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La
semana pasada conocimos que el alcalde planea ceder a la Universidad Católica
de Murcia (UCAM) 40.000 metros cuadrados de suelo municipal en la zona del
Martín Carpena.
En
su día, cuando el alcalde lanzó la idea de ceder a la UCAM la antigua prisión
de Cruz de Humilladero, la comunidad educativa, encabezada por la entonces
rectora de la UMA, se opuso a este proyecto por innecesario, al contar Málaga con
una oferta de titulaciones suficientemente amplia.
La
UCAM, propiedad de un constructor que ha creado un imperio empresarial, estuvo
relacionada con un problema de expedición de títulos no homologados por el
Ministerio de Educación con miles de personas afectadas, y es la quinta por la
cola en el ranking de las universidades españolas por su escasa calidad.
La
UCAM forma parte de una plataforma ultraconservadora que exige la
derogación de las leyes que reconocen derechos a las personas lesbianas, gais, transexuales,
bisexuales e intersexuales (LGTBI), y denuncia lo que denominan “dictadura de
la ideología de género”.
Las
cesiones gratuitas de suelo público a la UCAM, por parte de gobiernos del PP en
Murcia, Cartagena y Sant Joan (Alicante) han sido muy polémicas, al haberse
realizado sin contraprestaciones o haberse incumplido estas.
Los
campus de esta universidad albergan cafeterías, fotocopiadoras, librerías y
otros establecimientos de diversa índole que incrementan el lucrativo negocio
para su propietario.
Rechazamos
que el ayuntamiento ceda unos de los terrenos públicos de gran valor, que deben
destinarse a infraestructuras y equipamientos públicos. El distrito de
carretera de Cádiz es el de más población de nuestra ciudad, y con el mayor
crecimiento poblacional previsto.
Los
40.000 metros cuadrados de suelo que el alcalde quiere regalar, deberían servir
para equipamientos públicos disfrutables por toda la ciudadanía, y no para un
negocio privado de venta de títulos universitarios.
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