Entre
2006 y 2016 se registraron siete mil infracciones urbanísticas impunes, la
mayoría por no haber sido tramitadas, o por haberse dejado caducar los
procedimientos sin culminarlos, prescribiendo en muchos casos las infracciones.
Este
asunto constituye uno de los escándalos más graves del gobierno municipal del
PP en los últimos años pues, además de quedar impunes miles de ilegalidades
urbanísticas, se han dejado de ingresar en las arcas municipales millones de
euros.
Sin
embargo, y a pesar de haber solicitado información precisa por todos los cauces
posibles (por escrito, mediante moción, en un Consejo Rector extraordinario de
la Gerencia convocado a tal fin, o en la Comisión de Transparencia), no se nos ha
facilitado más que información verbal e imprecisa.
Y
queremos una relación detallada de expedientes, fechas, motivos de posible
infracción y la posible sanción, causa de no haberse tramitado o haber
caducado, y si ha prescrito la infracción.
Nos
preguntamos, qué interés tiene el gobierno municipal del PP en que esto ocurra,
pues se redujo de seis a sólo tres el número de inspectores para toda la
ciudad, una cifra completamente insuficiente (ocho, por ejemplo, tiene Sevilla).
En
el colmo del esperpento, Urbanismo ha aprobado un Plan de Inspección por el que
se puntuarán las presuntas infracciones conforme a unos discutibles criterios y
se perseguirán sólo las de más puntuación, renunciando así de antemano a
perseguir cientos de ilegalidades.
Por
ello, y a propuesta de IU-Málaga para la Gente, el último Pleno, con los votos
de todos los grupos excepto el PP, aprobó constituir una Comisión de
Investigación para poder conocer toda la información que se nos ha negado, con toda la documentación a disposición de los
grupos y donde comparezcan el personal técnico, directivo y cargos políticos
que se solicite.
* Publicado en mi columna, "El ala izquierda de la Casona", del diario Viva Málaga, el lunes 26 de marzo de 2018
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