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El agua, la luz, el gas son bienes esenciales para la vida, por lo que debe
de garantizarse un suministro básico vital a todas las personas, y no
supeditarse al interés privado.
Sin embargo, en Málaga hay más de 30.000 hogares cuyos integrantes tienen
graves dificultades para pagar la luz o el agua, y más del 22% está en riesgo
de pobreza, casi la mitad de los menores de 16 años. El riesgo de pobreza en
Málaga ha ido aumentando en más de un punto cada año.
Por si esto fuera poco, en este invierno la factura de la electricidad ha subido
un 10%, mientras que las tres grandes compañías eléctricas de nuestro país
acumulan ganancias de más de 56.000 millones de euros desde que comenzó la
crisis.
La pobreza tiene un impacto profundo en la vida de las personas, agrava
enfermedades crónicas y acorta la esperanza de vida. Se estima que la pobreza está
detrás de más de 2.300 muertes prematuras anuales, frente a las 1.480
provocadas por accidentes de tráfico. Muchas familias tienen que decidir si se
calienta el hogar o dan el desayuno a los niños.
El Gobierno acaba de publicar la nueva regulación sobre el bono social
eléctrico que, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios
Sociales, hace recaer exclusivamente en las corporaciones locales el deber de
cubrir los gastos generados por su aplicación, en vez de obligar a que sean
asumidos por las compañías eléctricas.
Es urgente la aprobación de una Ley que garantice los suministros básicos para
todas las personas y que ponga fin al abuso y el enriquecimiento desmedido de
las grandes compañías energéticas, esas que cuentan en sus consejos de
administración con ex presidentes y ex ministros tanto del PP como del PSOE.
Publicado en mi columna "El ala izquierda de la Casona", del diario Viva Málaga, el lunes 22 de enero de 2018.
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