viernes, 6 de diciembre de 2013

Discurso en el Acto institucional del Día de la Constitución

Buenos días, Sr. Subdelegado del Gobierno, Sr. Delegado de la Junta de Andalucía, Sr. Presidente de la Diputación Provincial, Sr. Alcalde y miembros de la corporación, resto de autoridades civiles, medios de comunicación y público que nos acompaña.

La Constitución Española de 1978 de la que hoy es su aniversario es la séptima en la Historia de España que puede ser considerada como tal. Nació, hace hoy 35 años, como fruto de un amplio consenso no solo político sino sobre todo de un gran paccto social, entres partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y otros agentes sociales en un contexto muy concreto de tránsito de una Dictadura a un sistema de mocrático.

En ese contexto tuvieron lugar conflictos y pactos sociales que dieron lugar al nacimiento de derechos democráticos, sociales y laborales:

-       - Se incrementaron los salarios,
-       - Se limitó el despido libre y se estableció una mayor protección al desempleo,
-       - Se garantizaron unos derechos sociales mínimos en salud, protección social y educación,

La CE de 1978 consagró aquellos logros futo de los conflictos y pactos sociales, entre ellos:

-       - El derecho al trabajo (artículo 35),
-       - El derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga (artículo 37),
-       - La protección económica, social y jurídica de la familia (artículo 39),
-       - El derecho a la protección de la salud (artículo 43),
-       - El derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada (artículo 47).

A partir de la CE 1978 la legislación desarrolló y reguló estos derechos.

Sin embargo, desde hace unos años aquel Pactos Social que mejoró las condiciones de vida de la mayoría de la población de ha roto. Los derechos que se pactaron y declararon son hoy, en su mayoría, papel mojado:

-   En seis años se han destruido más de cinco millones de puestos de trabajo,
-   En seis años se han ejecutado más de 400.000 desahucios, muchos de ellos de familias con hijos menores,
- En seis años se han cerrado más de un millón y medio de pequeñas y medianas empresas,
-  Y se están deteriorando y devaluando, cuando no desmantelando directamente, servicios públicos esenciales, como la Salud y la Educación,
            -  Y se está reduciendo cada vez más la protección social,
-       
Y ahora incluso se pretende criminalizar la protesta y se habla de limitar el derecho de huelga y la negociación colectiva.

El Estado Social y Democrático de Derecho se resquebraja.

Está en riesgo el Estado Social. Todos los artículos de la Constitución que le dan carácter de Estado Social a España se incumplen. Eso sí, se cumple rajatabla artículo 135, recientemente aprobado con urgencia y nocturnidad entre PP y PSOE, que garantiza la preferencia del pago de la deuda a la Banca por encima del sostenimiento de los servicios públicos esenciales.

Pero es que está en riesgo también el Estado Democrático, porque la ruptura del Pacto Social que posibilitó la Constitución de 1978 viene impuesta por poderes económicos que nadie ha votado: los llamados mercados, “la troika”, o el Banco Central Europeo. Que dicen a los gobiernos lo que tienen que hacer, y éstos obedecen.

Y desaparece también el Estado Democrático. Porque, ¿para qué sirve una Constitución si no es para cumplirla, para garantizar los derechos que consagra? ¿Para qué sirve un poder que no es capaz de cumplir su propia legalidad?

Por ello, la Constitución Española, que consagró avances indudables logrados en el conflicto y el pacto social, en materia de Derechos Humanos, derechos sociales y democráticos, y servicios públicos esenciales, está hoy más atacada y devaluada que nunca.

Esta es la disyuntiva la que se enfrenta hoy la Constitución de 1978:

-    - O se garantiza el cumplimiento de los derechos proclamados en ella y que son pilares del Estado Social y Democrático de Derecho,
-       - O se justifica y hace necesario iniciar un nuevo proceso constituyente democrático, que aúne amplios consensos y posibilite pactos sociales para garantizar los Derechos Humanos, una Democracia participativa, más derechos sociales y unos servicios públicos de calidad con más protección social. En beneficio todo ello de la gran mayoría de la población.

Gracias.




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