Imagen sacada de lamejorplaya.es
Con fecha 16 de julio de 2010 el Pleno
aprobó provisionalmente la “Revisión Adaptación del PGOU de Málaga”,
publicándose en el BOJA el 30 de agosto de 2011.
El Ayuntamiento había
cumplido el compromiso, pactado en el convenio urbanístico de 5 de agosto de 2008,
citado en la primera parte de este artículo, de
planificar en el nuevo PGOU el sector de la Térmica en los términos acordados,
y desde la publicación del PGOU en el BOJA comenzaron a correr los plazos para
que la inmobiliaria de Endesa cumpliera con sus compromisos adquiridos en el convenio.
Pero lejos de
cumplir lo pactado, la testaferro de Endesa incumplió groseramente desde el
principio. Ni depositó los avales acordados, de 5.800.000 € y 17.000.000 €
respectivamente, ni formuló el PERI para desarrollar el sector en los plazos
acordados. Por contra, solicitó la resolución del convenio, lo que el Pleno del
Ayuntamiento desestimó. Y ello a pesar a que gracias al citado convenio
urbanístico, y con la colaboración del Ayuntamiento, había revalorizado
enormemente el valor de sus terrenos y aprovechamientos urbanísticos.
Ante los reiterados
incumplimientos de la propiedad, el Ayuntamiento le requirió formalmente el
pago de los 40.600.000 € asumidos en las estipulaciones 5ª y 6ª del convenio, y
ante la falta de pago, inició el procedimiento de apremio por un importe total
de 48.720.000 € (40.600.000 € al principal y 8.120.000 € de recargo), y embargó
seis fincas propiedad de la deudora.
Hasta entonces, el
equipo de gobierno había exigido el cumplimiento del convenio, algo obligatorio
pues, como ponía de manifiesto un Informe de la Asesoría Jurídica municipal,
las determinaciones del convenio se habían incluido en el PGOU y cualquier
modificación de sus estipulaciones exigía su modificación, por lo que no cabía
más que el cumplimiento de todas sus estipulaciones.
Por su lado, la
intención de la filial de Endesa quedaba clara: una vez conseguida una
extraordinaria revalorización de sus terrenos, no iban a pagar al municipio
ninguna de las cantidades previstas en el convenio.
Sin embargo, en
verano de 2013, coincidiendo con el cambio en el área de Urbanismo desde el
concejal delegado al propio gerente y redactor del PGOU, el alcalde cambió de
criterio aviniéndose a negociar un cambio sustancial del convenio, beneficiando
aún más a la propiedad.
Así, el 20 de
diciembre de 2013, la Junta de Gobierno Local aprobó una “Adenda” al convenio
que rebajaba sustancialmente las obligaciones económicas de la sociedad testaferro
de Endesa, sin modificar el PGOU, como exigía el Informe de la Asesoría
Jurídica municipal.
Como justificación, el equipo
de gobierno argumentó desequilibrio económico, despreciando que el convenio se
firmó “a riesgo y ventura de las partes”,
y que el precio de mercado es fluctuante, sin que ello pueda suponer el cambio
permanente en los acuerdos libremente adoptados.
De acuerdo con la
mencionada Adenda, básicamente, el Ayuntamiento renunciaba a exigir a la filial
de Endesa los intereses y recargos por el impago de sus obligaciones (casi 20
millones de euros); rebajaba los 58 millones de euros que debía pagar conforme
al convenio a 40,6 millones, conmutando el resto por aprovechamientos
urbanísticos con una valoración irreal; renunciaba a su parte de los aprovechamientos urbanísticos, pasando a formar
parte de los aprovechamientos de la testaferro de Endesa; y suprimía las obras
que se iban a realizar con esos casi 18 millones de euros de diferencia, con el consiguiente perjuicio para el Patrimonio Municipal del
Suelo y los intereses de la ciudad.
En definitiva, el
equipo de gobierno municipal vulneró la legalidad con el único fin de
beneficiar los intereses de la filial de Endesa, en claro perjuicio de los
intereses generales de la ciudad…(Continuará)
(*) Publicado en Revista El Observador, el jueves 3 de enero de 2019.
(*) Publicado en Revista El Observador, el jueves 3 de enero de 2019.
Imagen del Diario Sur
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