El Pleno de la ciudad aprobó en enero de este año
realizar una consulta a la ciudadanía sobre el destino de los terrenos de los
antiguos depósitos de Repsol. Consultas similares se están realizando ya en
otras ciudades como Sevilla, Valencia o Madrid, por no hablar de la larga
tradición en ciudades europeas de Italia, Francia o Suiza. Sin embargo en
Málaga, a pesar de la decisión unánime de todos los grupos municipales,
incluido el PP, el alcalde nunca quiso realizar tal consulta.
Un Informe de abril de la Secretaría Municipal detallaba
los requisitos y procedimiento para realizar la consulta aprobada por el Pleno,
señalando que dicha consulta no podría realizarse si afectaba a la Hacienda
Municipal, lo que debería dilucidar el Interventor Municipal. El Interventor
emitió su Informe en julio pero, a pesar de solicitarlo reiteradamente todos
los grupos municipales de la oposición, el alcalde hizo caso omiso y lo ocultó
en un cajón durante tres meses, hasta hace unos días. Ni siquiera se dignó a
denegar las solicitudes. La callada por respuesta. Y ello porque, como ahora
hemos sabido, el Interventor avalaba la posibilidad de realizar la consulta ciudadana.
Es gravísimo este ocultamiento del Informe de Intervención
durante tres meses a representantes públicos, y a la ciudadanía, pues supone
una vulneración flagrante del derecho de acceso a la información para el
ejercicio de nuestras funciones, y del derecho constitucional de participación
política.
Igual
que con la consulta aprobada sobre el futuro del edificio de los cines Astoria
y Victoria, el alcalde y el PP, demuestran claramente su negativa a realizar
consulta alguna. Pero el Informe de Intervención deja la vía abierta para
cumplir el acuerdo unánime del Pleno, y consultar a la ciudadanía qué prefiere
para los antiguos terrenos de Repsol: ¿rascacielos o un gran bosque urbano?
El
pueblo debe tener la palabra y la decisión.
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