Gracias a los datos conocidos en la Comisión de Investigación sobre los
expedientes urbanísticos sin tramitar propuesta por nuestro grupo, la Fiscalía ha
denunciado al concejal de urbanismo, a la concejala del distrito 6, y al Coordinador-Gerente
de Urbanismo, por delitos tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en
documento oficial y malversación de caudales públicos.
Desde 2017, hasta en cinco ocasiones solicitamos sin éxito información
sobre esos expedientes urbanísticos, por lo que en febrero de 2018 lo hicimos
en la Comisión de Transparencia. Al seguir sin obtener información, en marzo de
2018, propusimos una comisión de Investigación, que apoyaron todos los grupos
salvo el PP.
En la Comisión de Investigación se conocieron gravísimas injerencias del
concejal y del gerente de Urbanismo y de la concejala del distrito 6 en la
labor de inspección y sanción de infracciones urbanísticas por los empleados
públicos, por lo que, presentamos denuncia ante la Fiscalía.
El
Ministerio Fiscal, órgano que tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa
de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, apreciando indicios racionales de graves delitos, ha pedido al Juez la apertura de procedimiento
penal y ha ordenado a la Policía seguir investigando.
Este asunto es el más grave escándalo en el Ayuntamiento de Málaga, no sólo
durante este mandato corporativo, sino en todos los años de gobierno municipal
del Partido Popular.
Consta acreditado que el alcalde conocía todo lo que estaba pasando y
permitió que se apartara de sus funciones a servidores públicos que querían
ejercer su función con sujeción a la ley y que denunciaron las injerencias
políticas.
Las responsabilidades políticas van más allá de las penales, y no debe
consentirse que personas investigadas por tan graves delitos sigan ejerciendo
responsabilidades públicas.
El alcalde debe cesarlos inmediatamente. De lo contrario, los estará
respaldando y le exigiremos la dimisión a él.
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