Para nuestro alcalde Francisco De la Torre, todo el año es carnaval

Con la gran final del concurso de agrupaciones del carnaval de Málaga, que tuvo lugar del pasado viernes en el Cervantes, dio comienzo el Carnaval de Málaga 2014. El alcalde, Francisco De la Torre, acudió al Cervantes con un disfraz que evocaba al general José María Torrijos. Él, que fue Presidente de la Diputación Provincial de Málaga en el régimen franquista, por la gracia del caudillo, se disfraza del héroe fusilado en cuyo monolito en Málaga reza la leyenda “en vista de este ejemplo, ciudadanos, antes morir que consentir tiranos”. Él, que desde su asiento en el Senado vota una a una todas las leyes del gobierno del PP, que en dos años han supuesto un recorte de derechos sociales y libertades públicas sin precedentes, se pone la máscara del héroe liberal fusilado en Málaga en 1831 por luchar contra el absolutismo.  

Pero lo suyo es la impostura y el disfraz durante todo el año, no sólo por Carnaval.

Sostiene que su gobierno lleva adelante una política social ejemplar, cuando no ha querido aprobar un plan extraordinario de medidas urgentes contra la pobreza, ni un plan de empleo con micro actuaciones en los barrios, presupuestados ambos en algo más de 10 millones de euros, cuando ha perdonado ya a promotores y bancos más de 70 millones de euros en la revisión de los convenios de Repsol, la Térmica, y Martiricos.

Ensalza la política cultural de su gobierno municipal, cuando tiene abandonadas las bibliotecas municipales de la ciudad, negándose incluso a mantenerlas abiertas en horario completo en período de exámenes, y ha gastado más de 20 millones de euros en el fiasco del museo de las gemas, o 21 millones en el desusado y olvidado edificio de los antiguos cines Astoria y Victoria.

Se ha opuesto, y hasta boicoteado, el proyecto de la Consejería de Fomento y Vivienda para culminar la línea del metro hasta el palo en superficie, entre otros argumentos porque supondría un caos para la movilidad y un obstáculo a la peatonalización de la Alameda. Y, sin embargo, el Avance del Plan Municipal de Movilidad Sostenible, que prevé la peatonalización de la Alameda y una malla de itinerarios peatonales y en bici y en transporte público por toda la ciudad, lleva más de tres años en un cajón, sin que parezca tener intención de aprobarlo.

Presume de “smart city”, ciudad inteligente y sostenible, cuando somos una de las ciudades con menos zonas verdes por habitante de España.

Recordados son algunos de sus chistes y gracietas en cualquier época del año.

  

Recordarán como, hace algo más de un año, justificaba la ampliación de la zona azul en distintas zonas de la ciudad en que los ciudadanos serían más felices pagando por el aparcamiento.   

Más recientemente, ocupó espacios en todos los medios nacionales con sus declaraciones justificando la subida de la tarifa del agua para la mayoría de los hogares en Málaga en la necesidad de ahorrar agua, y poniendo como ejemplo su ducha cronometrada con 11 litros de agua, lo que estaba “dispuesto a demostrarlo ante notario”.

En resumen, el alcalde no necesita llegar a la época del carnaval. Para De la Torre, como reza el título de uno de los famosos artículos de Mariano José de Larra, publicado en El Pobrecito Hablador en 1833, “el mundo todo es máscaras: todo el año es carnaval”.

Sacyr Connection: Canal de Panamá-Caso Bárcenas-AP Las Pedrizas

Edificio Antena 3 en Madrid, construido por Sacyr

I.              Sacyr y la autopista de Las Pedrizas.

Hace más de dos años se inauguró la autopista de Las Pedrizas. Desde que se proyectó, IZQUIERDA UNIDA se opuso a la misma, por considerarla no necesaria al existir otras alternativas, Apoyamos la campaña en su contra de la Plataforma Ciudadana “Autopista No” que integraron colectivos vecinales y ecologistas, y desde el grupo municipal de IU presentamos iniciativas institucionales a todos los niveles, como las mociones en 2005 y 2008 que fueron rechazadas por los grupos municipales del PP y del PSOE. ¿Recuerdan los calificativos que entonces nos dedicaban desde los principales medios? “Esos trogloditas que se oponen al progreso y al desarrollo”, eran de los más suaves.

Pues bien, tras más de 400 millones de coste, la autopista, construida y explotada por Sacyr Vallehermoso, con apenas la mitad del tráfico e ingresos previstos, no es rentable. Otra infraestructura ruinosa más construida al interés de las grandes constructoras.

Recientemente, Sacyr Vallehermoso, a través de la Asociación de Concesionarios de Autopistas ha pedido al gobierno del PP que se haga cargo del déficit que sufre por no cubrir las expectativas de ingresos. Y el gobierno, cómo no, ha manifestado públicamente que está estudiando “salvar” de la quiebra a la autopista de peaje de Las Pedrizas. De nuevo recursos públicos para salvar a quien más tiene, porque más se ha enriquecido en la burbuja/estafa, en lugar de destinarlos a las crecientes necesidades de la mayoría de la población.

II.            Sacyr y el canal de Panamá.

Recientemente también, hemos tenido noticia de que el gobierno va a autorizar a la compañía de mayoría pública Cesce a avalar por cuenta del Estado los préstamos bancarios que solicitará Sacyr para completar las obras del canal de Panamá, tras el principio de acuerdo alcanzado con la autoridad del canal. El ministro de Economía, Luís de Guindos declaró que “intentaría minimizar el impacto para los contribuyentes”.

Recordemos que un consorcio participado mayoritariamente por la constructora Sacyr obtuvo la adjudicación del contrato de las obras de ampliación del canal con una oferta llamativamente baja. Posteriormente, el consorcio participado mayoritariamente por la constructora, quizás acostumbrado a una práctica usual en la contratación en España, paralizó las obras y exigió a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) un sobreprecio para sufragar los sobrecostes “surgidos” en las obras.

En el principio de acuerdo alcanzado en Panamá ambas partes, la  ACP y el consorcio, aportarán cada uno 73 millones de euros para sufragar de momento los sobrecostes, y la autoridad panameña alargará el plazo para la devolución de los 572 millones de euros que ha anticipado. Pero es necesaria la financiación a Sacyr por parte de la banca, que es la que el gobierno está va a avalar. ¿Con qué garantía de pago por Sacyr al estado? Con lo que obtenga Sacyr de Panamá, hipotéticamente, en las resoluciones de las instancias de arbitraje.

De nuevo, el dinero de todos para “salvar” a una gran empresa, de las que más beneficios ha obtenido en las dos últimas décadas, y siempre gracias a grandes contratos públicos adjudicados por los distintos gobiernos del PSOE y del PP.

III.           Sacyr y el caso Bárcenas.

El crecimiento de Sacyr en las dos últimas décadas se remonta a la primera concesión recibida en 1996 en Chile, la autopista de Elqui. A partir de este momento inicia su expansión sumando concesiones en Chile y España y haciendo compras como la dela Autopista entre Zaragoza y Bilbao.

Pero el verdadero despegue de la empresa vino a partir de la privatización de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) iniciada en 2002, en la que un consorcio liderado por Sacyr (con la participación de Banco de Santander, Caixa Galicia y Caixanova y otras) se hizo con la compañía estatal por 1.621,6 millones de euros.

Tras participar durante esos años en la construcción de muchas de las infraestructuras en todo el país, directamente y a través de su participación en el grupo francés Eiffage, el grupo Sacyr adquirió a Citi un grupo de autopistas en España y actividades concesionales.

Con ocasión del caso Bárcenas, iniciado gracias a la querella de IZQUIERDA UNIDA, que dirige el letrado y dirigente federal de IU Enrique Santiago, supimos que Sacyr Vallehermoso aparece en los papeles Bárcenas como uno de los principales donantes del PP. No en vano, el juez instructor citó como imputados al expresidente de Sacyr, Luís del Rivero, y al directivo de la compañía José Manuel Loureda Mantiñán. A raíz de una petición de información de la La Agencia Tributaria se ha podido conocer la existencia de cuentas de ambos en Suiza a nombre de sociedades radicadas en Belice.

A decir del propio Enrique Santiago en su reciente conferencia en Málaga, nos encontramos ante un sistema político corrupto hasta sus raíces, en el que las grandes compañías de este país han realizado donaciones a los partidos en el gobierno ya no solo para resultar adjudicatarios de los grandes contratos públicos, “sino para diseñar la política de infraestructuras que se ha ejecutado en España en las últimas décadas en función de sus intereses”.

Una política de infraestructuras que ha llenado el país de obras faraónicas ruinosas, que han enriquecido a unos pocos que además han evadido capitales e impuestos con sus cuentas en Suiza y paraísos fiscales, y que ha empobrecido a la inmensa mayoría con la deuda pública generada por su construcción y las ayudas con dinero público cuando las concesiones han sido ruinosas.

Podemos verlo en los recientes acontecimientos del canal de Panamá, pero aquí en Málaga también tenemos un ejemplo muy claro y muy cercano: la autopista de Las Pedrizas. 

José Manuel Loureda Mantiñán y Luís del Rivero

De la Torre y Gallardón: dos hombres y un destino

Siempre he pensado que tanto Alberto Ruiz-Gallardón, el actual ministro de Justicia, como Francisco De la Torre, el alcalde de Málaga, comparten la misteriosa habilidad de pasar  para mucha gente por “moderados” o incluso “progresistas”, con respecto al resto de su partido, siendo ambos como son de lo más ultraconservador y clasista del Partido Popular.

La última coincidencia entre ambos personajes ha tenido lugar con la entrada en vigor de la Tasa por la prestación de determinados servicios especiales por la Policía Local, aprobada hace algo más de un año (Ordenanza Fiscal Municipal nº 29). Con esta tasa, o mejor dicho “tasazo”, el gobierno municipal que preside De la Torre pretende cobrar por determinados servicios que la Policía Local hasta ahora prestaba gratuitamente, como los ocasionados por eventos deportivos, y festejos de diversa índole, actos culturales, conciertos musicales, concentraciones y manifestaciones, en las que sea requerida la Policía Local, así como el acceso a los atestados que realizan, por ejemplo, con motivo de un accidente de tráfico.

Este “tasazo” de De la Torre, que supone el cobro por la obtención del atestado de la Policía Local, imprescindible para cualquier persona implicada en un accidente para hacer valer sus derechos judicialmente, recuerda claramente al conocido “tasazo judicial” de Ruiz-Gallardón, aprobado también hace algo más de un año, mediante la Ley 10/2012, que establecía unas tasas completamente exageradas por el ejercicio de acciones judiciales en procedimientos civiles, contenciosos-administrativos y laborales.

Ambas medidas, el “tasazo” de De la Torre y el “tasazo judicial” de Ruiz-Gallardón, suponen una exigencia económica previa a toda persona que quiera defender sus derechos e intereses legítimos y, por tanto, una exclusión para acudir a los tribunales de justicia para las personas con pocos recursos. Ambas medidas aumentan la brecha en el acceso a la justicia entre quienes tiene poder adquisitivo y quiénes no. Y la limitación del acceso a la justicia supone no sólo una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino también una restricción para exigir y hacer efectivos todos los demás derechos.

Algo que es especialmente grave en el actual contexto de descenso del nivel y la calidad de vida de la gran mayoría de la población, que está sufriendo situaciones de desempleo o empleo precario. Con un incremento del gasto de los hogares en impuestos regresivos como el IVA, de servicios básicos como el agua potable y la energía eléctrica, del gasto en medicamentos, por citar algunos, y una disminución progresiva de los ingresos.

Y en este contexto, gracias al “tasazo judicial” de Gallardón, tienen que pagar para defenderse en el juzgado la familia demandada judicialmente por el banco, o las personas estafadas por el banco con las preferentes para reclamar judicialmente. Y en este mismo contexto, en Málaga, y gracias al “tasazo” de De la Torre, una persona con pocos recursos que haya sufrido un accidente de circulación,  tendrá que pagar veinte euros por el atestado de la Policía Local, que es un elemento imprescindible para reclamar o defenderse judicialmente. Si ese coste lo cubren las aseguradoras, no se engañen, habrá que adelantar su pago aunque después nos lo cubran, y terminará repercutiendo en el precio de las pólizas.

Pero no es la única coincidencia entre ambos personajes. Gallardón se ha destacado como ministro de Justicia por preparar el ataque a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres españolas con un proyecto de Ley del Aborto que las retrotrae a la situación jurídica anterior a 1985. También prepara reformas del Código Penal y resto de legislación que suponen la criminalización de la protesta, una vuelta de tuerca más en la represión de los derechos democráticos de la ciudadanía como son los derechos de reunión y manifestación, y el de huelga.

Del mismo modo, el “tasazo” de De la Torre grava con una elevada tasa la realización de eventos que suponen el ejercicio de derechos constitucionales, como manifestaciones o concentraciones reivindicativas, actos culturales, lúdicos y deportivos, y otros eventos sociales que enriquecen la vida ciudadana.

La legislación restrictiva sobre derechos fundamentales que nos amenaza, y la represión en las calles que ya sufrimos, no es casual. Está íntimamente relacionada con la desarticulación del “Estado social” que estamos sufriendo la mayoría, con políticas neoliberales que, según Intermon Oxfam en su informe “Crisis, desigualdad y pobreza”, de continuar “por la senda de la austeridad y los recortes, España llegará a los 18 millones de personas en situación de pobreza en 2.022, un 40% de pobreza en menos de diez años, es decir, dos de cada cinco españoles serían pobres, y el 20% de personas más ricas en España ingresarían 15 veces más que el 20% más pobre”.

El poder económico, y su instrumento el poder ejecutivo, necesitan restringir  derechos y libertades básicos para poder seguir recortando derechos sociales y laborales, y desarticular el débil Estado social existente en España. Y la imposición de tasas para poder acceder a la justicia sirve, además de para recaudar, para disuadir a la población más desfavorecida de defender judicialmente sus derechos e intereses.

Alberto Ruiz-Gallardón y Francisco De la Torre  comparten también un mismo destino: la restricción de los derechos fundamentales acabando con su gratuidad.

La pobreza energética en Málaga y la sensibilidad social del PP

España es el país donde los consumidores pagan la electricidad más cara de Europa, después de Malta y Chipre. Según los datos de Eurostat, en la última década, el coste de la electricidad se ha incrementó en un 104%, más que en ningún otro país de Europa, precisamente desde la "liberalización" del sector en 1997 por el gobierno de José María Aznar. ¿Recuerdan cuando nos decían que con la “liberalización” se iba a conseguir una tarifa más barata? No sólo no ha sido así, sino todo lo contrario: la actual regulación es un negocio redondo para las eléctricas españolas, con beneficios que doblan los de sus homólogas europeas en los últimos años. Lo que se verá incrementado con la nueva tarifa eléctrica aprobada por el gobierno del PP con la que prevén conseguir 5.000 millones de euros sólo en el primer trimestre de 2014.

La privatización de la electricidad en España sólo ha beneficiado al lobby de las compañías eléctricas, amparado por los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP. No es casualidad que destacados miembros de estos gobiernos formen parte hoy de los consejos de administración de las grandes empresas que se beneficiaron de sus políticas: José María Aznar, Ángel Acebes, Elena Salgado, Jordi Sevilla o Felipe González (hasta hace bien poco), entre otros muchos.

Al mismo tiempo, es la ciudadanía la que ha soportado el altísimo coste social de sus enormes beneficios: uno de los países de la UE con mayor tasa de desempleo, y con mayor coste por un servicio básico como la electricidad.

La reducción de las rentas familiares por el incremento del paro, la bajada de salarios y la precariedad; así como el aumento continuo de los precios de los servicios básicos como la electricidad, el gas o el agua, han provocado un enorme incremento de las personas y hogares en situación de pobreza energética desde el comienzo de la crisis/estafa.

Puede decirse que un hogar está en situación de pobreza energética cuando es incapaz de pagar alguno de los servicios y suministros básicos para la satisfacción de las necesidades domésticas, o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en España más de tres millones de personas, uno de cada diez hogares, sufre de pobreza energética. Más de 60.000 hogares en la provincia de Málaga, siendo el de los mayores el colectivo más afectado (la sufre una de cada tres personas de más de 65 años). Sólo en 2013, la Cruz Roja atendió por problemas de pobreza energética a 21.500 personas en Málaga. Los recursos destinados por los servicios sociales comunitarios, y otras entidades como Cruz Roja y Cáritas son absolutamente insuficientes para atender esta situación.

La pobreza energética tiene un impacto profundo en la calidad de vida de las personas: la carencia de agua o calefacción afecta a la higiene, a la salud tanto física como mental, y genera aislamiento y exclusión. El Informe de Sostenibilidad en España del 2012 estima que en nuestro país la pobreza energética provoca entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras en invierno. Por lo tanto, se trata de un problema de vulneración de derechos humanos de unas dimensiones alarmantes.

En este contexto, el gobierno del Partido Popular no sólo no ha tomado ninguna medida para paliar esta dramática situación social, sino que ha permitido casi un millón y medio de cortes de luz por impago en España en el último año, y ha vuelto a autorizar una nueva subida de la luz que generará más pobreza energética.

Y en este contexto dramático en Málaga, el gobierno municipal del PP ha aprobado una modificación de la tarifa del agua que supone una notable subida del precio del agua para los hogares de una, dos y tres personas, dos de cada tres en Málaga, según el INE. Y lo que es más grave, ha cortado el suministro de agua a casi 7.000 hogares sólo en 2012, muchos de ellos a familias que no pueden hacer frente al recibo.

Esa es la “sensibilidad social” del PP: cortar la luz y el agua a quien no pueda pagarla, mientras permite a las grandes compañías multiplicar sus beneficios.

Desde IZQUIERDA UNIDA consideramos que la energía es un bien esencial para la vida y que debe ser gestionado desde lo público y no supeditado al interés privado, por lo que hemos presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta de medidas que garanticen los suministros energéticos básicos a las personas y familias en riesgo de exclusión social, así como una reforma del sistema de fijación de precios, que han sido rechazadas por la mayoría absoluta del PP.

En el marco andaluz, la vicepresidencia que ostenta Diego Valderas está elaborando, con la participación de profesionales del sector, una propuesta legislativa encaminada a garantizar los suministros mínimos vitales a personas perceptoras del salario social: 3.000 litros de agua al mes, y 1.400 kw al año.

Y en el Ayuntamiento de Málaga, hemos solicitado la creación de un Fondo de Emergencia de carácter extraordinario y urgente, complementario a las ayudas de emergencia, que permita paliar los efectos de la pobreza energética en buena parte de la población; así como una moratoria en los cortes de agua por impago a personas en situación de insolvencia involuntaria, así como que se suspenda la nueva tarifa mientras se consensúa con los agentes sociales un sistema tarifario más justo y equitativo que garantice un mínimo vital gratuito a personas y familias a personas y familias con rentas más bajas.