A poco más de tres meses de las próximas elecciones municipales, un
terremoto sacude el gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Málaga,
poniendo contra las cuerdas a Francisco De la Torre quizás por primera vez en
sus casi veinte años de alcalde.
Las consecuencias políticas de la apertura de la investigación judicial
sobre el gobierno municipal de De la Torre son de gran alcance, pues obliga a
los socios de investidura de De la Torre a retirarle su apoyo en el tramo final
de este mandato corporativo, si éste no cesa a los concejales y el gerente
investigados judicialmente.
El Pleno de nuestra ciudad celebrado el pasado 6 de febrero aprobó las
mociones de nuestro grupo, Málaga para la Gente, grupo socialista y Ciudadanos,
y acordó exigir a De la Torre el cese inmediato de sus concejales, Porras y
Pomares, y al coordinador-gerente de urbanismo, Cardador, en cuanto el Juzgado
de Instrucción abriera Diligencias Previas adquiriendo los denunciados la
condición de investigados. También aprobó nuestra propuesta de reprobar a De la
Torre, pues siendo conocedor de todo lo que estaba pasando permitió que se
apartara de sus funciones a servidores públicos que querían ejercer su función
con sujeción a la ley y que denunciaron las injerencias políticas.
En marzo de 2018, el Pleno de la ciudad aprobó nuestra propuesta de
constituir una Comisión de Investigación sobre los más de 7.000 expedientes
sancionadores urbanísticos sin tramitar. En ella se conocieron gravísimas
injerencias del concejal y del gerente de Urbanismo y de la concejala del
distrito 6 en la labor de inspección y sanción de infracciones urbanísticas por
los empleados públicos. Por ello, presentamos denuncia ante la Fiscalía.
A resultas de nuestra denuncia, entre otras, y de los documentos y
testimonios conocidos en la Comisión de Investigación, la Fiscalía denunció al
concejal de urbanismo, Francisco Pomares, a la concejala del distrito 6, Teresa
Porras, y al coordinador-gerente de Urbanismo, José Cardador, por delitos
tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento oficial y
malversación de caudales públicos. Y el Juzgado de Instrucción número ocho de
la capital no ha tardado en abrir Diligencias Previas para investigar estos
gravísimos delitos, y los ha citado a declarar en condición de investigados.
El acuerdo de investidura firmado por De la Torre con el grupo Ciudadanos
decía textualmente: “Separar de inmediato de cualquier cargo público a
imputados (ahora investigados) por corrupción política hasta la resolución del
completa del procedimiento judicial”.
Los grupos de la oposición hemos solicitado la celebración de Pleno
extraordinario, que el alcalde deberá convocar en quince días, para pedir a los
ediles y al gerente investigados que dimitan como concejales o, si no lo hacen
exigir al alcalde que los cese de sus funciones de gobierno.
Sin embargo, De la Torre insiste en defenderlos escudándose en que los
asiste el principio de “presunción de inocencia”.
Pretende confundir a la ciudadanía, ocultando que las responsabilidades
políticas van más allá de las penales. Independientemente de que el órgano
judicial determine en su momento la existencia o no de responsabilidad penal,
operando plenamente la presunción de inocencia, no debe consentirse que
personas investigadas por tan graves delitos puedan seguir ejerciendo
responsabilidades públicas.
Incumple su palabra y su acuerdo firmado con sus socios de investidura, lo
que no es nuevo en su trayectoria política en la que ha dado muestras
repetidamente que tiene menos palabra que un telegrama.
Olvida, además, que él mismo exigió en el
año 2003, justo antes de las elecciones municipales, pidió insistente y
vehementemente la dimisión de sus cargos del delegado de Obras Públicas,
Enrique Salvo, y de la gerente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol,
Ana Gómez, cuando fueron denunciados y sin esperar que fueran llamados a
declarar. Ahora dice todo lo contrario…
Al no cesarlos, los está respaldando, por lo que exigiremos a De
la Torre que dimita y acabe con la lamentable imagen que está ofreciendo: incumplidor de su
palabra, incoherente y carente de ética política.
(Publicado en mi columna "Contra viento y marea", de la revistaelobservador.com)
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