Siempre he pensado
que tanto Alberto Ruiz-Gallardón, el actual ministro de Justicia, como
Francisco De la Torre, el alcalde de Málaga, comparten la misteriosa habilidad
de pasar para mucha gente por “moderados”
o incluso “progresistas”, con respecto al resto de su partido, siendo ambos
como son de lo más ultraconservador y clasista del Partido Popular.
La última
coincidencia entre ambos personajes ha tenido lugar con la entrada en vigor de
la Tasa por la prestación de determinados servicios especiales por la Policía
Local, aprobada hace algo más de un año (Ordenanza Fiscal Municipal nº 29). Con
esta tasa, o mejor dicho “tasazo”, el
gobierno municipal que preside De la Torre pretende cobrar por determinados
servicios que la Policía Local hasta ahora prestaba gratuitamente, como los
ocasionados por eventos deportivos, y festejos de diversa índole, actos
culturales, conciertos musicales, concentraciones y manifestaciones, en las que
sea requerida la Policía Local, así como el acceso a los atestados que realizan,
por ejemplo, con motivo de un accidente de tráfico.
Este “tasazo” de De la Torre, que supone el cobro por la obtención
del atestado de la Policía Local, imprescindible para cualquier persona
implicada en un accidente para hacer valer sus derechos judicialmente, recuerda
claramente al conocido “tasazo judicial”
de Ruiz-Gallardón, aprobado también hace algo más de un año, mediante la Ley
10/2012, que establecía unas tasas completamente exageradas por el ejercicio de
acciones judiciales en procedimientos civiles, contenciosos-administrativos y
laborales.
Ambas medidas, el “tasazo” de De la Torre y el “tasazo judicial” de Ruiz-Gallardón,
suponen una exigencia económica previa a toda persona que quiera defender sus
derechos e intereses legítimos y, por tanto, una exclusión para acudir a los
tribunales de justicia para las personas con pocos recursos. Ambas medidas aumentan
la brecha en el acceso a la justicia entre quienes tiene poder adquisitivo y
quiénes no. Y la limitación del acceso a la justicia supone no sólo una
vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino también
una restricción para exigir y hacer efectivos todos los demás derechos.
Algo que es
especialmente grave en el actual contexto de descenso del nivel y la calidad de
vida de la gran mayoría de la población, que está sufriendo situaciones de
desempleo o empleo precario. Con un incremento del gasto de los
hogares en impuestos regresivos como el IVA, de servicios básicos como el agua
potable y la energía eléctrica, del gasto en medicamentos, por citar algunos, y
una disminución progresiva de los ingresos.
Y en
este contexto, gracias al “tasazo
judicial” de Gallardón, tienen que pagar para defenderse en el juzgado la familia
demandada judicialmente por el banco, o las personas estafadas por el banco con
las preferentes para reclamar judicialmente. Y en este mismo contexto, en Málaga, y gracias al “tasazo” de De la Torre, una persona
con pocos recursos que haya sufrido un accidente de circulación, tendrá que pagar veinte euros por el
atestado de la Policía Local, que es un elemento imprescindible para reclamar o
defenderse judicialmente. Si ese coste lo cubren las aseguradoras, no se
engañen, habrá que adelantar su pago aunque después nos lo cubran, y terminará
repercutiendo en el precio de las pólizas.
Pero no es la única
coincidencia entre ambos personajes. Gallardón se ha destacado como ministro de
Justicia por preparar el ataque a los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres españolas con un proyecto de Ley del Aborto que las retrotrae a la
situación jurídica anterior a 1985. También prepara reformas del Código Penal y
resto de legislación que suponen la criminalización de la protesta, una vuelta
de tuerca más en la represión de los derechos democráticos de la ciudadanía
como son los derechos de reunión y manifestación, y el de huelga.
Del mismo modo, el “tasazo” de De la Torre grava con una elevada
tasa la realización de eventos que suponen el ejercicio de derechos
constitucionales, como manifestaciones o concentraciones reivindicativas, actos
culturales, lúdicos y deportivos, y otros eventos sociales que enriquecen la
vida ciudadana.
La legislación restrictiva
sobre derechos fundamentales que nos amenaza, y la represión en las calles que
ya sufrimos, no es casual. Está íntimamente relacionada con la desarticulación
del “Estado social” que estamos sufriendo la mayoría, con políticas neoliberales
que, según Intermon Oxfam en su informe “Crisis,
desigualdad y pobreza”, de continuar “por
la senda de la austeridad y los recortes, España llegará a los 18 millones de
personas en situación de pobreza en 2.022, un 40% de pobreza en menos de diez
años, es decir, dos de cada cinco españoles serían pobres, y el 20% de personas
más ricas en España ingresarían 15 veces más que el 20% más pobre”.
El poder económico, y
su instrumento el poder ejecutivo, necesitan restringir derechos y libertades básicos para poder seguir
recortando derechos sociales y laborales, y desarticular el débil Estado social
existente en España. Y la imposición de tasas para poder acceder a la justicia sirve, además de para recaudar, para disuadir a la
población más desfavorecida de defender judicialmente sus derechos e intereses.
Alberto Ruiz-Gallardón y Francisco De la Torre comparten también un mismo
destino: la restricción de los derechos fundamentales acabando con su gratuidad.
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