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La recién concluida Semana Santa probablemente ha supuesto
“la puntilla” que termine por finiquitar los 24 años de gobierno del PP en el
ayuntamiento de Málaga.
El cambio en el recorrido oficial y las molestias ocasionadas por las inconclusas obras de peatonalización de la Alameda, que el
alcalde se empeñó en iniciar con prisas e intención electoralista para
presentarlas antes de las próximas municipales. A sabiendas de que afectaría
gravemente a la Semana Santa.
A la intención de eliminar la emblemática “tribuna de los
pobres”, le ha seguido el desastre organizativo, según la mayoría de cofrades,
del nuevo recorrido oficial.
Pero lo peor, sin duda, ha sido la privatización de un evento
popular para convertirlo en un espectáculo de pago, con los mejores lugares
para ver las procesiones restringidos a quienes pagan una silla, y el resto
obligados a presenciarlas agolpados tras las vallas y bajo vigilancia. Incluso
entre los abonados ha habido protestas por perjuicios en los cambios de ubicación
y la ausencia de luz. Mientras, la tribuna oficial, con centenares de sillas
reservadas por protocolo, estaba casi siempre vacía.
El caos por la privatización del espacio público en el centro
de la ciudad durante todo el año, ha quedado patente y expuesto a todo el mundo
en estos días, con calles intransitables por la ocupación desmesurada por parte
de las terrazas de los negocios hosteleros.
Y por
si esto fuera poco, la falta de efectivos de policía local, denunciada por sus
representantes sindicales, ha ocasionado problemas de seguridad pública y vial,
como calles de recorrido procesional abiertas al tráfico o el macro
aparcamiento en el cauce del Guadalmedina.
La Semana
Santa de Málaga necesita del pueblo, y el pueblo necesita otro gobierno
municipal que no privatice ni acabe con sus tradiciones.
(Publicado en mi columna "El ala izquierda de la casona" del diario Viva Málaga, el lunes 22 de abril de 2019)
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