“DEMOLITION MAN” De la Torre

Nuestro alcalde tiene el dudoso honor de ser el mayor destructor del patrimonio histórico de la ciudad desde que existen registros. En los últimos años, la piqueta de Paco de la Torre ha estado funcionando a pleno rendimiento. El alcalde es el nuevo “Demolition Man” de nuestra ciudad, ha arrasado con todo edificio histórico que ha hecho falta para allanar el terreno a especuladores y a lobbies inmobiliarios.  Ni siquiera a pocas semanas de las próximas elecciones municipales nos ha dado una tregua.

En su etapa como concejal de urbanismo (1995-1999), Francisco de la Torre demolió 101 edificios históricos y, como alcalde de Málaga (1999-2019), 208 edificios históricos, tan sólo en la almendra del centro histórico protegida con la calificación como Bien de Interés Cultural (BIC). En total, se han demolido 309 edificios históricos dentro del BIC del centro antiguo en los 24 años de gobierno del PP en Málaga, muchos más si añadimos los demolidos en otras zonas de la ciudad. Más edificios de los que destruyó el terrible terremoto de 1884. El desastre no cesa y cada año se derriban más edificios históricos que son reemplazados por edificios nuevos, en la mayoría de los casos sin valor arquitectónico.

Es lamentable que un tercio de los edificios históricos del centro histórico haya sido derribado como consecuencia de la especulación inmobiliaria. Si no detenemos este expolio, muy pronto nos quedaremos sin la calificación de BIC del conjunto, tal y como alertan las Asociaciones de Defensa del Patrimonio.

Lo increíble es que la ley vigente establece que en zonas protegidas las demoliciones deben ser excepcionales. Sin embargo, la demolición de edificios históricos en el centro ha sido algo demasiado frecuente en estos años.

Hace sólo unos días, el equipo de gobierno autorizó la demolición de “Villa Maya” en El Limonar, la que fue vivienda del cónsul mexicano Porfirio Smerdou durante la Guerra Civil, y en la que buscaron refugio 580 malagueños de ambos bandos. La vivienda, ejemplo de la arquitectura regionalista de la época en nuestra ciudad, era similar a otras villas con protección arquitectónica de grado II.

Desde 2017 existían peticiones formales para la protección de “Villa Maya” que fueron ignoradas. Incluso unos días antes de la demolición se alertó al alcalde de que se iba a demoler un edificio que podía haber sido un monumento a la memoria democrática y la concordia, y que incluso se estaba tramitando su declaración como lugar de la Memoria. Después de autorizar su demolición, el alcalde intenta tapar su responsabilidad proponiendo la entrega de la medalla de la ciudad a título póstumo a Porfirio Smerdou.

Próximamente, el Palacete de los Condes de Benahavís, más conocido como “La Mundial”, correrá la misma suerte. Pese a que el Juzgado de Instrucción continúa investigando la denuncia presentada por defensores del patrimonio, ha levantado la suspensión de la demolición y se han reanudado los trabajos previos a su derribo.

Como señalaban los denunciantes, si la administración cultural andaluza hubiera sido más diligente en los trámites para la protección del Palacete de los Condes de Benahavís, y el Ayuntamiento hubiera tramitado su inclusión en el catálogo de edificios protegidos del PEPRI Centro, no se hubiera podido otorgar la licencia de obras y de demolición.

Pese al acuerdo del último pleno municipal para evitar su derribo y exigir su inclusión en el catálogo de edificios protegidos del PEPRI centro, la demolición de “La Mundial” está prevista para el próximo domingo 31 de marzo.

Si finalmente se consuma la demolición, supondrá el triste colofón a la destrucción de nuestro patrimonio histórico durante 24 años de gobierno del PP en la ciudad.

“La Mundial” se ha convertido en un símbolo de la defensa de nuestro patrimonio para muchas personas votantes de todos los partidos. Por ello, los responsables de su demolición lo pagarán en las urnas.

“Demolition Man” De la Torre se va a despedir de la alcaldía destruyendo nuestro patrimonio hasta el último momento.

(* Publicado en mi columna "Contra viento y marea", de la revista "El Observador", el 28 de marzo de 2019)

Adelante Málaga

Este sábado se constituyó Adelante Málaga, la confluencia de Podemos, IU y otras fuerzas políticas y sociales, para acabar con 24 años de gobierno de derecha y conseguir una Málaga mejor.

Málaga es una ciudad maravillosa, con casi 3.000 años de Historia y un clima envidiable, un paisaje hermoso y una gente de espíritu vitalista, alegre y acogedor, que enamora a quienes la conocen. A la “ciudad del paraíso” de Aleixandre sólo le falta un gobierno municipal con un proyecto de ciudad que ponga a las personas en el centro de las prioridades.

Málaga ha crecido y mejorado en las dos últimas décadas, como otras muchas ciudades, pero ha crecido de forma muy desigual. Después de 24 años de gobierno del Partido Popular, Málaga es una de las ciudades más desiguales de Europa. Y la desigualdad va por barrios: la renta media de los barrios más pudientes triplica la renta media de los barrios obreros.

Y no es casual, el PP ha promovido una “ciudad de escaparate”, que ha concentrado las inversiones en las zonas expuestas a visitantes, abandonando los barrios.

Necesitamos una Málaga más igualitaria, con un Ayuntamiento que invierta en los barrios reequilibrándolos, y promueva el empleo de calidad y la vivienda digna y accesible. Una Málaga más verde y respirable, con calles y playas más limpias. Una Málaga más segura, dotando de más medios a Policía Local y Bomberos. Una Málaga más respetuosa con su patrimonio y nuestra historia.

Necesitamos una Málaga mejor, una Málaga para vivir, no para el pelotazo de los de siempre, y en la que la prioridad sea el bienestar de la gente.

Los sondeos sitúan a Adelante Málaga como la única opción capaz de evitar un posible “trifachito” en nuestra ciudad. Y con mucho margen para mejorar de aquí a las elecciones municipales.

Con Adelante Málaga, esa Málaga mejor es hoy posible.

(*Publicado en mi columna "El ala izquierda de la casona", del diario Viva Málaga, el lunes 25 de marzo de 2019)

Plan Andaluz de la Bicicleta: frenazo y marcha atrás

Un estudio de la OCU evidencia que Málaga sigue a la cola de las ciudades españolas con una red de carriles bici insuficiente y entre las menos seguras y peor conectadas de España. La OCU analiza los kilómetros de vías ciclistas y la comodidad, seguridad, y conectividad del trazado.

Actualmente, hay que ser valiente para desplazarse en bici por Málaga, pues los escasos carriles bici invaden aceras y son estrechos y peligrosos.

El Plan Andaluz de la Bicicleta, elaborado por IU en la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, supuso una oportunidad histórica para poner a Málaga al nivel de otras ciudades, multiplicando por 3,5 los kilómetros de carriles bici y conectando toda la ciudad.

El Plan proyecta un eje norte-sur, desde Ciudad Jardín a la avenida de Andalucía; otro este-oeste, desde El Palo a Teatinos y Carretera de Cádiz, y una malla central que conectaría distintos puntos de la ciudad. La Junta financiaría el 75% y el Ayuntamiento el resto.

Sin embargo, tras la salida de IU del gobierno andaluz, al gobierno de Susana Díaz, apoyado por Ciudadanos, lo paralizó dejándolo sin financiación. 

Actualmente, la red cuenta con 44,025 kilómetros, quedando aún más de 60 km por ejecutar, de los que 9,3 km corresponderían al Ayuntamiento y 50,77 km a la Junta.

Recientemente, la nueva consejera de Fomento, del Partido Popular, ha anunciado que paralizará y revisará el Plan Andaluz de la Bicicleta, dejando en el aire el convenio firmado con el Ayuntamiento.

Desde IU-Málaga para la Gente rechazamos el parón y marcha atrás anunciado por la Junta, y le pedimos que cumpla el convenio suscrito con el Ayuntamiento de Málaga.

Asimismo, queremos que el Ayuntamiento arregle los actuales carriles bici, mejorando su comodidad y seguridad, y que amplíe y extienda las zonas de velocidad 30 y las vías de uso compartido entre el coche y la bicicleta.

(Publicado en mi columna "El ala izquierda de la casona", del diario Viva Málaga, el lunes 18 de marzo de 2019)

La Mundial: un hilo de esperanza

El Juzgado de Instrucción número 3 de la capital, en funciones de guardia de incidencias, ordenó este lunes la paralización de las obras de demolición del palacete de los condes de Benahavís, más conocido como el edificio de “La Mundial”, cuando ya habían comenzado los trabajos preparatorios para su derribo tras conseguir la licencia de obras.

De hecho, ese mismo lunes habían comenzado los trabajos de preparación previos a la demolición, como la retirada de la rejería del siglo XIX, habiéndose fijado el domingo 17 de marzo de 2019 como día de la demolición efectiva y total del inmueble.

La orden judicial de paralización es consecuencia de la denuncia presentada ante la Fiscalía por un representante de la Plataforma Salvemos La Mundial. En dicha denuncia, los defensores del patrimonio solicitaban la paralización cautelar de la demolición argumentando que la retirada en su día de la protección del edificio fue un acto administrativo nulo de pleno derecho pues, como ha declarado el Tribunal Supremo, la descatalogación de edificios protegidos no es discrecional, sino que tiene un carácter reglado y que la preservación del patrimonio artístico y cultural no puede quedar a merced de la obtención de un concreto equipamiento público o privado, por muy necesario que pudiera ser.

Asimismo, se argumentaba que no se había cumplido la orden de la Dirección General de Bienes Culturales y Museos de la Junta de Andalucía, de 15 de septiembre de 2016, para que el edificio de “La Mundial” fuese incluido en el Catálogo de Edificios Protegidos del PEPRI-Centro de Málaga.

En la denuncia se advertía, además, que si se materializaba la demolición se podría incurrir en un delito de prevaricación por omisión, y se pedía que se adoptaran medidas cautelares para evitar cualquier acto que pudiera implicar un deterioro material irreversible del edificio.

La orden judicial de paralización de la demolición llegó apenas dos días después de que unas 300 personas formaran una cadena humana simbólica alrededor del edificio, como último y desesperado intento para salvarlo.

También una semana antes, el 5 de marzo, el pleno de la ciudad había aprobado la moción de IU-Málaga para la Gente, con los votos de los grupos de la izquierda y el concejal Gonzalo Sichar, por la que se instaba a iniciar el procedimiento para la inclusión del Palacete de los Condes de Benahavís en el catálogo de edificios protegidos del PEPRI Centro e iniciar los trámites para la revisión de oficio de la licencia de demolición del edificio “La Mundial”.

Quienes nos oponemos a la demolición de “La Mundial” defendemos la posibilidad de que Moneo desarrolle su hotel de diez plantas en otro emplazamiento de la ciudad, pero no dentro del centro histórico, doblando en altura a los edificios de su entorno y a costa de la desaparición de un edificio de gran valor arquitectónico e histórico. Realizar una réplica del palacete en otro lugar de la plaza sólo sería un “pastiche”.

Tras casi una década de lucha por su conservación, La Mundial se ha convertido en un símbolo de la defensa del castigado y mermado patrimonio arquitectónico de la ciudad. Y la movilización para salvar el edificio ha logrado aunar a personas de todas las ideologías, procedencias sociales y votantes de todos los partidos.

Es por ello que los partidos que apoyan la demolición del edificio (PP y Cs) debieran sopesar que, a poco más de dos meses para las próximas elecciones municipales, muchos de sus votantes podrán castigarlos en las urnas si se materializa este crimen contra nuestro patrimonio cultural.

La orden judicial de paralización cautelar de demolición es una victoria momentánea, un respiro que nos permite mantener viva la esperanza de conservar este edificio, símbolo de nuestro patrimonio arquitectónico y memoria viva de la historia decimonónica de nuestra ciudad.  

(Publicado en mi columna "Contra viento y marea", en la revista "El Observador", http://www.revistaelobservador.com, el jueves 14 de marzo de 2019)

La “coherencia” del PP

En febrero pasado, el Juzgado de Instrucción número ocho de Málaga abrió Diligencias Previas y citó como investigados al concejal de urbanismo, Francisco Pomares, a la concejala del distrito 6, Teresa Porras, y al coordinador-gerente de Urbanismo, José Cardador, por delitos tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. 

Conforme al acuerdo de investidura firmado por De la Torre con Ciudadanos, ambos partidos se obligaban a “Separar de inmediato de cualquier cargo público a imputados (ahora investigados) por corrupción política hasta la resolución del completa del procedimiento judicial”.

Sin embargo, y pese a pedírselo el Pleno, el alcalde se ha negado a cesar a los concejales y el gerente investigados.

Sorprende la falta de coherencia del PP no sólo por su incumplimiento del acuerdo de investidura, sino sobre todo por la distinta “vara de medir” que tiene en cada sitio según esté en el gobierno o en la oposición. Recordemos.

Recientemente, el grupo municipal del PP exigió a Manuela Carmena la dimisión del gerente de la EMT de Madrid, tras ser investigado (no encausado) por un posible delito contra la propiedad intelectual. 

Pero es que anteriormente, el PP había pedido la dimisión de Echenique cuando un Juzgado laboral ratificó la sanción administrativa que le impuso la Seguridad Social, sin que mediara ningún procedimiento penal.

Y en el Ayuntamiento de Madrid, el PP pidió a la alcaldesa que destituyera al concejal Guillermo Zapata, por sus mensajes en tuiter, a pesar de que el juez de la Audiencia Nacional había archivado la querella presentada contra él, sin siquiera citarlo. Y que cesara a Rommy Arce y Rita Maestre por unos tuits, sin haber sido ni denunciadas ni enjuiciadas.

El PP tiene dos varas de medir: en la oposición, los concejales de sus adversarios deben dimitir aún sin procedimiento judicial ni denuncia; en el gobierno, los suyos pueden permanece aún investigados por graves delitos.

(Publicado en mi columna "El ala izquierda de la casona" del diario Viva Málaga, el lunes 11 de marzo de 2019)

Sábado 9 de marzo, 12 h, #SalvemosLaMundial

La cuenta atrás para la demolición del Palacete de los condes de Benahavis, más conocido como “La Mundial”, ha comenzado y es muy probable que en breve se materialice su desaparición irreparable.

La Mundial no es sólo es uno de los mejores palacetes del siglo XIX, también fue sede del Gobierno Civil, la más alta institución del Estado en Málaga. Actualmente, pese a su premeditado abandono, se conserva bien pero corre peligro de ser derribado en breve.

Además, La Mundial es hoy un símbolo de nuestro patrimonio a cuya demolición se oponen personas de todas las ideología y votantes de todos los partidos.

A pesar de ello, el gobierno municipal del PP ha expedido la licencia de demolición para construir en su lugar, dentro del ámbito protegido del centro histórico, un edificio de 10 plantas, el doble de altura de las edificaciones del entorno.

Por su parte, el anterior gobierno andaluz del PSOE emitió el preceptivo informe favorable a la demolición del inmueble.

Resulta paradójico que se derribe La Mundial antes que el edificio del Astoria, del que se aprobó su demolición en 2014, y que aún no se ha ejecutado tras infinidad de obstáculos del gobierno municipal.

A solicitud de los colectivos defensores de patrimonio, y de nuestro grupo, la Dirección General de Bienes Culturales y Museos de la Junta solicitó al Ayuntamiento que volviera a incluir el Palacete de los Condes de Benahavís en el catálogo de edificios protegidos del PEPRI Centro, lo que daría la oportunidad para iniciar la revisión de oficio de la licencia de obras y demolición de La Mundial.

Apoyamos la convocatoria de los colectivos defensores del patrimonio para realizar el sábado 9 de marzo a las 12 horas, una cadena de protección simbólica alrededor del edificio de La Mundial.

Sólo la presión ciudadana, y el resultado de las próximas elecciones municipales, podrán evitar esta pérdida irreparable de nuestro patrimonio.

(Publicado en mi columna "El ala izquierda de la casona, del diario Viva Málaga, el lunes 4 de marzo de 2019)

El lobby hostelero contra el interés general

"La rendición", ilustración de Alejandro Villén

El Centro de Málaga se ha convertido en el escenario de múltiples problemas que aquejan a la ciudad: ruido, apropiación de la vía pública, proliferación de alojamientos turísticos (legales e ilegales), patinetes y segways sin control, problemas de accesibilidad, etc. Y, como consecuencia de todo ello, la expulsión de la población residente.

El fenómeno no es exclusivo de Málaga, pero quizás seamos el único ayuntamiento que aún no ha hecho nada. Madrid, Barcelona, Valencia y otras, están aplicando medidas correctoras, mientras aquí el alcalde sigue empeñado en repetir los mismos errores.

Tampoco son problemas aislados del resto de la ciudad. Al contrario, son consecuencia de un modelo de “ciudad escaparate”, “turistificada”, con un empleo precarizado, y un urbanismo “a la carta”, en el que el centro se ha convertido en un “Parque temático” de la hostelería donde se manifiestan, concentrados, problemas que afectan, en mayor o menor medida, a toda la ciudad.

El modelo de “ciudad escaparate” del PP y De la Torre, supone cuidar solo unas pocas calles y áreas del centro y del puerto expuestas a visitantes, y abandonar los barrios donde vive la inmensa mayoría.

Una ciudad “turistificada”, donde priman los usos terciarios (fundamentalmente hosteleros y alojamientos turísticos), con exclusión de otros usos (residencial, comercial, oficinas, etc.). La propuesta del lobby hostelero de calificar gran parte del centro como de uso turístico, no residencial, sería la culminación del proceso de expulsión de residentes que se viene produciendo hace tiempo.

El lobby hostelero apela continuamente a la creación de empleo, cuando en realidad se destruye empleo estable y de calidad del comercio tradicional, por ejemplo, para generar empleos precarios y mal pagados.

Mientras, vivimos un regreso al urbanismo desarrollista, con convenios urbanísticos a la medida de intereses especulativos, que destruyen nuestro paisaje y edificios históricos, y malvenden nuestro patrimonio y suelo a fondos buitres.

Unas consideraciones previas para abordar estos temas.

Es falso que el problema del ruido sea un conflicto de derechos entre residentes y hosteleros. Existe, por un lado, el derecho al descanso de residentes (de alcance constitucional) y, por el otro, un interés empresarial, que es legítimo siempre y cuando respete ese derecho y las leyes.

Igualmente, no existe un derecho de los hosteleros a la ocupación de la vía pública con sus terrazas, existe el derecho de todas las personas al tránsito y uso no privativo del espacio público. En todo caso, existen concesiones excepcionales, que deben respetar la seguridad, la accesibilidad y las condiciones de la concesión. 

Paradójicamente, las actuaciones de regeneración urbana acometidas en los últimos años se han financiado con dinero público, provenientes de fondos europeos cuyo objetivo era “potenciar la calidad residencial y recuperar formas de vida tradicionales”. Sin embargo, han servido únicamente para el beneficio de hosteleros, que han ocupado las nuevas aceras, y el de los fondos buitres que han adquirido inmuebles para alojamientos turísticos. Mientras, la población residente ha sido expulsada por los problemas de convivencia provocados por la saturación de bares y alojamientos turísticos, y por la subida del alquiler de las viviendas residenciales.

La saturación de establecimientos hosteleros viene provocada por la nefasta gestión del gobierno municipal del PP, que ha otorgado licencias sin control en un espacio muy reducido, y ahora “mira para otro lado” y no ejerce sus funciones de control y sanción. En los últimos años, sólo el 20% de las denuncias de la Policía Local por exceso de ruido han sido sancionadas. Y de las 140 actas por exceso de ocupación autorizada a terrazas en 2018, sólo se han tramitado 24 expedientes y se han cobrado siete multas.

Es necesaria una moratoria de licencias a nuevos establecimientos, y obligar a insonorizar los existentes, más controles y mediciones en horas punta, y órdenes de retirada de mesas por exceso en la ocupación autorizada.

En cuanto a los alojamientos turísticos, un Informe del OMAU advierte de un aumento del 1.200% desde 2014 a 2017, en gran parte ilegales y sigue creciendo desde entonces. El ayuntamiento debe hacer una zonificación de los alojamientos, y establecer límites y moratoria a nuevas licencias según los índices de concentración en por zona, así como gravar fiscalmente las nuevas licencias y el IBI con un tipo agravado.

(*Publicado en www.revistaelobservador.com, el miércoles 27 de febrero de 2019)