En las
tres anteriores entregas he intentado poner de manifiesto, con datos extraídos
de los propios expedientes oficiales, cómo Endesa, a través de su sociedad
testaferro “Nueva Marina Real Estate”, consiguió un beneficio cercano a los 100
millones de euros, mediante un fabuloso incremento del valor de sus
aprovechamientos urbanísticos en el sector de La Térmica propiciado tanto por el
convenio urbanístico firmado con el Ayuntamiento en 2008, como por la “Adenda”
al mismo aprobada en 2013. Y cómo,
gracias a la caducidad del expediente de deslinde del dominio público marítimo
terrestre de la franja de playa del sector de la Térmica, iniciado en 2010, y
del nuevo deslinde reiniciado después por Costas, que “salvaba” más de 20.000
metros de suelo, propiedad de la filial de Endesa en el sector, del dominio
público, ésta volvía a incrementar sus beneficios en 21 millones de euros más,
como mínimo.
En
definitiva, Endesa habría conseguido unos beneficios totales de más de 121
millones de euros, a costa de la recalificación urbanística de los suelos de la
antigua fábrica, y de “comerse” un pedazo de la playa de todos y todas. Y todo
ello “gracias” a la colaboración necesaria de Costas y el Ayuntamiento de
Málaga.
Pero
no fueron Costas y el Ayuntamiento de Málaga las únicas administraciones que
posibilitaron estos enormes beneficios para Endesa mediante estas operaciones especulativas
y como mínimo “irregulares”. La Fiscalía de Málaga, institución que tiene por misión promover, de oficio o a petición de los
interesados, la defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el
interés público, permaneció pasiva y se
negó si quiera a investigar los hechos contenidos en las denuncias que desde el
grupo municipal Málaga para la Gente le presentamos.
Efectivamente, el 29 de abril de 2016, mi compañera Remedios
Ramos y yo mismo, en nuestra calidad de concejales integrantes del grupo
municipal Málaga para la Gente, interpusimos denuncia ante la Fiscalía
Provincial de Málaga, por entender que existían
indicios razonables de que la caducidad del expediente de deslinde de 2010, fue
conscientemente querida por los responsables de la Demarcación de Costas
Andalucía-Mediterráneo, generando cuantiosos beneficios a Endesa a través de su
filial propietaria del suelo, y una pérdida de superficie del dominio público
de la playa.
Igualmente, el 14 de julio de 2016, interpusimos nueva
denuncia ante la Fiscalía por
entender que del convenio
urbanístico de planeamiento y su posterior “Adenda”, firmados con las
entidades mercantiles “Nueva Marina Real Estate, S.L.” y “Endesa Distribución
Eléctrica, S.L.”, se desprendían claros perjuicios patrimoniales para el
Ayuntamiento y para la ciudad de Málaga.
Sin
embargo, en octubre de 2016, la Fiscalía archivó ambas denuncias. En el caso de
la denuncia por la caducidad del deslinde, la archivaba a pesar de reconocer el
retraso y la caducidad del primer expediente de deslinde, pero sin realizar
siquiera ninguna diligencia de investigación acerca de los posibles motivos de
ese retraso.
En cuanto a la denuncia relativa al “pelotazo” de Endesa con el convenio
urbanístico y la posterior Adenda, la Fiscalía se desentendía del asunto alegando
la existencia de un recurso contencioso interpuesto contra esos actos.
Efectivamente,
a finales de 2015, mi compañera Remedios Ramos y
yo mismo, como concejales del grupo municipal Málaga para la Gente,
habíamos interpuesto recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la aprobación en octubre de ese
año por el Pleno del Ayuntamiento de Málaga (con los votos de PP y Cs) del Plan
Especial de Reforma Interior (PERI) “La Térmica”.
En octubre de 2017, la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Málaga del TSJA dictó sentencia estimando parcialmente nuestro recurso y
anulando el PERI “La Térmica”, básicamente por no constar informe o memoria de
sostenibilidad económica en el PERI que justificara la sostenibilidad de la
actuación urbanística para las arcas públicas desde su puesta en marcha
respecto a las nuevas infraestructuras y servicios necesarios. La sociedad
testaferro de Endesa recurrió en casación al Tribunal Supremo, recurso que está
pendiente de resolverse.
En resumen, a pesar de nuestras denuncias, y gracias al
gobierno municipal de PP en el Ayuntamiento de Málaga, gracias a la Demarcación
de Costas Andalucía-Mediterráneo durante el gobierno de Rajoy, y gracias a la
Fiscalía Provincial, el mayor
saqueo del patrimonio público de Málaga en la Historia de la ciudad ha quedado
consumado e impune.
Lo
único que hemos conseguido, hasta el momento, es que el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, aceptando parcialmente nuestro recurso contencioso,
anulara el Plan Especial de Reforma Interior por su tramitación chapucera y
opaca.
No
es poco, esta anulación obliga a la propiedad del suelo, a salvo de lo que
dictamine definitivamente el Supremo, a presentar un nuevo PERI. Y abre la
posibilidad, al menos, de repensar la fachada litoral del poniente de nuestra
ciudad, aún sin definir, y plantear una actuación más equilibrada y amable,
menos masificada y con más espacios verdes y equipamientos.
