En febrero pasado, el Juzgado de Instrucción número ocho de Málaga abrió
Diligencias Previas y citó como investigados al concejal de urbanismo, Francisco Pomares, a la concejala del distrito 6, Teresa
Porras, y al coordinador-gerente de Urbanismo, José Cardador, por delitos
tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento oficial y
malversación de caudales públicos.
Conforme al acuerdo de investidura firmado por De la Torre
con Ciudadanos, ambos partidos se obligaban a “Separar de inmediato de
cualquier cargo público a imputados (ahora
investigados) por corrupción política hasta la resolución del completa del
procedimiento judicial”.
Sin embargo, y pese a pedírselo el Pleno, el alcalde se ha
negado a cesar a los concejales y el gerente investigados.
Sorprende la falta de coherencia del PP no sólo por su
incumplimiento del acuerdo de investidura, sino sobre todo por la distinta
“vara de medir” que tiene en cada sitio según esté en el gobierno o en la
oposición. Recordemos.
Recientemente, el grupo municipal del PP exigió a Manuela
Carmena la dimisión del gerente de la EMT de Madrid, tras ser investigado (no
encausado) por un posible
delito contra la propiedad intelectual.
Pero es que anteriormente, el PP había pedido la dimisión
de Echenique cuando un Juzgado laboral ratificó la sanción administrativa que
le impuso la Seguridad Social, sin que mediara ningún procedimiento penal.
Y en el Ayuntamiento de Madrid, el PP pidió a la alcaldesa que
destituyera al concejal Guillermo Zapata, por sus mensajes en tuiter, a
pesar de que el juez de la Audiencia Nacional había archivado la querella
presentada contra él, sin siquiera citarlo. Y que cesara a Rommy Arce y Rita
Maestre por unos tuits, sin haber sido ni denunciadas
ni enjuiciadas.
El
PP tiene dos varas de medir: en la oposición, los concejales de sus adversarios
deben dimitir aún sin procedimiento judicial ni denuncia; en el gobierno, los suyos
pueden permanece aún investigados por graves delitos.
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