticas y alternativas que abogan por la transformación social, es lo que esperan de nosotr@s.

Las políticas locales en la revolución democrática y proceso constituyente

El acto público convocado por Izquierda Unida en Málaga el pasado viernes 2 de mayo de 2014, denominado “Revolución Democrática y Proceso Constituyente”, se incardina en la "campaña de radicalidad democrática" impulsada en el seno de Izquierda Unida, originada en un documento propuesta de Alberto Garzón, y abierto al debate de la militancia pero también de toda la ciudadanía. A continuación reproduzco el contenido de mi intervención en el mismo:

IZQUIERDA UNIDA ha abierto un debate sobre la necesidad de una revolución política, de radicalidad democrática en las reglas del juego político, y una revolución económica, de alternativas sociales a la estrategia neoliberal de ajuste económico.

Es un debate con un objetivo que trasciende lo electoral. El objetivo es articular una mayoría social que impulse la alternativa social y democrática a las políticas neoliberales que están empeorando las condiciones de vida y aumentando el sufrimiento de la mayoría de la gente. No nos conformamos con alcanzar el 15% de los votos, porque no es suficiente para cambiar la correlación de fuerzas. Debemos ser capaces de coordinar distintas luchas para sumar gente de los movimientos sociales, de las organizaciones sindicales, de colectivos, para articular una mayoría social.

Considero que para articular esa mayoría social que pueda impulsar la alternativa social y democrática a las políticas neoliberales, es necesario implicarse en las políticas locales, disputar el espacio local a la hegemonía actual de los defensores de las políticas neoliberales. También en el terreno local está también en juego la revolución económica y política.

En primer lugar, porque en lo local se concretan muchas luchas globales. La defensa la una educación pública de calidad, por un sistema sanitario público universal y gratuito, o de unos servicios sociales solidarios y eficaces, pasan también por la defensa de una ordenación urbanística que reserve suelo para suficientes equipamientos públicos, por la defensa de la construcción de estos equipamientos en nuestro ámbito más cercano, nuestro municipio o nuestro distrito. También la batalla ideológica se dirime en buena parte en estas luchas locales.

En este sentido, las políticas locales determinan muchos aspectos concretos de las condiciones de vida de la gente. Y no me refiero a cuestiones como la limpieza, el acerado, o el tráfico, que están entre las más demandadas por la ciudadanía a sus gobernantes locales. En contra de lo que se ha proclamado desde la ideología dominante, y asumido por una buena parte de la clase trabajadora, la gestión municipal no es neutral, no “se trata de elegir a los mejores gestores da igual que sean de derechas o de izquierdas”. La gestión municipal tiene un componente de clase muy acusado. Se pueden destinar los recursos públicos, hoy muy limitados, a políticas en favor de la mayoría de la gente o en favor de las clases más favorecidas o de los poderes económicos dominantes

-   Por ejemplo, destinar el suelo y equipamientos públicos, propiedad de todos los ciudadanos, para favorecer intereses privados de muy pocos, es una política local de marcado carácter clasista, y muy frecuente. Aquí en  Málaga, por ejemplo: los terrenos Repsol propiedad de la ciudad tras el desmantelamiento de los depósitos que allí existían, el gobierno municipal del PP acordó destinarlos a intereses especulativos, primero de la una promotora, luego de una entidad bancaria, y finalmente del SAREB, para entendernos el banco malo, en lugar al gran parque que reivindicaban las AAVV y prometían los programas electorales. Y ello a pesar de encontrarse entre los dos distritos más poblados de la ciudad y junto a algunos de los barrios más densamente poblados de Europa. Otro ejemplo, el gobierno municipal del PP acordó ceder los terrenos públicos de las antiguas cocheras de El Palo a una sociedad privada participada por la ACB para unas instalaciones deportivas privadas de alto standing, y precios, que no podrán disfrutar la mayoría de los vecinos del distrito. Esto supone expropiar a las clases populares para favorecer a las clases acomodadas que tendrán acceso a unas instalaciones y servicios a un precio inferior que si ese centro deportivo no hubiese obtenido el suelo municipal gratis. O en otro caso, como el del edificio de la antigua fábrica de Tabacalera, se destinan cuantiosos recursos públicos (más de 30 millones de euros) a rehabilitar unas instalaciones para luego cederlas a una multinacional del negocio de los videojuegos.

En todos estos casos las decisiones políticas tomadas desde el ayuntamiento no son neutrales, están destinadas a favorecer intereses de los poderes económicos, o de las clases más favorecidas, en detrimento de los intereses de la mayoría de la gente. Es evidente que esos recursos (suelo, equipamientos o dinero) destinados a políticas sociales, planes de empleo, servicios sociales o incluso a zonas verdes, contribuirían a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la gente, especialmente las más desfavorecidas. 

-    Del mismo modo la privatización de servicios públicos esenciales, como el agua o la limpieza, también se deciden en el ámbito municipal, y en ambos casos suponen un servicio más deficiente y mucho más caro para los ciudadanos y para las arcas públicas municipales (en el caso del agua mucho más grave al tratarse de un recurso esencial, básico y limitado). En ambos casos los grandes beneficiados de estas políticas municipales son grandes constructoras  y sociedades participadas por los grandes bancos.

-      También en la Fiscalidad y tarifas municipales se dirimen intereses de clase enfrentados. Se puede establecer un IBI que grave más las viviendas suntuarias y grandes edificios comerciales (hasta un 10% más en el límite que permite la ley), que penalice las viviendas y solares vacíos, también al límite que permite la ley, que grave los bienes de la Iglesia no excluidos por los Acuerdos de 1979. O se puede hacer todo lo contrario, como sucede en Málaga, y acortar al máximo las diferencias de fiscalidad entre las viviendas de las rentas más altas y las medias y bajas, al tiempo que exprimir a la mayoría de la gente por no gravar más a los más favorecidos. Con el agua sucede lo mismo, como recientemente hemos visto en Málaga. Se puede gravar más a los grandes derrochadores domésticos e industriales, u optar como ha hecho nuestro alcalde por gravar más al 70% de los hogares.

Pero además, en las luchas de ámbito local se tejen muchas alianzas que son necesarias para la construcción de esa mayoría social a la que aspiramos para articular la alternativa social y democrática a las políticas neoliberales:

-    Defensa de espacios y equipamientos públicos para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía frente al afán depredador de los poderes económicos favorecidos por las políticas neoliberales, la defensa del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico contra los intereses especulativos de esos mismos poderes económicos, o la defensa de los servicios públicos municipales frente al afán privatizador de los poderes económicos, incluso la lucha contra la tarifa injusta del agua, genera alianzas con colectivos y personas a los que no llegamos quizás en campañas más generales: asociaciones y plataformas vecinales, colectivos de defensa del patrimonio histórico y cultural, etc. El caso de El Gamonal es paradigmático de cómo una reclamación vecinal, en un asunto de competencia municipal, puede generar una movilización mayoritaria de un barrio contra intereses especulativos que resultó victoriosa. Una lucha local que contribuye a sumar y construir mayoría social.

De otro lado, también en la política local resulta hoy evidente la necesidad de unas políticas alternativas de radicalidad democrática. Las políticas municipales adolecen de los mismos elementos antidemocráticos que han provocado el actual desencanto de gran parte de la ciudadanía con la política:

-      La falta de transparencia en la toma de las decisiones a las que hacía alusión anteriormente, que se han negociado siempre secretamente con los distintos grupos económicos beneficiados.

-      El recorte de libertades en las ordenanzas locales se suma al perpetrado por el gobierno del PP en nuestra legislación general. Las ordenanzas de convivencia aprobadas en Málaga por el PP gravan el derecho de reunión y manifestación, así como la actividad social y lúdica en la calle de los colectivos ciudadanos, a excepción cabalgata, ferias y procesiones, y actividades que organice o colabore el Ayuntamiento. Con lo que ello puede suponer de arbitrariedad y clientelismo a la hora de decidir en que y con quién se colabora.

-      El recorte de la participación ciudadana por el gobierno municipal del PP, hasta dejarla en algo puramente testimonial y aparente, como lo demuestran el desmantelamiento de los presupuestos participativos o el vaciamiento y funcionamiento puramente testimonial de los órganos de participación por distritos.

-      Las redes de corrupción general tiene raíces y conexiones locales. En Málaga, como en otras ciudades gobernadas por el PP, los grandes contratos públicos municipales fueron adjudicados a empresas que aparecen citadas en los papeles de Bárcenas.

-       En el ámbito local, además, las redes de clientelismo y corruptelas que se generan abarcan a muchas personas, activistas y colectivos de distinto carácter de los barrios y clases populares. Hasta el punto de poder afirmarse que el clientelismo y la corrupción son no sólo notas características muy extendidas de las políticas municipales de nuestros días, sino instrumentos para conseguir y perpetuar la hegemonía política por los poderes dominantes.  

  

Frente al discurso interesado en desprestigiar de forma general la política, en IU consideramos que la política y la democracia no son el problema, sino la solución. Necesitamos más democracia y más participación efectiva de la gente en la política, más poder a la gente. También y especialmente en la política local. Y es posible empezar a hacerlo desde abajo, desde local. No es causalidad que los presupuestos participativos (Porto Alegre) y otras iniciativas de radicalidad democrática tuvieran su origen en experiencias locales de participación y poder popular, sobre todo en América Latina..

Algunas de las propuestas radicalmente democráticas que podrían empezar a ponerse en práctica en el ámbito municipal:

-       Rendición permanente de cuentas por concejales y alcalde. Esto es algo que en IU de Málaga ciudad ya venimos experimentando con las asambleas abiertas por distritos “el ayuntamiento a la calle”, algo que debe y puede hacerse también desde el gobierno municipal si lo alcanzamos.

-    Remuneración justa de cargos públicos y cargos directivos. Este tema es, desde hace tiempo uno de los principales caballos de batalla de IU en el ayuntamiento de Málaga, denunciando la política de derroche y descontrol del alcalde De la Torre en este tema (decenas de altos cargos de libre designación sin funciones que los justifiquen, salarios superiores en muchos casos al del propio alcalde y algunos por encima de los 100.000 euros anuales, y sobresueldos ilegales a altos cargos de algunas empresas municipales). Sin embargo, al alcalde sólo recorta a la plantilla y a la oposición, mientras aumenta los impuestos y tarifas municipales a la mayoría de la gente. Nuestra propuesta y compromiso pasa por establecer unos criterios homogéneos para cargos políticos electos y de libre designación, que en ningún caso podrán tener remuneraciones superiores a las del funcionario de mayor rango, y la eliminación de complementos no justificables.

-  Referendos e iniciativas legislativas populares. Proponemos que puedan realizarse referendos para los grandes temas del municipio, e iniciativas populares municipales realmente realizables, es decir con unos requisitos asequibles y no imposibles.

-  Transparencia en las finanzas públicas, con presupuestos participativos, decisorios y autorregulados, y publicados en formato operativo.

-      Participación ciudadana en la gestión de los bienes y servicios públicos, con representación efectiva de agentes sociales en los órganos de gestión de empresas y organismos autónomos municipales, así como en la gestión de equipamientos municipales, culturales, deportivos y otros.

-       Información imparcial por los medios de comunicación locales.

En definitiva, no es nada nuevo, se trata de poner en práctica el ya viejo y conocido axioma “piensa globalmente, actúa localmente”.

Como conclusiones destacaría que:

-   La rebelión democrática y social empieza por lo local, es imprescindible la implicación en la política local de las organizaciones políticas, sociales y sindicales alternativas a este sistema.

-     La construcción de la mayoría social requiere de las alianzas que se generan también en la participación en las luchas locales.

-     La batalla ideológica se dirime también en las luchas y debates locales.

-   El Proceso Constituyente que desemboque en una democracia republicana en el Estado Español, con nuevas reglas y nuevas instituciones para una sociedad más democrática y participativa empieza por lo local.

Valga aunque sea como anécdota histórica, y sin intención de establecer ningún paralelismo ni predicción, recordar que la proclamación de la II República Española vino de la mano de unas elecciones municipales.

También ahora es necesario comenzar esta Revolución Democrática y Social desde local.

SUSANA DÍAZ ANUNCIA LA RETIRADA DE COMPETENCIAS DE VIVIENDA A IZQUIERDA UNIDA CON EL FALSO ARGUMENTO DE LA DEFENSA DE LA LEGALIDAD

 

Las familias de la Corrala Utopía muestran las llaves entregadas por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía 

La presidenta del gobierno de la Junta de Andalucía anunció ayer que hoy dictaría Decreto retirando a IU la competencia en la adjudicación de viviendas públicas, a raíz de que por la Consejería de Fomento y Vivienda decidiera realojar a 16 familias de la Corrala La Utopía, muchas de ellas con menores, que desde el domingo dormían en la calle al ser desalojadas por la policía, a pesar de haberse cerrado un acuerdo con IberCaja, propietaria del inmueble.

El argumento esgrimido por Susana Díaz, y por todo el PSOE, secundado por casi todos los medios (no sorprende la unanimidad al respecto desde La Razón o ABC a la SER o El País), es que el realojo por parte de la Consejería de Vivienda de las 16 familias con menores que dormían en la calle "es contrario a la legalidad" por "saltarse las listas de espera del Registro de Demandantes de Vivienda".

Este argumento no puede ser más falso, porque me niego a creer que una presidenta de la Junta de Andalucía, y sus asesores, desconozcan la legalidad al respecto. La decisión de la Consejería gobernada por IU no sólo se apoya en el artículo 47 de la Constitución Española (sistemáticamente incumplido), o en los convenios internacionales sobre protección de la infancia suscritos por el reino de España (papel mojado para este y anteriores gobiernos tanto del PSOE como del PP). La decisión la Consejería de Vivienda gobernada por IU tiene respaldo en el vigente Reglamento Regulador de los Registros PúblicosMunicipales de Demandantes de Vivienda Protegida, aprobado mediante Decreto 1/2012, de 10 de enero.

Efectivamente, el artículo 9.1 de dicho Reglamento establece, como regla general, que “Salvo las excepciones reguladas en el artículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma, la adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través de los Registros Públicos Municipales,…”   

Por su parte, el artículo 13.1 b) del mencionado Reglamento establece, entre las tres excepciones a la anterior regla general, la siguiente:  “La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión social cuando se justifique su carácter de urgencia por los servicios sociales del ayuntamiento”.

De hecho, en los Consejos Rectores que cada mes celebra el Instituto Municipal de la Vivienda de

Acta del IMV en el que se muestra que el Ayuntamiento de
Málaga también adjudica habitualmente viviendas por la
vía urgente y excepcional al registro de demandantes en
caso de riesgo de exclusión social

l Ayuntamiento de Málaga, se adjudican por esta vía excepcional de 10 a 20 viviendas a familias o personas en grave riesgo de exclusión social. Y, por cierto, a pesar de lo manifestado por la presidenta del PSOE-A, Susana Díaz, o por la portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, María Gámez, l@s representantes del PSOE siempre han votado a favor.  Por tanto, cuando ambas alegan que hay que respetar la legalidad, ¿se trata de desconocimiento de la misma o simple y llanamente de mentir?

En el caso de las familias desalojadas de la Corrala La Utopía, se contaban desde hace tiempo con informes de los servicios sociales municipales acreditativos de la situación de riesgo de exclusión social de estas familias. Por tanto, la Consejería de Vivienda gestionada por IU ha actuado en todo momento con escrupuloso respeto a lo establecido en el Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, además de garantizando el derecho a una vivienda digna consagrado en el artículo 47 de la Constitución Española, el artículo 25 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 27.3 de laConvención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Ley Andaluza de Función Social de la Vivienda.

Pero, no sólo ha existido un escrupuloso respeto a la legislación vigente, incluidos los Convenios Internacionales suscritos por España, sino que el realojo de las 16 familias desalojadas de la Corrala La Utopía, que estaban durmiendo en la calle, se produce en cumplimiento del propio Auto del Juzgado de Instrucción nº 3 de Sevilla que acordaba el desalojo de las familias de la corrala La Utopía y ordenaba la notificación a las Consejerías de Fomento y Vivienda y la de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, y a la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, “a fin de que provean lo necesario en caso de que se encuentren en el edificio menores y otras personas en riesgo de exclusión social”.

La postura del PSOE-A, y de su Presidenta Susana Díaz, tampoco puede sorprendernos mucho, se trata del mismo partido que hace pocos años, siendo ministra de vivienda Carme Chacón, aprobó la Ley de “Desahucio exprés” , porque el problema de la vivienda en España era “que se tardaba mucho tiempo en tramitar los desahucios”.  El mismo partido que aprobó inyecciones multimillonarias de dinero público a la Banca desahuciadora de personas. El mismo partido que sigue rindiendo pleitesía a Botín y el resto de la Banca: “quien paga manda”. A ver cómo explica ahora Susana Díaz a su base electoral que rompe el acuerdo de gobierno con IZQUIERDA UNIDA por realojar a 16 familias, con menores, que dormían en la calle. 

Nosotr@s en IZQUIERDA UNIDA lo tenemos muy claro, no estamos para desahuciar personas, estamos para desahuciar a desahuciadores y colaboradores necesarios.

La libertad de expresión y el PP

La libertad de expresión para el PP

El Ayuntamiento de Torremolinos tenía la tradición de hace ya años de invitar a las agrupaciones ganadoras la Final del Falla del Carnaval de Cádiz.

Sin embargo este año, el alcalde de Torremolinos Pedro Fernández Montes (ese gran demócrata que se negaba a ponerle una calle en la localidad a Picasso por comunista), no ha invitado a la chirigota ganadora "esto sí que es una chirigota".

Casualmente, la chirigota caracteriza a Rajoy y los miembros del consejo de ministros, y realiza una ácida crítica del PP en el gobierno: "ponme la mano aquí, y aquí ponme el sobrecito", dice uno de los pasajes de su actuación más coreados por el público.

El carnaval siempre ha sido la fiesta de la libertad de expresión, de la sátira y la crítica. Sin embargo el partido popular no termina de tenerlo asimilado, soporta mal la crítica, y se dispone a recortar los derechos y libertades públicas mediante el anteproyecto de nueva ley de seguridad ciudadana, la conocida como "ley mordaza".

Muy inteligente no ha sido el alcalde de Torremolinos, puesto que con este acto de censura solo consigue dar más publicidad a esta chirigota y sus letrillas, y de paso lo que ya sabíamos del concepto de la libertad de expresión que tiene el PP en el poder. Pero si de algo no se le puede acusar es de incoherencia, ha sido coherente con su historia y práctica política y la de su partido.

Para escuchar la actuación completa en la Final del Falla pincha en: http://www.carnavaldecadiztv.com/2014/03/chirigota-esto-si-que-es-una-chirigota.html#post-title

Para nuestro alcalde Francisco De la Torre, todo el año es carnaval

Con la gran final del concurso de agrupaciones del carnaval de Málaga, que tuvo lugar del pasado viernes en el Cervantes, dio comienzo el Carnaval de Málaga 2014. El alcalde, Francisco De la Torre, acudió al Cervantes con un disfraz que evocaba al general José María Torrijos. Él, que fue Presidente de la Diputación Provincial de Málaga en el régimen franquista, por la gracia del caudillo, se disfraza del héroe fusilado en cuyo monolito en Málaga reza la leyenda “en vista de este ejemplo, ciudadanos, antes morir que consentir tiranos”. Él, que desde su asiento en el Senado vota una a una todas las leyes del gobierno del PP, que en dos años han supuesto un recorte de derechos sociales y libertades públicas sin precedentes, se pone la máscara del héroe liberal fusilado en Málaga en 1831 por luchar contra el absolutismo.  

Pero lo suyo es la impostura y el disfraz durante todo el año, no sólo por Carnaval.

Sostiene que su gobierno lleva adelante una política social ejemplar, cuando no ha querido aprobar un plan extraordinario de medidas urgentes contra la pobreza, ni un plan de empleo con micro actuaciones en los barrios, presupuestados ambos en algo más de 10 millones de euros, cuando ha perdonado ya a promotores y bancos más de 70 millones de euros en la revisión de los convenios de Repsol, la Térmica, y Martiricos.

Ensalza la política cultural de su gobierno municipal, cuando tiene abandonadas las bibliotecas municipales de la ciudad, negándose incluso a mantenerlas abiertas en horario completo en período de exámenes, y ha gastado más de 20 millones de euros en el fiasco del museo de las gemas, o 21 millones en el desusado y olvidado edificio de los antiguos cines Astoria y Victoria.

Se ha opuesto, y hasta boicoteado, el proyecto de la Consejería de Fomento y Vivienda para culminar la línea del metro hasta el palo en superficie, entre otros argumentos porque supondría un caos para la movilidad y un obstáculo a la peatonalización de la Alameda. Y, sin embargo, el Avance del Plan Municipal de Movilidad Sostenible, que prevé la peatonalización de la Alameda y una malla de itinerarios peatonales y en bici y en transporte público por toda la ciudad, lleva más de tres años en un cajón, sin que parezca tener intención de aprobarlo.

Presume de “smart city”, ciudad inteligente y sostenible, cuando somos una de las ciudades con menos zonas verdes por habitante de España.

Recordados son algunos de sus chistes y gracietas en cualquier época del año.

  

Recordarán como, hace algo más de un año, justificaba la ampliación de la zona azul en distintas zonas de la ciudad en que los ciudadanos serían más felices pagando por el aparcamiento.   

Más recientemente, ocupó espacios en todos los medios nacionales con sus declaraciones justificando la subida de la tarifa del agua para la mayoría de los hogares en Málaga en la necesidad de ahorrar agua, y poniendo como ejemplo su ducha cronometrada con 11 litros de agua, lo que estaba “dispuesto a demostrarlo ante notario”.

En resumen, el alcalde no necesita llegar a la época del carnaval. Para De la Torre, como reza el título de uno de los famosos artículos de Mariano José de Larra, publicado en El Pobrecito Hablador en 1833, “el mundo todo es máscaras: todo el año es carnaval”.

Sacyr Connection: Canal de Panamá-Caso Bárcenas-AP Las Pedrizas

Edificio Antena 3 en Madrid, construido por Sacyr

I.              Sacyr y la autopista de Las Pedrizas.

Hace más de dos años se inauguró la autopista de Las Pedrizas. Desde que se proyectó, IZQUIERDA UNIDA se opuso a la misma, por considerarla no necesaria al existir otras alternativas, Apoyamos la campaña en su contra de la Plataforma Ciudadana “Autopista No” que integraron colectivos vecinales y ecologistas, y desde el grupo municipal de IU presentamos iniciativas institucionales a todos los niveles, como las mociones en 2005 y 2008 que fueron rechazadas por los grupos municipales del PP y del PSOE. ¿Recuerdan los calificativos que entonces nos dedicaban desde los principales medios? “Esos trogloditas que se oponen al progreso y al desarrollo”, eran de los más suaves.

Pues bien, tras más de 400 millones de coste, la autopista, construida y explotada por Sacyr Vallehermoso, con apenas la mitad del tráfico e ingresos previstos, no es rentable. Otra infraestructura ruinosa más construida al interés de las grandes constructoras.

Recientemente, Sacyr Vallehermoso, a través de la Asociación de Concesionarios de Autopistas ha pedido al gobierno del PP que se haga cargo del déficit que sufre por no cubrir las expectativas de ingresos. Y el gobierno, cómo no, ha manifestado públicamente que está estudiando “salvar” de la quiebra a la autopista de peaje de Las Pedrizas. De nuevo recursos públicos para salvar a quien más tiene, porque más se ha enriquecido en la burbuja/estafa, en lugar de destinarlos a las crecientes necesidades de la mayoría de la población.

II.            Sacyr y el canal de Panamá.

Recientemente también, hemos tenido noticia de que el gobierno va a autorizar a la compañía de mayoría pública Cesce a avalar por cuenta del Estado los préstamos bancarios que solicitará Sacyr para completar las obras del canal de Panamá, tras el principio de acuerdo alcanzado con la autoridad del canal. El ministro de Economía, Luís de Guindos declaró que “intentaría minimizar el impacto para los contribuyentes”.

Recordemos que un consorcio participado mayoritariamente por la constructora Sacyr obtuvo la adjudicación del contrato de las obras de ampliación del canal con una oferta llamativamente baja. Posteriormente, el consorcio participado mayoritariamente por la constructora, quizás acostumbrado a una práctica usual en la contratación en España, paralizó las obras y exigió a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) un sobreprecio para sufragar los sobrecostes “surgidos” en las obras.

En el principio de acuerdo alcanzado en Panamá ambas partes, la  ACP y el consorcio, aportarán cada uno 73 millones de euros para sufragar de momento los sobrecostes, y la autoridad panameña alargará el plazo para la devolución de los 572 millones de euros que ha anticipado. Pero es necesaria la financiación a Sacyr por parte de la banca, que es la que el gobierno está va a avalar. ¿Con qué garantía de pago por Sacyr al estado? Con lo que obtenga Sacyr de Panamá, hipotéticamente, en las resoluciones de las instancias de arbitraje.

De nuevo, el dinero de todos para “salvar” a una gran empresa, de las que más beneficios ha obtenido en las dos últimas décadas, y siempre gracias a grandes contratos públicos adjudicados por los distintos gobiernos del PSOE y del PP.

III.           Sacyr y el caso Bárcenas.

El crecimiento de Sacyr en las dos últimas décadas se remonta a la primera concesión recibida en 1996 en Chile, la autopista de Elqui. A partir de este momento inicia su expansión sumando concesiones en Chile y España y haciendo compras como la dela Autopista entre Zaragoza y Bilbao.

Pero el verdadero despegue de la empresa vino a partir de la privatización de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) iniciada en 2002, en la que un consorcio liderado por Sacyr (con la participación de Banco de Santander, Caixa Galicia y Caixanova y otras) se hizo con la compañía estatal por 1.621,6 millones de euros.

Tras participar durante esos años en la construcción de muchas de las infraestructuras en todo el país, directamente y a través de su participación en el grupo francés Eiffage, el grupo Sacyr adquirió a Citi un grupo de autopistas en España y actividades concesionales.

Con ocasión del caso Bárcenas, iniciado gracias a la querella de IZQUIERDA UNIDA, que dirige el letrado y dirigente federal de IU Enrique Santiago, supimos que Sacyr Vallehermoso aparece en los papeles Bárcenas como uno de los principales donantes del PP. No en vano, el juez instructor citó como imputados al expresidente de Sacyr, Luís del Rivero, y al directivo de la compañía José Manuel Loureda Mantiñán. A raíz de una petición de información de la La Agencia Tributaria se ha podido conocer la existencia de cuentas de ambos en Suiza a nombre de sociedades radicadas en Belice.

A decir del propio Enrique Santiago en su reciente conferencia en Málaga, nos encontramos ante un sistema político corrupto hasta sus raíces, en el que las grandes compañías de este país han realizado donaciones a los partidos en el gobierno ya no solo para resultar adjudicatarios de los grandes contratos públicos, “sino para diseñar la política de infraestructuras que se ha ejecutado en España en las últimas décadas en función de sus intereses”.

Una política de infraestructuras que ha llenado el país de obras faraónicas ruinosas, que han enriquecido a unos pocos que además han evadido capitales e impuestos con sus cuentas en Suiza y paraísos fiscales, y que ha empobrecido a la inmensa mayoría con la deuda pública generada por su construcción y las ayudas con dinero público cuando las concesiones han sido ruinosas.

Podemos verlo en los recientes acontecimientos del canal de Panamá, pero aquí en Málaga también tenemos un ejemplo muy claro y muy cercano: la autopista de Las Pedrizas. 

José Manuel Loureda Mantiñán y Luís del Rivero

De la Torre y Gallardón: dos hombres y un destino

Siempre he pensado que tanto Alberto Ruiz-Gallardón, el actual ministro de Justicia, como Francisco De la Torre, el alcalde de Málaga, comparten la misteriosa habilidad de pasar  para mucha gente por “moderados” o incluso “progresistas”, con respecto al resto de su partido, siendo ambos como son de lo más ultraconservador y clasista del Partido Popular.

La última coincidencia entre ambos personajes ha tenido lugar con la entrada en vigor de la Tasa por la prestación de determinados servicios especiales por la Policía Local, aprobada hace algo más de un año (Ordenanza Fiscal Municipal nº 29). Con esta tasa, o mejor dicho “tasazo”, el gobierno municipal que preside De la Torre pretende cobrar por determinados servicios que la Policía Local hasta ahora prestaba gratuitamente, como los ocasionados por eventos deportivos, y festejos de diversa índole, actos culturales, conciertos musicales, concentraciones y manifestaciones, en las que sea requerida la Policía Local, así como el acceso a los atestados que realizan, por ejemplo, con motivo de un accidente de tráfico.

Este “tasazo” de De la Torre, que supone el cobro por la obtención del atestado de la Policía Local, imprescindible para cualquier persona implicada en un accidente para hacer valer sus derechos judicialmente, recuerda claramente al conocido “tasazo judicial” de Ruiz-Gallardón, aprobado también hace algo más de un año, mediante la Ley 10/2012, que establecía unas tasas completamente exageradas por el ejercicio de acciones judiciales en procedimientos civiles, contenciosos-administrativos y laborales.

Ambas medidas, el “tasazo” de De la Torre y el “tasazo judicial” de Ruiz-Gallardón, suponen una exigencia económica previa a toda persona que quiera defender sus derechos e intereses legítimos y, por tanto, una exclusión para acudir a los tribunales de justicia para las personas con pocos recursos. Ambas medidas aumentan la brecha en el acceso a la justicia entre quienes tiene poder adquisitivo y quiénes no. Y la limitación del acceso a la justicia supone no sólo una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino también una restricción para exigir y hacer efectivos todos los demás derechos.

Algo que es especialmente grave en el actual contexto de descenso del nivel y la calidad de vida de la gran mayoría de la población, que está sufriendo situaciones de desempleo o empleo precario. Con un incremento del gasto de los hogares en impuestos regresivos como el IVA, de servicios básicos como el agua potable y la energía eléctrica, del gasto en medicamentos, por citar algunos, y una disminución progresiva de los ingresos.

Y en este contexto, gracias al “tasazo judicial” de Gallardón, tienen que pagar para defenderse en el juzgado la familia demandada judicialmente por el banco, o las personas estafadas por el banco con las preferentes para reclamar judicialmente. Y en este mismo contexto, en Málaga, y gracias al “tasazo” de De la Torre, una persona con pocos recursos que haya sufrido un accidente de circulación,  tendrá que pagar veinte euros por el atestado de la Policía Local, que es un elemento imprescindible para reclamar o defenderse judicialmente. Si ese coste lo cubren las aseguradoras, no se engañen, habrá que adelantar su pago aunque después nos lo cubran, y terminará repercutiendo en el precio de las pólizas.

Pero no es la única coincidencia entre ambos personajes. Gallardón se ha destacado como ministro de Justicia por preparar el ataque a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres españolas con un proyecto de Ley del Aborto que las retrotrae a la situación jurídica anterior a 1985. También prepara reformas del Código Penal y resto de legislación que suponen la criminalización de la protesta, una vuelta de tuerca más en la represión de los derechos democráticos de la ciudadanía como son los derechos de reunión y manifestación, y el de huelga.

Del mismo modo, el “tasazo” de De la Torre grava con una elevada tasa la realización de eventos que suponen el ejercicio de derechos constitucionales, como manifestaciones o concentraciones reivindicativas, actos culturales, lúdicos y deportivos, y otros eventos sociales que enriquecen la vida ciudadana.

La legislación restrictiva sobre derechos fundamentales que nos amenaza, y la represión en las calles que ya sufrimos, no es casual. Está íntimamente relacionada con la desarticulación del “Estado social” que estamos sufriendo la mayoría, con políticas neoliberales que, según Intermon Oxfam en su informe “Crisis, desigualdad y pobreza”, de continuar “por la senda de la austeridad y los recortes, España llegará a los 18 millones de personas en situación de pobreza en 2.022, un 40% de pobreza en menos de diez años, es decir, dos de cada cinco españoles serían pobres, y el 20% de personas más ricas en España ingresarían 15 veces más que el 20% más pobre”.

El poder económico, y su instrumento el poder ejecutivo, necesitan restringir  derechos y libertades básicos para poder seguir recortando derechos sociales y laborales, y desarticular el débil Estado social existente en España. Y la imposición de tasas para poder acceder a la justicia sirve, además de para recaudar, para disuadir a la población más desfavorecida de defender judicialmente sus derechos e intereses.

Alberto Ruiz-Gallardón y Francisco De la Torre  comparten también un mismo destino: la restricción de los derechos fundamentales acabando con su gratuidad.