La semana
pasada, desde el Área de Seguridad del ayuntamiento de Málaga se requirió a
efectivos del cuerpo de bomberos para intervenir en el desahucio de una familia.
Los bomberos
no asistieron al desalojo, porque tienen la función, y la vocación, de servicio
público de velar por la seguridad de las personas, no de destrozarles la vida.
Pero dicho requerimiento les ha causado un profundo malestar, pues no
comprenden que a pesar de la escasez de medios y plantilla, sean requeridos
para intervenir en desahucios de familias de sus viviendas.
Ha de
recordarse que el pleno municipal de octubre de 2015 aprobó una moción de
Izquierda Unida-Málaga para la Gente de acuerdo con la cual "en ningún caso se enviaría a bomberos
a participar en desalojos de familias de su vivienda por motivo de
desahucios".
Como
recordábamos en dicha moción, los bomberos no tienen obligación legal de
participar en desalojos, y la policía local solo cuando reciben una orden
expresa de un juzgado. De hecho, en la mayoría de estas actuaciones es el
Cuerpo Nacional de Policía el que interviene, y sólo en algunas ocasiones el
juez ha solicitado la presencia de agentes municipales, pero no es el caso de
los bomberos a los que nunca se les menciona expresamente en la orden judicial.
El
requerimiento del equipo de gobierno municipal del PP se produce en un contexto
de notable incremento de los desahucios de arrendatarios, a causa del
desempleo, los bajos salarios y la subida del precio de los alquileres por la
elevada demanda, ante la dificultad para comprar vivienda, y la menor oferta
por el auge de las viviendas turísticas.
Por ello, desde Izquierda Unida-Málaga para la Gente hemos exigido al
alcalde el cumplimiento del acuerdo plenario de no enviar efectivos de bomberos
a desahucios
de familias de su vivienda.
(*) Publicado en mi columna "El ala izquierda de la casona" del diario Viva Málaga, el lunes 21 de mayo de 2018
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