La Térmica: el mayor saqueo de la Historia de Málaga (4ª parte y final)

En las tres anteriores entregas he intentado poner de manifiesto, con datos extraídos de los propios expedientes oficiales, cómo Endesa, a través de su sociedad testaferro “Nueva Marina Real Estate”, consiguió un beneficio cercano a los 100 millones de euros, mediante un fabuloso incremento del valor de sus aprovechamientos urbanísticos en el sector de La Térmica propiciado tanto por el convenio urbanístico firmado con el Ayuntamiento en 2008, como por la “Adenda” al mismo aprobada en 2013.  Y cómo, gracias a la caducidad del expediente de deslinde del dominio público marítimo terrestre de la franja de playa del sector de la Térmica, iniciado en 2010, y del nuevo deslinde reiniciado después por Costas, que “salvaba” más de 20.000 metros de suelo, propiedad de la filial de Endesa en el sector, del dominio público, ésta volvía a incrementar sus beneficios en 21 millones de euros más, como mínimo.

En definitiva, Endesa habría conseguido unos beneficios totales de más de 121 millones de euros, a costa de la recalificación urbanística de los suelos de la antigua fábrica, y de “comerse” un pedazo de la playa de todos y todas. Y todo ello “gracias” a la colaboración necesaria de Costas y el Ayuntamiento de Málaga.

Pero no fueron Costas y el Ayuntamiento de Málaga las únicas administraciones que posibilitaron estos enormes beneficios para Endesa mediante estas operaciones especulativas y como mínimo “irregulares”. La Fiscalía de Málaga, institución que tiene por misión promover, de oficio o a petición de los interesados, la defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público, permaneció pasiva y  se negó si quiera a investigar los hechos contenidos en las denuncias que desde el grupo municipal Málaga para la Gente le presentamos.

Efectivamente, el 29 de abril de 2016, mi compañera Remedios Ramos y yo mismo, en nuestra calidad de concejales integrantes del grupo municipal Málaga para la Gente, interpusimos denuncia ante la Fiscalía Provincial de Málaga, por entender que existían indicios razonables de que la caducidad del expediente de deslinde de 2010, fue conscientemente querida por los responsables de la Demarcación de Costas Andalucía-Mediterráneo, generando cuantiosos beneficios a Endesa a través de su filial propietaria del suelo, y una pérdida de superficie del dominio público de la playa.

Igualmente, el 14 de julio de 2016, interpusimos nueva denuncia ante la Fiscalía por entender que del convenio urbanístico de planeamiento y su posterior “Adenda”, firmados con las entidades mercantiles “Nueva Marina Real Estate, S.L.” y “Endesa Distribución Eléctrica, S.L.”, se desprendían claros perjuicios patrimoniales para el Ayuntamiento y para la ciudad de Málaga.

Sin embargo, en octubre de 2016, la Fiscalía archivó ambas denuncias. En el caso de la denuncia por la caducidad del deslinde, la archivaba a pesar de reconocer el retraso y la caducidad del primer expediente de deslinde, pero sin realizar siquiera ninguna diligencia de investigación acerca de los posibles motivos de ese retraso. En cuanto a la denuncia relativa al “pelotazo” de Endesa con el convenio urbanístico y la posterior Adenda, la Fiscalía se desentendía del asunto alegando la existencia de un recurso contencioso interpuesto contra esos actos.

Efectivamente, a finales de 2015, mi compañera Remedios Ramos y yo mismo, como concejales del grupo municipal Málaga para la Gente, habíamos interpuesto recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la aprobación en octubre de ese año por el Pleno del Ayuntamiento de Málaga (con los votos de PP y Cs) del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) “La Térmica”.

En octubre de 2017, la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga del TSJA dictó sentencia estimando parcialmente nuestro recurso y anulando el PERI “La Térmica”, básicamente por no constar informe o memoria de sostenibilidad económica en el PERI que justificara la sostenibilidad de la actuación urbanística para las arcas públicas desde su puesta en marcha respecto a las nuevas infraestructuras y servicios necesarios. La sociedad testaferro de Endesa recurrió en casación al Tribunal Supremo, recurso que está pendiente de resolverse.

En resumen, a pesar de nuestras denuncias, y gracias al gobierno municipal de PP en el Ayuntamiento de Málaga, gracias a la Demarcación de Costas Andalucía-Mediterráneo durante el gobierno de Rajoy, y gracias a la Fiscalía Provincial, el mayor saqueo del patrimonio público de Málaga en la Historia de la ciudad ha quedado consumado e impune.

Lo único que hemos conseguido, hasta el momento, es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aceptando parcialmente nuestro recurso contencioso, anulara el Plan Especial de Reforma Interior por su tramitación chapucera y opaca.

No es poco, esta anulación obliga a la propiedad del suelo, a salvo de lo que dictamine definitivamente el Supremo, a presentar un nuevo PERI. Y abre la posibilidad, al menos, de repensar la fachada litoral del poniente de nuestra ciudad, aún sin definir, y plantear una actuación más equilibrada y amable, menos masificada y con más espacios verdes y equipamientos.