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Según datos de la
Organización Internacional de las Migraciones, sólo desde 2014 hasta marzo de
2018 más de 16.000 personas han fallecido en el Mediterráneo huyendo de la
guerra, la miseria o la persecución política.
En septiembre de 2015, gracias a una moción
de nuestro grupo, Málaga se declaró
como Ciudad-Refugio, comprometiéndose a tomar medidas para hacer frente al
drama de las personas refugiadas.
Sin embargo, en los últimos tiempos en Europa asistimos a la criminalización
de activistas pro Derechos Humanos de
las personas refugiadas.
En Marruecos, Helena Maleno, defensora de los Derechos
Humanos, ha sido acusada
injustamente por tráfico de personas y otros delitos graves, en virtud de un
informe policial del gobierno español.
En Italia, las autoridades incautaron una embarcación de salvamento de la
ONG española Proactiva Open Arms, que hasta 2017 había rescatado del mar a
58.924 personas refugiadas, y se acusa a sus miembros de favorecer la
inmigración ilegal e integrar una organización criminal. Y ello por cumplir una
ley básica del mar que obliga a rescatar a toda aquella persona en apuros, sin
importar su religión, procedencia o color.
En Grecia, tres bomberos sevillanos de la
Asociación “Proem-Aid” (profesionales de emergencias y auxilio) se enfrentan en
mayo a un juicio, en el que se le piden diez años de cárcel acusados de
un delito de tráfico ilegal de personas, por salvar a personas refugiadas en la
isla de Lesbos, uno de los puntos más dramáticos del Mediterráneo por su
cercanía a las costas de Turquía.
Málaga, “la muy hospitalaria”, como reza su
escudo, y Ciudad-Refugio desde 2015, no puede permanecer ajena a esta
injusticia y debemos reclamar a las institituciones españolas y europeas que,
si se siguen considerando democráticas, apoyen la labor humanitaria de las
personas voluntarias de estas ONG’s, defendiéndolas ante cualquier intento de
criminalización.
No son traficantes de personas. Son héroes y
heroínas que salvan personas.
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