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Desde que el 11 de diciembre de 2014 el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea exigió a
España la reforma de la estiba, el gobierno del PP demostró que su objetivo no
era la estabilidad del sector. El Gobierno trató de aprobar un Real Decreto Ley
sin apoyo alguno, ni de los sindicatos, ni de la patronal, ni del resto de grupos
parlamentarios, recibiendo el primer gran varapalo de la legislatura.
Lejos de
recibir el mensaje del Congreso, el Gobierno, con un modus operandi similar al
utilizado para la aprobación de los presupuestos, se lanzó a la compra de votos
a saldo, incluyendo los de la trama del “caso Palau”, para aprobar un nuevo
Real Decreto.
El Real Decreto 8/2017 va mucho más allá de las
exigencias del TJUE, y los trabajadores y trabajadoras han venido proponiendo
soluciones posibles, algunas de las cuales llegaron a firmarse
y acordarse con la patronal del sector.
Lo que realmente pretende el gobierno del PP es despedir
progresivamente a los 6.200 estibadores de toda España, con un ERE encubierto y
pagado con el dinero público, y sustituirlos con empleos precarizados. Para
conseguir este objetivo, se ha puesto en marcha una campaña de demonización de
los estibadores ante la opinión pública, un colectivo que ha demostrado ser un
ejemplo de lucha y solidaridad obrera en todo el mundo con el que el gobierno
quiere acabar.
Sin
embargo, las condiciones laborales de los estibadores no son fáciles. Una parte
principal de su sueldo depende de la productividad, y según su convenio pueden ser
avisados tan sólo una hora antes para desempeñar su jornada. Tampoco se habla
de la alta siniestralidad en los puertos.
La ruptura de la paz social en los puertos sin razones
objetivas para ello, un sector en máximos históricos, pues ello ha supuesto ya
pérdidas de más de 150 millones de euros en todo el país.
Tras casi cinco meses
de conflicto desde que el Gobierno anunció su intención de liberalizar el
sector de la estiba, los estibadores lograron romper la unidad de la patronal
alcanzando acuerdos parciales con grandes compañías navieras a las que no le
interesaba que la huelga continuara. Finalmente, la patronal tuvo que ceder y
firmar un acuerdo que garantiza el mantenimiento del empleo y sustancialmente
las condiciones de trabajo, desconvocándose los paros programados
en los puertos.
Con este acuerdo se
pone en principio fin a un conflicto que se extendía ya más de cuatro meses
desde que a comienzos de febrero el Gobierno, con la excusa de la sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, emprendió la liberalización
de la estiba.
La victoria de los
estibadores supone no sólo un ejemplo de que con determinación y unidad se
puede vencer las agresiones contra los trabajadores, que pretenden un retroceso
en sus condiciones laborales, sino una victoria que repercute positivamente en
el resto de la clase trabajadora. No en vano, para el gobierno del PP y la
patronal, ganarle el pulso no era sólo un objetivo parcial, sino el primer objetivo
de una serie de sectores en los que todavía se conservan algunos derechos
laborales y un empleo mínimamente digno.
Por ello, han vencido
los estibadores, pero ha ganado toda la clase obrera.
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