(Imagen de publico.es)
Hace apenas tres semanas llegaron a nuestras costas casi un millar de
personas. Lo hicieron jugándose la vida y en condiciones extremamente precarias,
dejando atrás su vida, sus casas, sus familias, sus amistades, sus recuerdos,
sus sueños. No lo hicieron por turismo, sino huyendo de la miseria, del
hambre, de la persecución política y, en muchos casos, de la muerte segura de
ellos o de sus familiares. En definitiva, buscando alcanzar en nuestro país la
dignidad del ser humano.
Nada más lejos de la realidad, en nuestro país estas personas han sido
tratadas por el gobierno como delincuentes y han sido encarceladas en el Centro
Penitenciario Málaga II en Archidona, incluso a los menores. Una decisión que atenta gravemente contra
el espíritu democrático de nuestro país, nuestra legislación y contra la propia
dignidad del ser humano, pues es un derecho humano básico el que ninguna
persona pueda ser privada de libertad sin haber cometido un delito y haber sido
condenada por ello.
La decisión del Ministerio del Interior ha sido unánimemente condenada por asociaciones
de derechos humanos, ONG´S de solidaridad con las personas inmigrantes, sindicatos,
el Consejo General de la Abogacía Española, el Defensor del Pueblo y por el mismo Vaticano. También el
Ayuntamiento de Málaga aprobó nuestra moción condenando esta decisión.
Pero si grave es que se prive de libertad a personas que no han cometido
ningún delito, internándolas en una prisión, mucho más lo es que se haga en un
recinto que carece de las condiciones mínimas para ello, sin agua potable, ni
servicio de comedor, ni personal para atenderlos.
En una provincia que, como nuestro municipio, se declaró libre de Centros
de Internamiento de Extranjeros, ahora el gobierno los interna en condiciones
aún peores a las de esos centros.
(Publicado en la columna "El ala izquierda de la Casona", del diario Viva Málaga, el lunes 11/12/2017)
(Imagen de eldiario.es)
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