ALGO HUELE A PODRIDO EN ESPAÑA

Imagen tomada de lareplica.es

Hace pocos días conocimos el alegato de la Fiscalía en el “caso Gürtel”. La fiscal califica los hechos como “un atentado directo contra el Estado de Derecho” y solicita la condena del Partido Popular por estimar probada su financiación ilegal. Ante la contundencia y gravedad de sus conclusiones, en cualquier país democrático hubiese dimitido el gobierno en pleno. No en España, donde Rajoy intenta tapar su corrupción con la bandera nacional.

Para la Fiscalía, esta trama corrupta no fue un hecho aislado, sino “una actividad duradera para delinquir y apropiarse de fondos públicos de forma masiva mediante la adjudicación de contratos públicos, a través de un sistema de donaciones”, con las que se pagaron sobresueldos en negro a cargos del PP. Durante muchos años, el PP habría estado recibiendo donaciones de empresas que obtenían adjudicaciones de contratos públicos de ayuntamientos y comunidades gobernadas por el partido.

En la presunta contabilidad “B” de Bárcenas aparecen numerosas referencias “a Málaga”, “de Málaga” o “Concejal de Málaga”. Pedro Arriola, cónyuge de la ex alcaldesa Celia Villalobos, es la persona más veces citada (92). También aparecen numerosas referencias a empresas adjudicatarias de contratos municipales entre 2002 y 2007: entre otras, Teconsa, Begar, o Sando, de la que constan presuntas donaciones por 1.150.000 euros. En dicho período, Sando logró adjudicaciones de obras por 28 millones de euros, del contrato de Parques y Jardines, por el que facturó unos 22 millones a través de su filial Althenia, y del “contrato del siglo” (LIMASA), en UTE junto a FCC y Urbaser.

Existen fundadas sospechas de que el Partido Popular acudiera “dopado” a las municipales de 2003 y 2007, en las que desplegó medios ostensiblemente superiores al resto de partidos.

Tras el informe de la Fiscalía, en el último pleno municipal el grupo municipal de Málaga para la Gente, creyendo necesaria una investigación sobre las posibles implicaciones en nuestro ayuntamiento de la trama de financiación ilegal del PP, propusimos una comisión de investigación al respecto. Lamentablemente, el voto contrario del grupo de Ciudadanos lo impidió. Curioso que el partido que se presentó como "adalid de la regeneración democrática", ha terminado tapando la corrupción del PP e impidiendo su investigación.

(*) Publicado en mi columna "El ala izquierda de la Casona", del diario Viva Málaga, el lunes 30/10/2017

 Mapa de la corrupción del PP, tomado de asivaespana.com

NOS TOMAN POR IDIOTAS

Imagen de malagaldia.es

Resulta sorprendente que en Málaga, donde los conflictos entre Junta y Ayuntamiento tienen paralizados buena parte de los grandes proyectos urbanos, ambas administraciones se compinchen para perpetrar un proyecto especulativo, irreversible e insostenible como el del rascacielos en pleno puerto de la ciudad.

Aunque para ello haya que retorcer la ley, “agilizar trámites burocráticos”, ignorar la viabilidad a medio/largo plazo del proyecto o “taparse los ojos” ante el tremendo impacto visual sobre la imagen más emblemática de Málaga.

Conviene recordar que para que este mastodóntico edificio encaje en la legalidad en la ubicación elegida, hay que: desafectar el suelo del dominio público, aprobar expresamente una nueva Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, modificar el PGOU, el Plan Especial del Puerto y autorizarlo excepcionalmente el gobierno.

Plantear la necesidad de eliminar “burocracia”, como reclamaba el representante de Ciudadanos en la comisión de urbanismo pidiendo “alfombra roja para el proyecto”, es un engaño. No se trata de burocracia, sino de cumplimiento de los requisitos legales para garantizar unos bienes jurídicos dignos de protección (el interés público en el uso del dominio público, el paisaje, el medio ambiente, la movilidad, la seguridad en situaciones de emergencia, etc). Es más, en países como Bangla Desh, Sudán del Sur o Uzbekistán, donde estos bienes tienen mucha menos protección, existe menos “burocracia” para un proyecto como éste. Dudo que nadie los considere como ejemplos en este aspecto. Sin embargo, en Francia, Alemania o Países Bajos, las garantías y requisitos exigidos son aún mayores.  

Pero el colmo de la desfachatez ha venido del Delegado de Medio Ambiente de la Junta, quien afirmó que el impacto paisajístico “depende del enclave donde quien observa se coloque y es solventable meramente mediante un cambio de ubicación de quien lo mira”. Es decir, para evitar el impacto visual basta con no mirarlo o irnos de Málaga.

Lo dicho, nos toman por idiotas.

(*) Publicado en mi columna "El ala izquierda de la Casona", del diario Viva Málaga, el lunes 23/10/2017

Por el Cercanías al PTA

Imagen de Málaga Hoy

El gobierno del Partido Popular ha hecho público esta semana que no contempla la conexión por tren de cercanías al Parque Tecnológico de Andalucía.

Y ello a pesar de ser una de los proyectos más necesarios para la economía malagueña y una reivindicación compartida por trabajadores y empresas del PTA, sindicatos, expertos en movilidad, partidos políticos y todas las instituciones, salvo el gobierno central.

El PTA es actualmente el mayor parque empresarial de Andalucía, con 15.000 trabajadores, con previsión de alcanzar los 50.000 en pocos años. Como señaló esta semana el propio gerente del PTA, la conexión por tren de cercanías es vital para la viabilidad del parque, que corre grave peligro de colapso. Además, junto a la prolongación del metro, permitiría una mejor movilidad de los residentes de un distrito como el de Campanillas que sufren graves problemas de atascos y déficit de transporte público.

Según una contestación a una pregunta parlamentaria de IU en marzo de 2011, la conexión de la Línea C-2 hacia Campanillas/PTA garantizaría una conexión entre el centro y el PTA en apenas 15 minutos, y el transporte en hora punta de 7.560 viajeros cada seis minutos.

Sólo hace falta un ramal de dos kilómetros, cuatro si se hace doble vía, para conectar la actual Línea C-2 con el PTA. La inversión calculada en el anteproyecto existente es de 15 millones de euros, un coste muy razonable para su enorme rentabilidad económica, social y medioambiental.

Por todo ello, la Comisión de Urbanismo de nuestra ciudad, a propuesta del grupo municipal Málaga para la Gente, ha acordado realizar un llamamiento al gobierno del PP para que deje de marginar a Málaga y ponga en marcha un proyecto que es vital para el PTA y para Málaga, y consigne las partidas presupuestarias para la redacción del proyecto definitivo para después incluirlo en el programa de inversiones ferroviarias del Ministerio de Fomento.

Campanillas, el PTA, y Málaga, lo necesitan y lo merecen.

(*) Publicado en la columna "El ala izquierda de la Casona" del diario Viva Málaga, el lunes 16/10/2017

Imagen de Diario Sur

La precariedad laboral mata

Imagen de kaosenlared.net

La siniestralidad laboral, y el número muertes en el trabajo, se han disparado en toda España y también en la provincia de Málaga, como recientemente han denunciado los sindicatos UGT y CCOO.

En lo que llevamos de año, en la provincia de Málaga, la media ronda los 53 accidentes laborales diarios, y han fallecido 17 trabajadores en el tajo, la misma cifra que en todo 2016. Las nefastas políticas del PP de precarización del mercado laboral agravan esta lacra.

Un análisis detallado de estos accidentes pone de manifiesto: que la mayoría siguen produciéndose en el sector de la construcción, en el que las víctimas mortales se han incrementado este año un 48%; y una incidencia muchísimo mayor en pequeñas y medianas empresas subcontratadas y en trabajadores con condiciones laborales precarias. Además, como señalan los expertos en seguridad y salud laboral, la mayoría de los accidentes laborales que se producen son “fácilmente evitables” con más prevención y medidas de seguridad adecuadas en los centros de trabajo. Es necesaria una mayor implicación de las distintas administraciones públicas y de las propias empresas en el cumplimiento de las medidas de prevención.

Los datos ponen de manifiesto que la seguridad y salud en el trabajo es incompatible con condiciones laborales cada vez más precarias, que hacen que el trabajo sea inseguro y con menos medidas de seguridad. Y ello en un contexto donde, más allá de la propaganda sobre una salida de la crisis que no se manifiesta en la vida real, lo cierto es que esa supuesta salida se está fundamentando en la explotación y el abuso al que se enfrentan millones de trabajadores de este país de manera cotidiana.

Frente al empleo precario, hoy resulta imprescindible reivindicar trabajo decente. No sólo la calidad de vida de los trabajadores está en juego, sino también muchas vidas.

(*) Publicado en la columna "El ala izquierda de la Casona" del diario Viva Málaga, el lunes 9 de octubre de 2017

CONVENIOS URBANÍSTICOS: NI SE HA HECHO CIUDAD, NI SE HA HECHO CAJA

En las últimas dos décadas, y al calor de la burbuja inmobiliaria y la época del "pelotazo", el gobierno municipal del PP firmó una serie de convenios urbanísticos con grandes promotoras, algunas de ellas propiedad de entidades bancarias o grandes compañías eléctricas como ENDESA, que cuando gana, ganan y, cuando pierde, perdemos todos.

Dichos convenios urbanísticos alteraban el planeamiento urbanístico y se firmaron con el único criterio de hacer caja, no para mejorar la ciudad dotándola de las zonas verdes y los equipamientos necesarios. Con dichos conveniosel Ayuntamiento preveía ingresar más de 220 millones en las arcas municipales.

Ha de tenerse en cuenta que los convenios deben ser, de acuerdo a la ley, una excepción en la norma urbanística, pero el equipo de gobierno del PP los ha convertido en la regla que ha determinado su política urbanística, siempre con el criterio de satisfacer los intereses de las grandes promotoras y nunca los de la ciudadanía.

Sin embargo, en la actualidad podemos afirmar que la política de convenios urbanísticos desarrollada por el PP ha sido un rotundo fracaso, y no ha servido ni para “hacer caja”: el Ayuntamiento ha dejado de cobrar unos 180 millones de euros de estos convenios urbanísticos del pelotazo (Repsol, La Térmica, Sánchez Blanca, Hoyo Espartero o Martiricos). Estas cantidades han sido “perdonadas” por el gobierno municipal del PP a las empresas promotoras firmantes de estos convenios, casi siempre propiedad de entidades bancarias o grandes eléctricas.

La misma semana pasada conocimos, una vez más a través de los medios de comunicación, que en el convenio urbanístico de Sánchez Blanca, por el que está prevista la construcción de 3.400 viviendas en la zona de la antigua fábrica de Intelhorce, el alcalde “está negociando” perdonar 14 millones de euros a GIA, inmobiliaria vinculada a Unicaja.

De esta forma, el modelo urbanístico especulativo y la mala gestión del PP ha provocado que ni se ha hecho ciudad, ni hay dinero en las arcas públicas.

Y todo esto ocurre con total opacidad, ya el equipo de gobierno oculta a la ciudadanía el desarrollo y ejecución de los convenios, como el cumplimiento de las obligaciones económicas y la ejecución o no de las obras pactadas.

Por ello, el grupo municipal de IU-Málaga para la Gente presentamos una moción a la comisión de Urbanismo de este mes de septiembre, reclamando que se arbitre un mecanismo para hacer un seguimiento, con la máxima transparencia, del desarrollo de los convenios urbanísticos incorporados al Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.

La moción fue aprobada, por lo que sólo resta que el Pleno de este jueves ratifique el acuerdo y, sobre todo, que el equipo de gobierno del PP la cumpla. Así conseguiríamos que, al menos, la ciudadanía pueda conocer los pormenores en cuanto al cumplimiento de los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento.

(*) Publicado en malagactualidad.es, el martes 26 de septiembre de 2017

¿Otro canon sobre la tarifa del agua?

Fotografía de La Opinión de Málaga

La Empresa Municipal de Aguas de Málaga (EMASA) es una empresa municipal pública rentable pero arrastra desde hace años un enorme endeudamiento generado artificialmente para financiar los derroches del equipo de gobierno a través de varias operaciones de ingeniería financiera.

En 1994, con gobierno municipal del PSOE, el Ayuntamiento cobró a EMASA 42 millones de euros como contraprestación por la concesión de las redes de saneamiento.

En 2006, ya con gobierno municipal del PP, el Ayuntamiento le cobró a EMASA 52 millones de euros en concepto de cesión de las infraestructuras de depuración. Y en 2009, volvió a cobrarle a EMASA 75 millones de euros por la concesión de las redes de suministro de agua.

En total, EMASA ha tenido que endeudarse por 169 millones de euros para pagar estas operaciones para financiar al Ayuntamiento.Y el pago de esos préstamos se ha ido repercutiendo en la tarifa que pagamos entre todas y todos durante estos años.

Y lo más grave, esos 169 millones de euros no se invirtieron en infraestructuras hidráulicas que resultaban imprescindibles y urgentes en nuestra ciudad, sino que el Partido Popular los derrochó en fiascos como el “Museo de las Gemas”, su extensa nómina de cargos de confianza y otras políticas clientelares que le aseguraran su reelección.

Resultado de todo esto es la actual situación: una urbe con unas infraestructuras hidráulicas atrasadas y deterioradas, propias de una ciudad tercermundista, yuna empresa del agua súper endeudada.

Y ahora el alcalde plantea la necesidad  de gravar con un nuevo canon la tarifa del agua para financiar la necesidad urgente de invertir 130 millones de euros en obras de abastecimiento, saneamiento y depuración.

En resumen, el alcalde quiere que la ciudadanía vuelva a pagar sus derroches millonarios y su nefasta gestión. Y desde Málaga para la Gente no lo vamos a permitir, por lo que abogamos, si es necesario por una amplia movilización ciudadana que aúne partidos, sindicatos, asociaciones vecinales y de consumidores, como la que en su día echó abajo el tarifazo sobre el agua del partido popular.

(*) Publicado en "El ala izquierda de la Casona", del diario Viva Málaga el lunes 25 de septiembre de 2017

La chapuza del Benítez

Foto de Diario Sur

El que iba a ser uno de los proyectos estrellas del alcalde Francisco de la Torre, el Parque del Campamento Benítez,  (“similar al parque de la Batería en Torremolinos o al Parque de la Paloma en Benalmádena”, el “Central Park” del sur de España, llegó a decir), ha terminado convirtiéndose en otro gran fiasco.

Tras derrochar un millón de euros, el Parque del Benítez es una gran chapuza. El afán electoralista y las prisas por presentar como cumplida al menos una de las grandes promesas de las últimas elecciones, impulsó al alcalde a abrir el Benítez sin las mínimas condiciones de uso y seguridad. Tan sólo se han puesto una veintena de mesas, unas pocas papeleras, se ha desbrozado una pequeña parte y se ha vallado la laguna en desuso que nunca se debió construir.

A excepción de la zona de pinos donde están las mesas, la situación del Benítez es un desastre por su mal estado: no hay ni fuentes, ni baños públicos, ni vigilancia. Existen grandes desniveles, escombros e incluso hierros al descubierto. Y lo que iba a ser un lago artificial, hasta que Aviación Civil lo prohibió, aún permanece allí sin que los responsables municipales sepan qué hacer en ese espacio central.

Por otro lado, la conocida entrada original del campamento Benítez por la N-340, que se encuentra justo al lado un paso a nivel para peatones, y una parada del bus público, permanece cerrada. Y la puerta lateral habilitada es prácticamente inaccesible para peatones, que deben cruzar varias vías sin ningún paso, y el conjunto es totalmente inaccesible para personas con movilidad reducida, pues los caminos  interiores están intransitables.

Málaga para la Gente va a insistir en que se dote al Parque de los equipamientos  necesarios, como puntos de agua, servicios, y sobre todo accesibilidad y seguridad, para que sea un verdadero parque disfrutable por todas las personas.

(*) Publicado en "El ala izquierda de la Casona" del diario Viva Málaga, el lunes 18 de septiembre de 2017

Foto de La Opinión de Málaga