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En los
últimos días los taxistas han vuelto a protestar en Málaga para reclamar al
gobierno andaluz que actúe contra la competencia desleal de las multinacionales
de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que tributan en paraísos
fiscales y que practican estrategias agresivas de implantación y abusos
laborales como Uber y Cabify.
El taxi, además de un servicio público, es un
medio de vida para casi dos mil familias malagueñas, entre autónomos y
asalariados que pagan aquí sus impuestos.
Málaga es la
tercera ciudad española con más licencias de VTC, con un total de 1.488, muy superior
al de otras capitales andaluzas como Sevilla, por ejemplo, que solo cuenta con
233 permisos.
El taxi y los VTCs han convivido durante muchos
años, hasta que las multinacionales han invadido el espacio del taxi haciendo
que sus vehículos vayan “a la caza de clientes” por las calles o a estaciones
de buses, trenes o aeropuerto, cuando legalmente las VTCs sólo pueden prestar
el servicio previa contratación y partiendo desde su base. El Ayuntamiento debe intensificar el control del cumplimiento
de la ley por las VTCs.
El gobierno andaluz de PP y Cs, apoyado
por Vox, se muestra contrario a fijar una antelación mínima de pre contratación para
operar y pretende
establecer estaciones para las VTC en zonas
estratégicas para operar desde emplazamientos distintos a su base, agravando la
competencia sobre el taxi.
Resulta
irónico que quienes tanto presumen de defender
España, favorezcan a multinacionales que tributan en paraísos fiscales y
empobrezcan a miles de autónomos y asalariados que pagan aquí sus impuestos.
Los taxistas no aguantan más tanta injusticia e
ilegalidades y advierten de nuevas movilizaciones si las administraciones no
toman medidas. Sólo el gobierno municipal y el gobierno andaluz pueden evitarlo
garantizando que las VTCs cumplan las normas laborales y de transporte.
(Publicado en mi columna "El ala izquierda de la casona", del diario Viva Málaga, el 13 de noviembre de 2019)
