La pobreza energética en Málaga y la sensibilidad social del PP

España es el país donde los consumidores pagan la electricidad más cara de Europa, después de Malta y Chipre. Según los datos de Eurostat, en la última década, el coste de la electricidad se ha incrementó en un 104%, más que en ningún otro país de Europa, precisamente desde la "liberalización" del sector en 1997 por el gobierno de José María Aznar. ¿Recuerdan cuando nos decían que con la “liberalización” se iba a conseguir una tarifa más barata? No sólo no ha sido así, sino todo lo contrario: la actual regulación es un negocio redondo para las eléctricas españolas, con beneficios que doblan los de sus homólogas europeas en los últimos años. Lo que se verá incrementado con la nueva tarifa eléctrica aprobada por el gobierno del PP con la que prevén conseguir 5.000 millones de euros sólo en el primer trimestre de 2014.

La privatización de la electricidad en España sólo ha beneficiado al lobby de las compañías eléctricas, amparado por los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP. No es casualidad que destacados miembros de estos gobiernos formen parte hoy de los consejos de administración de las grandes empresas que se beneficiaron de sus políticas: José María Aznar, Ángel Acebes, Elena Salgado, Jordi Sevilla o Felipe González (hasta hace bien poco), entre otros muchos.

Al mismo tiempo, es la ciudadanía la que ha soportado el altísimo coste social de sus enormes beneficios: uno de los países de la UE con mayor tasa de desempleo, y con mayor coste por un servicio básico como la electricidad.

La reducción de las rentas familiares por el incremento del paro, la bajada de salarios y la precariedad; así como el aumento continuo de los precios de los servicios básicos como la electricidad, el gas o el agua, han provocado un enorme incremento de las personas y hogares en situación de pobreza energética desde el comienzo de la crisis/estafa.

Puede decirse que un hogar está en situación de pobreza energética cuando es incapaz de pagar alguno de los servicios y suministros básicos para la satisfacción de las necesidades domésticas, o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en España más de tres millones de personas, uno de cada diez hogares, sufre de pobreza energética. Más de 60.000 hogares en la provincia de Málaga, siendo el de los mayores el colectivo más afectado (la sufre una de cada tres personas de más de 65 años). Sólo en 2013, la Cruz Roja atendió por problemas de pobreza energética a 21.500 personas en Málaga. Los recursos destinados por los servicios sociales comunitarios, y otras entidades como Cruz Roja y Cáritas son absolutamente insuficientes para atender esta situación.

La pobreza energética tiene un impacto profundo en la calidad de vida de las personas: la carencia de agua o calefacción afecta a la higiene, a la salud tanto física como mental, y genera aislamiento y exclusión. El Informe de Sostenibilidad en España del 2012 estima que en nuestro país la pobreza energética provoca entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras en invierno. Por lo tanto, se trata de un problema de vulneración de derechos humanos de unas dimensiones alarmantes.

En este contexto, el gobierno del Partido Popular no sólo no ha tomado ninguna medida para paliar esta dramática situación social, sino que ha permitido casi un millón y medio de cortes de luz por impago en España en el último año, y ha vuelto a autorizar una nueva subida de la luz que generará más pobreza energética.

Y en este contexto dramático en Málaga, el gobierno municipal del PP ha aprobado una modificación de la tarifa del agua que supone una notable subida del precio del agua para los hogares de una, dos y tres personas, dos de cada tres en Málaga, según el INE. Y lo que es más grave, ha cortado el suministro de agua a casi 7.000 hogares sólo en 2012, muchos de ellos a familias que no pueden hacer frente al recibo.

Esa es la “sensibilidad social” del PP: cortar la luz y el agua a quien no pueda pagarla, mientras permite a las grandes compañías multiplicar sus beneficios.

Desde IZQUIERDA UNIDA consideramos que la energía es un bien esencial para la vida y que debe ser gestionado desde lo público y no supeditado al interés privado, por lo que hemos presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta de medidas que garanticen los suministros energéticos básicos a las personas y familias en riesgo de exclusión social, así como una reforma del sistema de fijación de precios, que han sido rechazadas por la mayoría absoluta del PP.

En el marco andaluz, la vicepresidencia que ostenta Diego Valderas está elaborando, con la participación de profesionales del sector, una propuesta legislativa encaminada a garantizar los suministros mínimos vitales a personas perceptoras del salario social: 3.000 litros de agua al mes, y 1.400 kw al año.

Y en el Ayuntamiento de Málaga, hemos solicitado la creación de un Fondo de Emergencia de carácter extraordinario y urgente, complementario a las ayudas de emergencia, que permita paliar los efectos de la pobreza energética en buena parte de la población; así como una moratoria en los cortes de agua por impago a personas en situación de insolvencia involuntaria, así como que se suspenda la nueva tarifa mientras se consensúa con los agentes sociales un sistema tarifario más justo y equitativo que garantice un mínimo vital gratuito a personas y familias a personas y familias con rentas más bajas.