Los chiringuitos que desde finales de noviembre de 2012 se
están construyendo sobre las playas de la Caleta y la Malagueta, han suscitado el
rechazo casi unánime de la ciudadanía. No en vano han recibido calificativos tales como búnkeres, mamotretos o,
simplemente, horrendos.
Hasta el propio
Delegado de Turismo del Ayuntamiento, Damián Caneda, o el Presidente del PP y
de la Diputación Provincial, Elías Bendodo, han manifestado su rechazo. Lástima
que no hicieran valer su opinión antes en su propio partido, en el Ayuntamiento
y en el gobierno central.
La superficie de
playa ocupada por cada uno de ellos (150 m2) y la mínima distancia entre ellos
(200 metros), al límite de lo permitido por la Ley de Costas, suponen una
privatización de un espacio público de playa que solo podrá ser disfrutado por
los clientes de estos establecimientos, en perjuicio de los usuarios de la
playa y los viandantes del paseo. Además, el hecho de haberse erigido desde la
cota de la acera, y no de la arena, el excesivo volumen, con sótano y terraza
incluida, y el predominio del hormigón en los materiales empleados, contribuyen
a su opacidad. En muchos casos, incluso, se han construido en la confluencia de
las calles perpendiculares al paseo marítimo dificultando aún más la visibilidad
del mar. En definitiva, una apropiación
excesiva del dominio público, con una losa hormigonada sobre la arena, y un
atentado estético y visual que poco o nada tienen que ver con el tradicional chiringuito
típico de nuestras playas, donde predominaban la madera y el cañizo.
Además
de lo anterior, suponen un grave perjuicio a la calidad del destino turístico
de la ciudad, con la sobreocupación de la playa, y una competencia desleal con
los empresarios de la hostelería que están fuera del dominio público, que ven
como otros empresarios se aprovechan a coste cero del suelo público, en una
ubicación más competitiva que ellos.
Este atentado
estético ha sido perpetrado con la más absoluta opacidad por parte del equipo
de gobierno municipal.
Así, pese a reiteradas peticiones de información por parte del grupo de
IZQUIERDA UNIDA, no se nos ha informado del proyecto global, ni si la licencia
se ajustan al proyecto, ni si lo ejecutado se ajusta a la licencia, ni si están
todos los informes, ni si existe algún expediente de disciplina urbanística.
Sin
embargo, y pese a lo manifestado desde IU y desde las organizaciones
ecologistas, no ha sido hasta el pasado 3 de abril, cuando la propia Demarcación de Costas, organismo dependiente del Ministerio
de Medio Ambiente, manifestó que lo que se estaba construyendo no se
correspondía con el proyecto original presentado por el Área Municipal de
Playas, que era más respetuoso con el entorno, y que fue el Ayuntamiento de
Málaga, a petición de los empresarios de playa, quien, un mes antes de que la
Junta de Andalucía asumiera las competencias sobre las concesiones en el
dominio público marítimo-terrestre, solicitó las modificaciones de dudosa
legalidad: terrazas, chimeneas y montacargas sobreelevados, y una estructura de
hormigón más rígida y opaca que las previstas.
La administración
autonómica, a través de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, también asegura
que había advertido al consistorio hasta en cinco ocasiones que debía modificar
las obras,
y que los responsables municipales permitieron seguir adelante con el proyecto.
Ha existido una
evidente dejadez por todas las administraciones, pero es indudable que la mayor
responsabilidad ha correspondido al equipo de gobierno municipal:
-
El Ayuntamiento, de acuerdo con los
empresarios de chiringuitos, presentó el proyecto original a la Demarcación de
Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente del gobierno central, así
como, posteriormente, una serie de modificaciones del proyecto original (chimeneas,
terrazas, volumen, etc). Además, el Ayuntamiento, responsable de la inspección
urbanística, ha permitido que la obra no se ajustara a lo autorizado.
-
La Demarcación de
Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente del gobierno central, aprobó el proyecto
original y permitió la ocupación de la playa.
-
Los criterios estéticos y paisajísticos deberían haber sido
valorados tanto por el Ayuntamiento, en la licencia de obras, como por la Consejería de Medio Ambiente del
anterior gobierno autonómico, en el procedimiento de autorización ambiental. Sin
duda, de tramitarse en la actualidad, la
presencia de IZQUIERDA UNIDA en el gobierno andaluz hubiera impedido la
autorización ambiental por l aconsejería.
Lo
más lamentable, es que este atentado
contra el dominio público de la playa, contra la calidad turística de la
ciudad, y contra la más elemental estética, si nadie lo remedia va a perdurar
durante generaciones estropeando nuestro litoral. Será una mancha en la
imagen de Málaga como aquellas otras muchas que se perpetraron en los años del
desarrollismo de los 60 y 70, y que el equipo de gobierno popular se afana en
superar en estos 18 años al frente del Ayuntamiento de Málaga.
Por
todo ello, en la Comisión de Ordenación del Territorio del día 16 de abril, solicitamos
al equipo de gobierno que iniciara los trámites legales y administrativos para
la posible revocación de las autorizaciones, o en su caso, al menos la
inspección y requerimiento a los titulares para adaptar las obras a la
normativa y al proyecto original, reduciendo al máximo su impacto visual, con una
tipología mediterránea y un diseño más acorde con la tradición malagueña. La moción
de IU fue rechazada por la mayoría del PP. Lógico, más allá de dificultades
legales para arreglar este desaguisado, el Partido Popular de Málaga tendría
que ponerse de acuerdo entre ellos mismos, lo que en este punto también parece
imposible.
Un tema más en el que
se evidencia la falta de un proyecto de ciudad por parte del Partido Popular, y
la incapacidad manifiesta del Alcalde de nuestra ciudad por cohesionar y
dirigir un equipo de gobierno.
Lo
más lamentable es que la ciudad lo sufrirá durante muchos años.
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