Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), encargado por el Juzgado de Instrucción que investiga al concejal ex delegado de Urbanismo y al gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, por el caso “Villas del Arenal”, ha revelado que la Gerencia Municipal de Urbanismo rebajó el valor de obras sancionables en dicha urbanización, con la consiguiente rebaja en las sanciones.
Esto ocurrió cuando el exconcejal de Urbanismo, con el conocimiento y visto bueno del alcalde “liquidó” a toda la estructura jerárquica del Servicio Jurídico Administrativo de Inspección y Conservación, cesando a todos los responsables del mismo, y sustituyéndolos por lo que se conoció como "equipo B", un equipo creado con la intención de ser más indulgentes en la sanción de las ilegalidades.
De esta forma, la UDEF viene a confirmar lo que denunciábamos en el anterior mandato corporativo, y lo que concluyó la Comisión de Investigación municipal propuesta por nuestro grupo: hubo injerencias del equipo de gobierno del PP en la labor de los empleados municipales responsables de la inspección y sanción para que fueran más indulgentes con algunos infractores.
Esto es especialmente grave, porque la potestad disciplinaria, es decir, la facultad que tiene la Administración para sancionar las ilegalidades, no es discrecional, no depende del criterio libre y prudencial de los responsables, sino que es obligatoria. Cuando alguien comete una ilegalidad, la Administración no puede elegir si se sanciona o no, sólo cabe sancionarla conforme a la ley.
Pero sobre todo es gravísimo porque no es admisible en derecho que las consecuencias de la infracción de la ley sean distintas según quién las comete, o según el criterio, ya sea electoralista, clientelar, o de cercanía de cualquier tipo, de quién debe sancionarlas.
Y es que uno se los principios básicos del Derecho es que la ley debe ser igual para todas las personas.
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