El lobby hostelero contra el interés general

"La rendición", ilustración de Alejandro Villén

El Centro de Málaga se ha convertido en el escenario de múltiples problemas que aquejan a la ciudad: ruido, apropiación de la vía pública, proliferación de alojamientos turísticos (legales e ilegales), patinetes y segways sin control, problemas de accesibilidad, etc. Y, como consecuencia de todo ello, la expulsión de la población residente.

El fenómeno no es exclusivo de Málaga, pero quizás seamos el único ayuntamiento que aún no ha hecho nada. Madrid, Barcelona, Valencia y otras, están aplicando medidas correctoras, mientras aquí el alcalde sigue empeñado en repetir los mismos errores.

Tampoco son problemas aislados del resto de la ciudad. Al contrario, son consecuencia de un modelo de “ciudad escaparate”, “turistificada”, con un empleo precarizado, y un urbanismo “a la carta”, en el que el centro se ha convertido en un “Parque temático” de la hostelería donde se manifiestan, concentrados, problemas que afectan, en mayor o menor medida, a toda la ciudad.

El modelo de “ciudad escaparate” del PP y De la Torre, supone cuidar solo unas pocas calles y áreas del centro y del puerto expuestas a visitantes, y abandonar los barrios donde vive la inmensa mayoría.

Una ciudad “turistificada”, donde priman los usos terciarios (fundamentalmente hosteleros y alojamientos turísticos), con exclusión de otros usos (residencial, comercial, oficinas, etc.). La propuesta del lobby hostelero de calificar gran parte del centro como de uso turístico, no residencial, sería la culminación del proceso de expulsión de residentes que se viene produciendo hace tiempo.

El lobby hostelero apela continuamente a la creación de empleo, cuando en realidad se destruye empleo estable y de calidad del comercio tradicional, por ejemplo, para generar empleos precarios y mal pagados.

Mientras, vivimos un regreso al urbanismo desarrollista, con convenios urbanísticos a la medida de intereses especulativos, que destruyen nuestro paisaje y edificios históricos, y malvenden nuestro patrimonio y suelo a fondos buitres.

Unas consideraciones previas para abordar estos temas.

Es falso que el problema del ruido sea un conflicto de derechos entre residentes y hosteleros. Existe, por un lado, el derecho al descanso de residentes (de alcance constitucional) y, por el otro, un interés empresarial, que es legítimo siempre y cuando respete ese derecho y las leyes.

Igualmente, no existe un derecho de los hosteleros a la ocupación de la vía pública con sus terrazas, existe el derecho de todas las personas al tránsito y uso no privativo del espacio público. En todo caso, existen concesiones excepcionales, que deben respetar la seguridad, la accesibilidad y las condiciones de la concesión. 

Paradójicamente, las actuaciones de regeneración urbana acometidas en los últimos años se han financiado con dinero público, provenientes de fondos europeos cuyo objetivo era “potenciar la calidad residencial y recuperar formas de vida tradicionales”. Sin embargo, han servido únicamente para el beneficio de hosteleros, que han ocupado las nuevas aceras, y el de los fondos buitres que han adquirido inmuebles para alojamientos turísticos. Mientras, la población residente ha sido expulsada por los problemas de convivencia provocados por la saturación de bares y alojamientos turísticos, y por la subida del alquiler de las viviendas residenciales.

La saturación de establecimientos hosteleros viene provocada por la nefasta gestión del gobierno municipal del PP, que ha otorgado licencias sin control en un espacio muy reducido, y ahora “mira para otro lado” y no ejerce sus funciones de control y sanción. En los últimos años, sólo el 20% de las denuncias de la Policía Local por exceso de ruido han sido sancionadas. Y de las 140 actas por exceso de ocupación autorizada a terrazas en 2018, sólo se han tramitado 24 expedientes y se han cobrado siete multas.

Es necesaria una moratoria de licencias a nuevos establecimientos, y obligar a insonorizar los existentes, más controles y mediciones en horas punta, y órdenes de retirada de mesas por exceso en la ocupación autorizada.

En cuanto a los alojamientos turísticos, un Informe del OMAU advierte de un aumento del 1.200% desde 2014 a 2017, en gran parte ilegales y sigue creciendo desde entonces. El ayuntamiento debe hacer una zonificación de los alojamientos, y establecer límites y moratoria a nuevas licencias según los índices de concentración en por zona, así como gravar fiscalmente las nuevas licencias y el IBI con un tipo agravado.

(*Publicado en www.revistaelobservador.com, el miércoles 27 de febrero de 2019)