miércoles, 8 de abril de 2020

UN GRAN PACTO SOCIAL POR LO PÚBLICO


La crisis sanitaria y social provocada por el COVID-19 está evidenciando que, lejos del individualismo al que nos aboca el neoliberalismo, para enfrentar un problema de seguridad nacional como éste es necesaria una sociedad civil fuerte, asentada en los valores de la solidaridad, la cooperación y el apoyo mutuo.

Pero además, la crisis está poniendo de manifiesto las enormes carencias de nuestro “Estado del Bienestar”, sobre todo en cuanto a la capacidad y calidad de nuestros servicios públicos y la cobertura social.

La sanidad y la educación pública y los servicios sociales han sufrido desde 2010 una importante merma como consecuencia de las políticas neoliberales de recortes. Y precisamente ahora esos servicios públicos se muestran imprescindibles en estos tiempos de crisis, no solo sanitaria sino también social y económica.

La primera lección de esta crisis es que necesitamos una sanidad pública más fuerte, con más profesionales y sin precariedad, y con unos estándares de calidad que posibiliten afrontar con garantías emergencias como esta. Una sanidad pública que, en contra de los postulados de la derecha, debe ser universal, pues es necesaria la atención a todas las personas, tengan o no papeles, para la seguridad de cada una.

Necesitamos, además, una educación pública de calidad, con inversión suficiente en personal y en medios, que potencie la innovación y la investigación como bases para un nuevo modelo productivo no dependiente del turismo, un sector volátil que se derrumba cual castillo de naipes a la menor crisis internacional.

Y precisamos de unos servicios sociales, hasta ahora el patito feo de nuestro Estado del Bienestar, más desarrollados y con inversión suficiente en el sistema de dependencia, que tan necesario se muestra ahora cuando el coronavirus está golpeando especialmente a personas mayores dependientes sin asistencia o con una insuficiente atención.

Por todo ello, es necesario un gran Pacto Social por lo Público, con la participación de la ciudadanía, y con base en los principios sociales recogidos en la Constitución.


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