Viñeta de Manel F.
A diario sufrimos las consecuencias de la reforma
del artículo 135 de la Constitución, aquella que aprobaron de forma “exprés” PP
y PSOE para primar el pago de la deuda generada por el rescate bancario sobre el
sostenimiento de los servicios públicos.
En el caso de la Sanidad se están dando casos de
extrema gravedad. Prueba de ello es el Transporte Sanitario, en el que la
privatización del servicio está provocando una preocupante merma en la calidad.
El R.D. 836/2012 establece las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de
personal de los vehículos del transporte sanitario por carretera. Y según el mismo, las ambulancias no
asistenciales se deben limitar exclusivamente al transporte de pacientes que no
necesitan asistencia, como traslados del hospital al domicilio, o del domicilio
al hospital para tratamientos clínicos.
Sin embargo, las licitaciones del servicio están primando la dotación de ambulancias no
asistenciales para servicios de urgencias, con un solo técnico que no puede conducir
y asistir al mismo tiempo. Así, muchísimas urgencias se están atendiendo con ambulancias
con un único técnico, provocando una mala asistencia a veces con resultados
fatales, pues es imposible que una sola persona pueda conducir y atender
situaciones graves.
A esto se suma las
bajas de las ofertas de las empresas en las licitaciones, en ocasiones
temerarias, a costa de unas plantillas ajustadas al máximo, que acumulan más
horas de las razonables, con contratación excesiva de personal en práctica y grandes
rebajas salariales.
Esta situación se
solucionaría con la recuperación de la gestión directa de los servicios sanitarios
(transporte sanitario, 061, Salud Responde), como ha hecho el gobierno Balear respecto
al Transporte Sanitario, atestiguando los datos una mejora importante en la
calidad del servicio.
Desgraciadamente,
la presidenta Susana Díaz, a pesar de sus declaraciones públicas, sigue el
camino contrario de la privatización y la merma de la Sanidad pública andaluza.
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