HÉROES Y VILLANOS *

Imagen sacada del video "Bomberos en acción!!!" en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JAgfX29pGOk

El conflicto que mantienen los bomberos de la ciudad de Málaga con el gobierno municipal es una historia en la que hay héroes y villanos.

Los agentes del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Málaga gozan de la confianza y el reconocimiento unánime de la ciudadanía malagueña.

La ciudadanía sabe que son las personas en las que confiamos nuestra seguridad en situaciones de emergencia. Que si hay un incendio, una inundación, o cualquier otra situación de peligro para nuestra seguridad, los bomberos pondrán en riesgo sus propias vidas para salvar las nuestras, y esto aún estando en huelga. Una huelga, por cierto, en demanda no de mejoras económicas o personales propias, sino de mejoras del servicio público y esencial que prestan, que en muchos casos pueden suponer llegar a tiempo y con los mejores equipos para salvar vidas. Nuestras vidas.

La ciudadanía sabe también que, honrosamente, se han negado a colaborar en los desahucios de familias de sus casas, porque ellos están para salvar a las personas. Para salvar a los bancos, con el dinero de todas y todos, ya están nuestros gobernantes.

Mientras, el gobierno municipal del PP recorta en inversiones en sus instalaciones, vehículos, plantillas y equipos. En definitiva, recorta en nuestra seguridad. Y, para colmo, se niega a negociar con los bomberos sus justas reclamaciones.

La gestión de este conflicto por parte del gobierno municipal resulta incomprensible. El alcalde se inhibe, el concejal de Seguridad es desautorizado por los propios cargos de confianza municipales. Pareciera que la dirección provincial del PP mueve sus hilos en el Ayuntamiento para llevar al Alcalde a un callejón sin salida con el objetivo de forzar su sustitución.

Resulta evidente que, en esta historia, los bomberos de Málaga son los héroes y el gobierno municipal del PP son los villanos.

* Publicada en la columna "El ala izquierda de la Casona" del diario Viva Málaga del lunes 27 de marzo de 2017

Imagen de "El Confidencial"

DERECHO UNA MUERTE DIGNA

El “derecho a una muerte digna” es el derecho de las personas a que, en circunstancias en las que la vida pierde irreversiblemente su calidad y dignidad como consecuencia de la degeneración física o de grave sufrimiento, puedan ejercer su voluntad de morir pacíficamente y sin sufrimientos. 

En España no existe legislación estatal sobre el derecho a una muerte digna, y ello a pesar de que, como manifiestan diversos estudios, la sociedad española muestra un apoyo creciente, de más de un 80 por ciento actualmente, a la regulación de este derecho.

Ante la falta de legislación estatal, muchos ayuntamientos, de acuerdo con las asociaciones defensoras del derecho a morir dignamente, han puesto en marcha un Registro Municipal de Testamentos Vitales para que cualquier persona, con plena capacidad de obrar, pueda dejar constancia de su deseo de que no se le mantenga artificialmente con vida en caso de enfermedad irreversible que la mantenga inconsciente. Pero estas iniciativas tienen una eficacia limitada.

Recientemente, el grupo parlamentario Unidos Podemos ha propuesto  despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido. El fin es que toda persona, con plena capacidad de obrar, que sufra una enfermedad irreversible, o con padecimientos físicos o psíquicos que considere insoportables, pueda recibir ayuda médica para poner fin a su vida y evitar una imposición de vivir penosamente en contra de sus deseos y convicciones íntimas. En 2012 el grupo de la Izquierda Plural ya presentó una iniciativa semejante que fue tumbado por la mayoría absoluta del PP.

En definitiva, el derecho a morir dignamente, o derecho a una buena muerte, es la otra cara del primer derecho humano, el derecho a vivir, pues supone la defensa de una vida digna hasta el final. Y es que el derecho a vivir no puede confundirse con un deber de vivir en cualquier circunstancia.

EL GUERNICA MALAGUEÑO

Tal y como está documentado por los historiadores, en enero de 1937, se encontraban refugiadas en Málaga capital unas ochenta mil personas civiles que venían huyendo de las fuerzas militares insurgentes. Estos refugiados procedían tanto de las provincias limítrofes de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada, como de las zonas ocupadas por las tropas rebeldes en la provincia malagueña.

A partir del 7 de febrero de ese año se produjo la ruptura del frente malagueño y el avance de las fuerzas franquistas sobre la capital, provocando el éxodo masivo de unas trescientas mil personas civiles indefensas, entre ellas numerosas mujeres, ancianos y niños, que tomaron la carretera de Almería en dirección a esta ciudad.

A lo largo de toda una semana, esta población civil aterrorizada, sin alimentos ni cobijo, ni atención médica, avanzó penosamente por dicha carretera bajo el bombardeo y ametrallamiento sistemáticos, por tierra, mar y aire, por parte de las fuerzas franquistas y sus aliados fascistas italianos y nazis alemanes. Todo ello bajo el mando directo del general Queipo de Llano, que ordenó esta masacre.

Se cumplen ahora ochenta años de esta cruel masacre, pero según el Derecho Internacional estos actos constituyen crímenes contra la humanidad y no prescriben nunca.

En todos los países de Europa, liberada del nazi-fascismo tras la Segunda Guerra Mundial, existió un reconocimiento público a las víctimas de los crímenes de guerra y contra la humanidad, y se erradicaron los vestigios jurídicos, institucionales y monumentales de la barbarie fascista.

En España, cuarenta años después de la llegada de la “democracia”, masacres como la de Málaga siguen en el olvido. Somos el país de Europa con más cadáveres en fosas comunes, la mayoría aún sin identificar. Mientras, los restos mortales del responsable de aquella masacre, reposan actualmente, con todos los honores y bendición eclesiástica, en la basílica de la Macarena de Sevilla.

CRIMINALES DESPIADADOS

Viñeta del humorista Sergi Mo

La semana pasada, coincidiendo con la durísima ola de frío, el precio de la luz alcanzó máximos históricos en España. Ante esta situación, al ministro de Energía, sólo se le ocurrió encomendarse “a la suerte” para que baje el precio de la electricidad.

Según un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales, el 11% de los hogares españoles, es decir, más de cinco millones de personas, no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno. Este estudio también pone de manifiesto cómo la imposibilidad de habitar en una vivienda a una temperatura adecuada perjudica la salud y acorta la esperanza de vida. De esta forma, las situaciones de pobreza energética podrían estar ocasionando casi un tercio de las muertes adicionales en invierno, respecto a otras épocas del año, es decir, más de 7.000 fallecimientos.

Hasta 1997, el Gobierno establecía el precio de la electricidad. Ese año el primer gobierno de Aznar perpetró la “liberalización” del sector eléctrico prometiendo que la “libre competencia” abarataría el precio de la electricidad. Hoy resulta evidente que la consecuencia ha sido la contraria: en veinte años el precio de la luz se ha multiplicado por cuatro. España es hoy el país de la Unión Europea con los precios de la electricidad más caros, después de Malta y Chipre.

Pero no todo el mundo ha resultado perjudicado por la “liberalización” del sector. Durante los años de la crisis, sólo las tres grandes compañías eléctricas han obtenido más de 60.000 millones de euros de beneficios, casi tanto como la cifra del gasto público anual en sanidad en España (68.000 millones). Por otro lado, la lista de ex presidentes y ex ministros, tanto del PSOE como del PP, “fichados” por las eléctricas, con sueldos astronómicos, no ha hecho más que crecer, entre ellos Felipe González y el propio Aznar. 

(Publicado en mi columna "El ala izquierda de la Casona", del diario VivaMálaga del lunes 23 de enero de 2016)

Por nuestra seguridad

Los agentes del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Málaga gozan de la confianza y reconocimiento unánime de la ciudadanía malagueña. No en vano son las personas en las que confiamos nuestra seguridad en situaciones de emergencia. Y desempeñan esta función trabajando muy duro y en condiciones extremas para poder salvar vidas humanas.

Desde hace más de diez días, los bomberos de nuestra ciudad se encuentran encerrados en el Parque de Bomberos de Martiricos en protesta por las condiciones laborales y la gestión del servicio por los responsables municipal. El encierro comenzó, de forma espontánea, el jueves 29 de diciembre pasado, y mantiene desde entonces un seguimiento muy mayoritario.

La reclamaciones de los bomberos son cuestiones muy básicas y razonables. Por una parte, reclaman un Reglamento nuevo ya que el anterior data de 1959. Reclaman, además, que se regularice su jornada laboral, la mayor de todos los bomberos de España. Y que lleve a cabo su reclasificación profesional de acuerdo a lo que establece la Ley de Emergencia de Andalucía, y ya han hecho la mayoría de municipios andaluces

Además, los bomberos de Málaga reclaman desde hace tiempo una mejor gestión por parte de los responsables municipales, la renovación de unos equipos en muchos casos obsoletos, y el mantenimiento adecuado de instalaciones y vehículos de los que va a depender la eficacia de su actuación en situaciones límite para la vida.

No son las de los bomberos malagueños reclamaciones de mejoras económicas o personales propias, sino mejoras del servicio público y esencial que prestan, que en muchos casos pueden suponer el llegar a tiempo y con los mejores equipos para salvar una o varias vidas humanas.

Desde Málaga para la Gente apoyamos a los bomberos de Málaga en sus reclamaciones y esperamos que el Alcalde y el equipo de gobierno municipal accedan a unas reclamaciones que redundan en nuestra seguridad. 

(Publicado en mi columna "El ala izquierda de la Casona", del diario Viva Málaga del lunes 9 de enero de 2016) 

Ayuntamientos por el empleo

El verdadero objetivo de las políticas de austeridad implementadas en los últimos años ha sido privatizar los servicios públicos. Esta estrategia neoliberal ha supuesto la paralización de las ofertas de empleo público en todas las corporaciones locales y las administraciones en general.

Desde 2012, los Presupuestos Generales del Estado han restringido las ofertas de empleo público, y los Ayuntamientos  han visto mermadas sus plantillas. En muchos casos han recurrido a contrataciones externas con empresas privadas para prestar los servicios, lo que ha supuesto la sustitución del trabajo estable por empleo precario, con salarios de miseria y sin derechos. Y, paradójicamente, con un mayor gasto municipal.

Además, estas restricciones han impedido a muchos ayuntamientos el rescate de servicios municipales privatizados, y han impedido acceder a empleos públicos a toda una generación de jóvenes, condenándolos al desempleo o a la precariedad.

En algunos municipios, como Málaga, la situación es mucho más grave, pues tienen que prestar los servicios públicos con menos plantilla que en 2012, a pesar de que se ha incrementado la afluencia turística y, por tanto, la población residente y turista a la que hay que prestar servicios.

El resultado es una pérdida notable de la calidad de los servicios públicos que se ofrecen por los ayuntamientos.

Son muchos los ayuntamientos que, como el de Málaga, tienen capacidad económica suficiente para generar empleo. Pero, aunque el gobierno municipal quisiera, que no quiere, no podría hacerlo por la prohibición del Gobierno en la Ley de Presupuestos Generales, que pretende adelgazar el sector público y privatizar los servicios, provocando mayor gasto, menos empleo y de peor calidad, y peores servicios a la ciudadanía.

Los ayuntamientos pueden hoy generar empleo de calidad, pero para ello es imprescindible y urgente eliminar las restricciones establecidas en los Presupuestos Generales del Estado.

(Publicado en la columna "El ala izquierda de la Casona", del Diario Viva Málaga, el lunes 19 diciembre de 2016)

EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

La Sanidad pública universal, gratuita y de calidad, junto a la educación, ha supuesto en España en las últimas décadas un elemento importante de solidaridad y equidad. Y ello porque se basa en el esfuerzo de quienes más tienen para dar atención sanitaria a todas las personas sin excepción.

Nuestro sistema sanitario público es responsable del aumento de la esperanza de vida en nuestro país en las últimas décadas, sobre todo entre la clase trabajadora.

Sin embargo, los recortes en Sanidad en España en los últimos años rondan los 23.000 millones de euros, lo que ha supuesto disminuciones de plantillas, cierres de camas y quirófanos, aumentos de las listas de espera, etc.

La privatización del sistema sanitario público, iniciada con gobiernos del PSOE, se ha recrudecido con los gobiernos del PP bajo múltiples fórmulas (externalizaciones, concesiones administrativas, derivación de pruebas a clínicas privadas, etc.).

En Andalucía no ha sido mejor. Un informe de CCOO cuantifica la reducción del gasto sanitario en Andalucía en los últimos años en 6.200 millones de euros, con la eliminación de 5.591 empleos y 519 camas, y un incremento muy notable del gasto sanitario familiar, algo muy grave si consideramos nuestras altas cifras de paro y bajos niveles de renta, ya que la mayoría de las familias andaluzas no pueden compensar a su costa las carencias sanitarias públicas. 

Todos estos recortes se inscriben en la ofensiva neoliberal que quiere privatizar los sistemas sanitarios públicos para aumentar el negocio de las grandes corporaciones. Para desmantelarla, interesa desprestigiar la Sanidad Pública española, que goza de gran prestigio internacional precisamente por su universalidad, equidad y fácil accesibilidad.

Por todo ello, Izquierda Unida hemos iniciado una campaña reclamando mejoras en la sanidad pública en Málaga, y queremos confluir con todos los colectivos ciudadanos, plataformas y sindicatos que vienen trabajando de manera independiente por los mismos objetivos.

(Publicado en la columna "El ala izquierda de la Casona" del diario Viva Málaga del lunes 14 de noviembre)